Junts y PP adoptan una línea dura en Cataluña con la inmigración con vistas a las municipales

Junts per Catalunya y el Partido Popular están diseñando sus propias estrategias en Cataluña de cara a frenar el ascenso de Aliança Catalana y Vox en los comicios municipales de 2027. Y se trata de estrategias coincidentes. Ambas formaciones rechazaron apoyar una iniciativa surgida de las entidades sociales que se llevó al Parlament para que el acceso al padrón municipal fuera universal. Con su gesto, se desmarcaron de PSC, ERC, Comuns y la CUP y de las 200 entidades que les invitaron a rubricar el pacto. Vox y Aliança tampoco firmaron el pacto, pero los organizadores preveían que tanto Junts como PP podían acabar por acatarlo.

Fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE explican que la coyuntura política en la región ha cambiado drásticamente en los últimos años y su negativa a rubricar el pacto se debe a que tienen que demostrar su compromiso contra la inmigración irregular. En especial, en un escenario donde otras formaciones más críticas con la inmigración están en auge.

El Parlamento catalán votó la semana pasada una iniciativa que pedía a las fuerzas políticas renovar su compromiso para que cualquier persona pudiera empadronarse en cualquier municipio de Cataluña. Es decir, garantizar el «empadronamiento universal» en un momento en que nuevos partidos están supervisando la política de empadronamientos tras su llegada al frente de los consistorios. Como es el caso de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, quien ha empezado a desestimar empadronamientos al considerar que muchos de ellos eran fraudulentos. En el caso de Vox presentaron una moción sobre el «fraude» en el padrón en defensa de aquella gente que se encuentra con que otras personas se han inscrito en el padrón de su casa.

Contradicciones internas en Junts

Esta negativa a revalidar el acuerdo sigue trayendo cola en el Parlament. Junts per Catalunya, por ejemplo, sufrió una división interna y la facción Moviment d’Esquerres de Catalunya (MEScat), que lidera Agustí Colomines, se ha adherido al acuerdo. El «pacto por el padrón en Cataluña» ha contado con la firma del PSC, ERC, Comuns y la CUP, además de la adhesión de más de 200 entidades que dicen velar por los «derechos básicos». Vox y Aliança han sido objeto de un cordón sanitario y nadie esperaba que se unieran. En cambio, los promotores de la iniciativa fueron a buscar sin éxito a Junts y PP para que lo apoyaran.

Las fuentes consultadas explican que apoyar en este momento dicha iniciativa no era coherente con una hoja de ruta orientada a fortalecer la seguridad y el control de la inmigración que sus partidos están desplegando. En el caso de Junts, que vive este asunto con mayores contradicciones internas, no descartan apoyarlo en el futuro.

«Mano dura» del PP

No obstante, la proximidad de las elecciones municipales de 2027 dificulta que puedan cambiar su posición a medio plazo. Para los posconvergentes es de vital importancia incrementar su poder territorial tras haber perdido la Generalitat. El PP, que en las últimas elecciones autonómicas y generales mejoró mucho sus resultados en la región, no quiere desviarse de una receta política que ha dado sus frutos, como es la de garantizar «mano dura» contra la delincuencia.

Hay que tener en cuenta que Cataluña es una de las regiones con mayores tasas de inmigración y es la comunidad autónoma con más okupaciones. Unas okupaciones que, en muchos casos, las autoridades policiales consideran que están vinculadas a la llegada de recién llegados.

El empadronamiento permite a todas las personas, independientemente de si están en una situación de irregularidad, acceder a servicios públicos como la atención médica, la educación y el transporte, entre otros. Es también un trámite para solicitar la residencia, la nacionalidad o para renovar los permisos de residencia, además de habilitar el acceso a prestaciones sociales y ayudas. En algunos casos, es también un requisito para participar en procesos electorales municipales.