Junts cuela en la 'ley Bolaños' un CGPJ catalán como paso previo a un Supremo propio
Los de Puigdemont registran una enmienda a la reforma judicial para crear un «Consell de Justícia de Catalunya»
Josep Pagès, diputado de Junts en el Congreso. | Europa Press
Junts per Catalunya ha registrado una treintena de enmiendas en el Congreso de los Diputados a la conocida como ley Bolaños como condición para apoyar este proyecto de ley orgánica. Los de Carles Puigdemont tienen muy claro que no son «unos socios» corrientes para el Gobierno y que su negociación pasa por lograr «más atribuciones para Cataluña». En esta lógica, una de las enmiendas presentadas busca avanzar hacia la federalización del sistema judicial con la creación del «Consell de Justícia de Catalunya», que asumiría importantes competencias del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, sería el órgano de gobierno de los jueces catalanes.
En la batería de enmiendas a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se añade una disposición adicional nueva al proyecto de ley para crear «el Consell de Justícia de Catalunya (CJC) como órgano de gobierno del poder judicial de Catalunya, actuando como órgano desconcentrado del Consejo General de Poder Judicial, de conformidad con los artículos 98 a 100 del Estatut d’Autonomia de Catalunya».
Las atribuciones de este nuevo ente respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña serían, entre otras, «designar el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y también designar los presidentes de sala de dicho Tribunal Superior y los presidentes de las audiencias provinciales»; «nombrar y cesar los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución, y también determinar la adscripción de estos jueces y magistrados a los órganos judiciales que requieren medidas de refuerzo»; o «precisar y aplicar, cuando proceda, en el ámbito de Catalunya, los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial».
Convertir el TSJC en máxima instancia
El diputado de Junts Josep Pagès, que ha registrado las enmiendas, ya avanzó el miércoles de la semana pasada que la negociación de su partido con el grupo socialista no pasa por garantizar la estabilidad de la legislatura, sino por que Cataluña obtenga más competencias. A este respecto, afirmó que «entre sus objetivos no está la reforma del Estado español ni de sus instituciones». Junts se ha mostrado muy crítico con algunos de los puntos que plantea la llamada ley Bolaños. Por este motivo, un eventual apoyo a la norma debe pasar por obtener contrapartidas de calado para Cataluña.
En conversación con este periódico, fuentes del partido explican que se limitan a cumplir con su propio programa electoral de las elecciones generales del 23-J, que ya reclamaba la creación de este Consell de Justícia de Catalunya, «de acuerdo con los artículos que van del 97 al 100 del Estatuto de Cataluña».
En el apartado sobre «materia judicial» del mismo programa, Junts afirmaba que «era necesario desarrollar las previsiones estatutarias y dar lugar» a la creación de este CGPJ catalán. En el siguiente punto del mismo apartado pedían una «ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» hasta que se estableciera como «última instancia jurisdiccional en Cataluña en todos los órdenes jurisdiccionales».
Tumbado por el TC en 2010
La petición de Junts fue recogida en el Estatuto catalán. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 31/2010, dictada el 28 de junio de 2010, tumbó total o parcialmente algunos de sus artículos por considerar que se extralimitaban del ámbito competencial de la región.
La situación actual de distanciamiento con el PSOE alimenta la incertidumbre sobre la viabilidad de la legislatura, pero los posconvergentes tensan sin romper la cuerda. Y creen que se les brinda otra oportunidad para que Sánchez demuestre voluntad política. En esta coyuntura, ven margen para exigir la federalización del sistema judicial. Si bien se muestran cautelosos respecto a su demanda de máximos en esta materia, como es la de convertir el TSJC en el Supremo catalán, confían en avanzar hacia esta dirección. A este respecto, otra de las enmiendas tiene como objetivo suprimir la Audiencia Nacional y que los tribunales superiores autonómicos asuman las competencias.
División con la ley
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se manifestaron este domingo ante el Supremo en contra de la ley. Estas organizaciones consideran que las reformas en cuestión podrían comprometer la independencia judicial y el equilibrio de poderes en el sistema institucional.
El Gobierno, no obstante, ya dejó claro antes de la protesta que seguirá adelante con la tramitación parlamentaria. Y queda por ver si los socios apoyarán o no la norma y cuáles de las enmiendas presentadas por Junts o el resto de socios tiran adelante en la comisión en el Congreso.