Sánchez prepara una 'ley Koldo' para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO

El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley de intromisión al derecho al honor que pretende considerar «ilegítimas» grabaciones como las recogidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el cobro de mordidas y el amaño de obra pública de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Según adelantan en exclusiva fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, el anteproyecto de ley orgánica será estudiado en la tarde de este jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS) que se celebra cada semana en Moncloa, con la intención de que vea la luz próximamente por el Consejo de Ministros.

El artículo 7 del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso este periódico, establece una serie de «supuestos de intromisión ilegítima» en el ámbito del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Y el primero de los supuestos hace referencia al «emplazamiento en cualquier lugar o la utilización de sistemas de escucha, de financiación, dispositivos ópticos o cualquier otro medio apto para conocer, grabar, registrar o reproducir la vida íntima de las personas». El siguiente apartado, 7.b), acota además la posible invalidación de esas grabaciones o métodos de filmación al objeto de «conocer comunicaciones privadas, memorias u otros escritos o grabaciones personales».

A diferencia de la llamada Ley Begoña, presentada en enero a instancias del grupo parlamentario socialista para limitar la actuación de las acusaciones populares, este anteproyecto de ley surge a iniciativa del Gobierno. Concretamente, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y pretende aprobarse el próximo martes por el Consejo de Ministros. Justo al día siguiente de la declaración en el Tribunal Supremo del dimitido secretario de Organización, Santos Cerdán. Un hecho relevante en la medida en que la iniciativa gubernamental se alinea a la perfección con el eje principal de su estrategia de defensa, que será la de invalidar los audios recogidos en el informe de la UCO en los que los protagonistas dicen no «reconocerse». Fuentes cercanas a Cerdán deslizaron la posibilidad de que estas grabaciones se hayan realizado con inteligencia artificial. En su declaración ante el Supremo, el propio Ábalos aseguró que esas grabaciones estaban «manipuladas» y que algunas de ellas en las que se hablaba de «señoritas» le habían hecho «mucho daño» reputacional.

Ley ‘ad hoc’ para Cerdán y Ábalos

Precisamente la erosión de su imagen pública es otro de los supuestos que recoge el texto de la iniciativa de Justicia. El apartado 7.c) considera también una intromisión al derecho al honor «la divulgación por cualquier medio de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación o buen nombre, así como la revelación o difusión del desconvenido de todo tipo de comunicaciones privadas, memorias y otros escritos o grabaciones personales». También se incluye en el listado de supuestos «la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela». Es decir, pretende invalidar la información que proceda de profesionales que denuncien a sus compañeros de trabajo, como ocurrió con la actividad de Jésica Rodríguez García en el sector de la prostitución, o su contratación en Ineco.

El proyecto de Justicia pretende invalidar como prueba «la captación, reproducción, almacenamiento o difusión de la imagen o la voz de una persona en lugares o momentos de su vida privada, o fuera de ellos»; así como «la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga». Un supuesto que parece tener nombre de José Luis Ábalos, cuya imagen fue utilizada por la página web Escort Advisor como reclamo publicitario tras una exclusiva de THE OBJECTIVE: «Aquí encuentras las escorts favoritas del ministro».

En total son ocho supuestos de intromisión ilegítima que se completan con la «imputación de hechos directa o indirectamente o la manifestación de juicios de valor a través de acción o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otras personas, menoscabando la fama o atentando contra su propia estimación»; y la «utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de aquellas».

Objetivo: invalidar las grabaciones

El artículo 8 del texto contempla como excepción a la Ley la intervención de la autoridad judicial o policial: «No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la Ley». La única duda es si esta modificación de la normativa vigente sobre el derecho al Honor, que data de 1982, podría afectar a la instrucción del caso Koldo o invalidar las grabaciones y audios que se recogen en el último informe de la UCO. La disposición transitoria única recogida en el anteproyecto de ley establece que «los procedimientos judiciales relativos a la protección civil del derecho al honor, a la intimidad persona y familiar y a la propia imagen que no se encontrasen pendientes de terminación a la entrada en vigor de esta ley orgánica continuarán sustancialmente conforme a las normas vigentes».

Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas alertan de que, si bien es difícil que se invaliden las grabaciones hechas por Koldo García en las que se imputan cobros de mordidas por la adjudicación de obra pública a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sí podría afectar a la presentación de futuras grabaciones entre miembros del Gobierno en caso de que éstas se presentaran tras la aprobación de la ley Koldo. En una entrevista a la Cope hace una semana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que ministros del Gobierno habrían grabado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una afirmación que, según las fuentes socialistas consultadas, se refiere a conversaciones entre Ábalos y Sánchez.

Tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, en mayo de 2024, el presidente del Gobierno ha ordenado una auténtica ofensiva contra el poder judicial. Además de presentar dos querellas contra el juez que instruye la causa sobre su esposa, Juan Carlos Peinado, -ambas archivadas por la Justicia-, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado tres leyes que podrían afectar a las causas judiciales que acorralan al Ejecutivo. La llamada ley Begoña para limitar la acusación popular a partidos políticos y asociaciones, la Ley de Modificación del Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, con el objetivo de facilitar el acceso de las clases más desfavorecidas y romper el supuesto carácter endogámico del poder judicial; y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende reforzar el papel del Fiscal General del Estado, tras la imputación de Álvaro García Ortiz. La ley Koldo pretende dar un paso más en esta ofensiva contra la Justicia.