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Política

Alvise pierde las subvenciones electorales por no presentar a tiempo la documentación

El Tribunal de Cuentas aprueba los datos presentados por las otras ocho candidaturas con representación parlamentaria

Alvise pierde las subvenciones electorales por no presentar a tiempo la documentación

Alvise Pérez. | Alberto Ortega (Europa Press)

Se Acabó La Fiesta, la agrupación electoral liderada por Luis Alvise Pérez, no ha presentado la contabilidad electoral correspondiente a los comicios al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. Por ello, el Tribunal de Cuentas le ha retirado el derecho a percibir subvenciones electorales.

Así lo ha explicado el Tribunal en un comunicado difundido este viernes con motivo de la aprobación del Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024. Este analiza la información económico-financiera remitida por las formaciones políticas que concurrieron a esas elecciones y consiguieron representación.

Así, Se Acabó La Fiesta (SALF) ha sido la única de las nueve candidaturas que no ha presentado su contabilidad dentro del plazo legal, a través de le Sede Electrónica del Tribunal. Los otros ocho partidos políticos han declarado un total de 38 millones de euros en ingresos para financiar la campaña.

De este total, el 62% procede de endeudamiento bancario, el 22% de aportaciones propias de las formaciones y el 16% de anticipos sobre subvenciones otorgados por el Ministerio del Interior, según recoge el citado comunicado. El Tribunal ha considerado justificados todos estos gastos.

En cuanto a los límites máximos de gasto electoral, el informe concluye que ninguna formación los ha superado; lo mismo ocurre con los específicos de publicidad exterior o de publicidad de prensa y radio. Por otra parte, entre los gastos ordinarios destacan 3,8 millones de euros en publicidad exterior y 3,1 millones en medios de comunicación.

Detecta incumplimientos

El informe no admite como financiables gastos de 695.280 euros, ya que no se ha acreditado adecuadamente su naturaleza electoral o bien porque no se ajustan a los conceptos y plazos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Además, el Tribunal ha constatado que tres partidos hicieron pagos –cuyo importe acumulado es cercano al millón de euros– fuera del plazo de tres meses tras la votación, lo que supone un incumplimiento legal.

Por ello, el Tribunal de Cuentas propone reducir la subvención electoral a Junts, Vox y Sumar por un importe conjunto de 100.900 euros. Al primero le resta en casi 82.000 euros la subvención electoral que le correspondía, al haber detectado que pagó a sus proveedores fuera del plazo de tres meses establecido.

Según detalla el informe, recogido por Europa Press, la coalición que lideró Junts abrió una cuenta corriente independiente para sus gastos e ingresos de campaña, como establece la ley, pero cuando presentó su contabilidad se detectó que tenía unos gastos pendientes de 819.878,19 euros y su saldo de tesorería no llegaba a los cien euros.

La falta de tesorería obligó a ingresar más dinero en la cuenta para afrontar los pagos pendientes, pero eso ya se hizo fuera de plazo de 90 días desde los comicios, lo que supone un incumplimiento del artículo 125.3 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En consecuencia, el Tribunal de Cuentas propone al Ministerio del Interior que, a la hora de abonar las subvenciones electorales, aplique a Junts un recorte de 81.987,82 euros, que es el 10% de esa cantidad abonada fuera de plazo.

Además de Junts, el Tribunal de Cuentas también propone recortar la subvención a otras dos formaciones: 15.908 euros se le quitarán a Sumar (10.467 por pagos fuera de plazo y otros 5.440,80 euros por afrontar pagos desde cuentas distintas de la oficial de campaña), y 3.003,13 euros a Vox, también por pagos fuera de plazo.

Por otra parte, el Tribunal hace recomendaciones al Gobierno de España, a la Junta Electoral Central, al prestador del servicio postal y a los partidos políticos, con el fin de promover mejoras normativas, operativas y de control. El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa sobre financiación electoral y la regularidad contable de las contabilidades presentadas.

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