Solo un juez podrá impedir que Cerdán cobre los 19.000 euros de indemnización
El PP reclama a la presidenta del Congreso que paralice el pago porque el exdiputado está investigado por corrupción
El exdiputado y exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. | EP / Jesús Hellín
Solo un juez podría impedir que el exdiputado y exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cobre la indemnización de 19.000 euros que le corresponde al abandonar el Congreso de los Diputados, según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes de los letrados de las Cortes. El Grupo Popular ha pedido a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a través de un escrito enviado el pasado viernes, que frene esta indemnización. El motivo que alegan los populares es que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por «presuntos delitos de corrupción».
Lo primero que hizo Santos Cerdán tras entregar su acta de diputado fue pedir la indemnización que le corresponde, según el régimen económico al que tienen derecho los diputados. Concretamente, lo que marca es que sea una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, con un máximo de 24 mensualidades. Esta asignación mensual es de 3 .236 euros brutos. Al haber sido diputado desde mayo de 2019 hasta junio de 2025, le corresponderían cerca de 6 mensualidades. Unos 19 .416 euros brutos.
El Grupo Parlamentario Popular ha intentado frenar el abono de esta cantidad y ha pedido a la Presidencia del Congreso de los Diputados que busque la fórmula que permita paralizar el abono de esta percepción. Sin embargo, según los letrados de la Cámara, este frente que quieren abrir los populares es una batalla perdida de antemano.
Solo sería posible paralizar este pago si así lo dictamina un juez. Los letrados consultados por este periódico señalan que «el PP ha sido muy prudente y solo piden que se estudie porque no hay nada que hacer». A su juicio, «otra cosa es que el juez de la causa de lo penal dicte un embargo contra esos créditos para atender su responsabilidad civil», subrayando que «se puede pedir en la causa penal que para atender la responsabilidad civil se embarguen los haberes que le corresponden por el cese». Los letrados insisten en que el caso de Cerdán es un «cese no analizable, ya que cualquier asunto penal no tienen nada que ver con las condiciones de indemnización por cese».
En el escrito enviado a Armengol, el Grupo Popular pone el acento en que Santos Cerdán está «citado como investigado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la comisión de presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho». El texto subraya que «los hechos que el Tribunal Supremo investiga alrededor del exdiputado Santos Cerdán sugieren que sus años en el Congreso de los Diputados no estuvieron dedicados al servicio público, sino, por el contrario, a servirse de fondos públicos para obtener beneficios privados».
«Repulsa y alarma social»
El Grupo Popular considera que «no es, por tanto, razonable, que el Congreso de los Diputados abone, con cargo al erario público, una indemnización a una persona que, en todo caso, debería ser quien indemnice al erario público por los presuntos fondos defraudados» y advierte de que «la sociedad española, a la que los casos de corrupción causan importante repulsa y alarma social, no entendería la realización de este gasto en beneficio de una persona acusada de haber realizado importantes perjuicios económicos al bolsillo del contribuyente español».
Por ello, reclama la Presidencia de la Cámara que «estudie todos los mecanismos legales y jurídicos que puedan permitir paralizar el abono de esta indemnización» y recuerda que, aunque el «Reglamento regulador de estas prestaciones establece de forma tajante, en su artículo 14.2, que ‘esta indemnización será incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado’»; en el caso del exdiputado Santos Cerdán «es público y notorio que se ha descubierto su presunta participación accionarial en una sociedad empresarial». Una participación, siguen diciendo, «que le habría producido, y podría continuar produciéndole beneficios privados y que, además, habría ocultado a la Cámara en la declaración de actividades presentada a la misma».
El escrito finaliza solicitando a Armengol que «estudie con los servicios jurídicos y administrativos de la Cámara todas las opciones derivadas de esta situación y, en particular, las que permitan paralizar el abono de una indemnización por cese a un exdiputado investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción».