Collboni da siete contratos a dedo por 58.000 euros a una firma investigada por corrupción
El ‘caso Inipro’, que implica a cinco excargos socialistas en Tarragona, está a la espera de que empiece el juicio oral
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. | Europa Press
El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado siete contratos menores por valor de 58.101,41 euros a la empresa Iniciatives i Programes, SL (Inipro) desde la llegada de Jaume Collboni a la alcaldía en 2023. La empresa en cuestión está involucrada en el caso de corrupción más mediático que afecta al Ayuntamiento de Tarragona en la etapa del entonces también alcalde socialista José Félix Ballesteros. El asunto, conocido como caso Inipro, está pendiente de juicio este 2025 o a inicios de 2026 y tiene al exedil socialista imputado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
El consistorio barcelonés contrató en 2023 a la empresa Iniciatives i Programes, SL cinco veces para actividades de índole cultural, como la dinamización del casal de gente mayor en el barrio de Sant Genís. En ese ejercicio, ningún contrato superó el umbral de 15.000 euros + IVA con el fin de poder ser otorgados sin licitación pública. El Ayuntamiento se gastó un total de 21.953,21 euros. Por lo que respecta al siguiente año, en 2024 desembolsaron otros 36.148,20 euros para dos contratos menores consistentes en un servicio de organización comunitaria en la zona norte del Distrito y en su intervención en la plaza Pastrana y entornos.
Cargos socialistas salpicados
La empresa a la que ha recurrido el equipo local del PSC en la Ciudad Condal está procesada por su implicación en un presunto desvío de fondos públicos en el Ayuntamiento de Tarragona, durante el mandato del exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. Según consta en la diligencia judicial, la Fiscalía y el propio Ayuntamiento de Tarragona -que se personó como acusación particular y, posteriormente, se retiró- reclaman 276.000 euros y penas de prisión que oscilan entre los cuatro años y diez meses y los cinco años y diez meses para varios responsables políticos y cargos socialistas, entre ellos el propio Ballesteros, Antonio Muñoz, Gustavo Cuadrado, Victoria Pelegrín y Begoña Floria.
Los hechos investigados se remontan al año 2010, cuando presuntamente se utilizó el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) para el desvío de fondos públicos. De acuerdo con la investigación judicial, el objetivo era destinar dichos fondos a acciones de promoción de la imagen del entonces alcalde Ballesteros. Según apuntan fuentes judiciales, la instrucción del caso ha concluido y está pendiente de juicio ante la Audiencia, aunque el inicio de este proceso judicial se ha ido demorando.
El PP critica la falta de transparencia
THE OBJECTIVE ha preguntado al Ayuntamiento sobre estas contrataciones, pero no ha obtenido respuesta. Antes de la llegada de Collboni al frente del gobierno local, el anterior equipo de Ada Colau, de los Comunes, tenía un código de buenas prácticas para no contratar a empresas que estuvieran en procesos judiciales por presuntos casos de corrupción. No obstante, no cumplieron siempre su propio código. Fuentes del consistorio explican que en este sentido el PSC no especifica que no se pueda contratar a empresas investigadas por corrupción si no hay sentencia firme. Y que debe prevalecer la presunción de inocencia.
Estas explicaciones, sin embargo, no convencen a los partidos de la oposición. El grupo del Partido Popular en el consistorio es el que ha analizado estos contratos y exige a Collboni explicaciones urgentes por haber adjudicado contratos públicos a una empresa investigada por corrupción en un caso que afecta directamente a antiguos cargos socialistas. «Reclamamos total transparencia en los procesos de contratación pública y que se cumpla con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público».
Daniel Sirera, líder de los populares en el Ayuntamiento, insiste en que el consistorio debería haber «suspendido cualquier tipo de contratación con Inipro desde hace años, una empresa que tiene causas judiciales abiertas por corrupción, centrada en el presunto desvío de fondos públicos, contratación fraudulenta y facturación falsa para fines partidistas que justamente perjudican a miembros de su propio partido PSC». Y pedirá al equipo local del PSC que «no mantenga vínculos con Inipro» en lo que queda de legislatura por ir «contra cualquier código ético de buenas prácticas».