El PP plantea blindar por ley que los secretarios municipales sigan dependiendo del Estado
Lo hacen porque Sánchez “quiere entregar a los independentistas” las competencias sobre estos funcionarios de administración local
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
El PP ha registrado este miércoles en el Senado una Proposición de Ley de modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para “blindar» la competencia estatal de los habilitados nacionales que ejercen como secretarios, interventores y tesoreros municipales y evitar su traspaso a las comunidades autónomas.
Lo ha hecho porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “quiere entregar a los independentistas”, en palabras de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, las competencias sobre estos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que a juicio de los populares deberían tener garantizada su uniformidad y un estándar mínimo de observancia del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional.
El PP defiende que debe corresponder exclusivamente al Estado la regulación del régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como la aprobación de su oferta de empleo público, selección, formación y habilitación.
Por eso en su Proposición de Ley, que previsiblemente será aprobada al tener el PP mayoría absoluta en el Senado, figura que corresponde “exclusivamente» al Estado la regulación de su régimen jurídico y la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de estos funcionarios.
En cuanto a las comunidades autónomas, se determina que “podrán colaborar” en los procesos de selección y formación y participar en los tribunales de selección, siempre “en los términos que establezca el Estado”.
Así se lo ha trasladado además la portavoz del PP a los representantes de las principales asociaciones de este colectivo (FEDECA, APSITAL y COSITAL) en una reunión mantenida este miércoles en el Senado.
García considera que el traspaso al País Vasco y a Cataluña de esas competencias supondría «interferencias, conflictos de interés o influencias indebidas que pueden comprometer la independencia de la actuación administrativa».
«Sánchez está dispuesto a entregar el Estado para seguir en La Moncloa un tiempo más», lamenta García, quien subraya que «el presidente del Gobierno ha ido entregando por fascículos todo lo que le han ido exigiendo los independentistas».
En su opinión esto es “un pago más del alquiler de La Moncloa a los independentistas” y “un desguace del Estado y de la calidad democrática” que se revertirá, avisa, en cuando el PP llegue al Gobierno.
Estos funcionarios tienen encomendadas en los municipios las funciones reservadas de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación en las entidades locales del conjunto del Estado.
Para el PP, la competencia estatal garantiza una mayor imparcialidad en la medida en que aleja la selección de los funcionarios encargados del control jurídico y económico de las entidades locales de quienes han de ser controlados por éstos, evitando cualquier influencia de los poderes regionales y locales en la fase de selección.