Autonomías del PP tachan de «inconstitucional» el decreto sobre menores inmigrantes

Las comunidades presididas por el PP, Madrid, Andalucía, Valencia, Islas Baleares, Castilla León y Murcia, han reiterado este viernes su rechazo al mecanismo creado por el Gobierno para la reubicación de menores inmigrantes no acompañados, para el que creen que falta financiación y es inconstitucional.

Así lo han señalado sendos representantes de los Gobiernos autonómicos tras participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes en Madrid, en la que el Ejecutivo ha informado a las comunidades sobre el real decreto que detalla cómo se realizarán los traslados de los menores.

En la misma reunión se ha aprobado la distribución de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2), como parte de una partida presupuestaria que el ministerio da todos los años a las comunidades con mayor presión en sus sistemas y del que por primera vez recibirá fondos las Baleares.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha asegurado que esta autonomía cumplirá con la ley y con su responsabilidad “legal y moral” de atender a los menores inmigrantes que lleguen a su región, aunque considera “inconstitucional” este mecanismo.

Dávila ha recordado que 11 comunidades autónomas -10 presididas por el PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE- han recurrido el real decreto que creó este modelo de acogida obligatoria y que todos estos territorios representan al 70 % de la población del país. Ha tachado de “irrisoria” y “ridícula” la partida de 22 millones aprobada este viernes para las comunidades con mayor presión, ya que supone una dotación de 8 euros por menor al día.

En la misma línea, el portavoz del Gobierno de Baleares, Antoni Costa, ha tachado en una rueda de prensa que esta distribución financiera es “manifiestamente insuficiente” y ha pedido al Gobierno central que evite el “goteo constante” en la llegada de pateras al archipiélago.

La vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha acusado al Gobierno de utilizar a los menores como “cortina de humo para desviar el debate de la corrupción que le rodea” y querer llevar a cabo un reparto “sin medios, sin prestar atención a las necesidades de los jóvenes y utilizándolos como si fueran mercancía”.

Denuncian invasión de competencias

También ha mostrado su rechazo al modelo la consejera y vicepresidenta de Castilla y León, Isabel Blanco, que ha denunciado “más de lo mismo” en la reunión de hoy ante la falta de datos sobre los menores que deben acoger y los plazos, criterios o financiación para llevar a cabo los traslados, extremos para los que el Ministerio de Juventud e Infancia les ha remitido a una nueva sectorial en julio.

Blanco ha avanzado que, al igual que con el real decreto inicial, recurrirán “cualquier acto administrativo, incluido el reglamento que se está tramitando”, porque consideran que hay una “clara invasión” de competencias autonómicas. El Gobierno aragonés ha reiterado su rechazo a este modelo de acogida, que considera una “imposición” del Ejecutivo, y ha vuelto a reclamar financiación para atender a los jóvenes, incluida la necesaria para acompañarles en su emancipación cuando cumplen la mayoría de edad.