El Gobierno sigue sin cubrir las plazas de la alta inspección educativa en Cataluña y País Vasco

El Gobierno continúa sin cubrir las plazas de la Alta Inspección educativa en Cataluña y País Vasco, donde actualmente solo cuenta con dos personas en cada uno de estos territorios trabajando en esta área. Son datos aportados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en respuesta a un requerimiento del Portal de Transparencia a instancias de THE OBJECTIVE.

A pesar de que no existe un número mínimo establecido por ley que determine cuántas plazas de Alta Inspección Educativa deben asignarse en cada comunidad autónoma, el número de plazas se ajusta según la demanda real del sistema educativo, las características territoriales y las decisiones administrativas y políticas.

Se trata de una cifra insuficiente de recursos humanos para estos territorios en los que, además de la alta densidad de población, existen lenguas cooficiales, lo que añade complejidad y exige una supervisión más especializada y exhaustiva al requerir también el cumplimiento de la correcta aplicación de las políticas lingüísticas y la atención a la diversidad cultural.

Respecto al resto de comunidades autónomas, el número de personas que están trabajando en este momento en la Alta Inspección de Educación es el siguiente: tres en Andalucía, dos en Aragón, dos en Asturias, dos en Canarias, tres en Cantabria, tres en Castilla y León, tres en Castilla-La Mancha, tres en Comunidad Valenciana, tres en Extremadura, tres en Galicia, tres en las Islas Baleares, uno en La Rioja, cuatro en Madrid, tres en Murcia y tres en Navarra.

En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en sus delegaciones del Gobierno no existe Alta Inspección de Educación. «En dichos territorios las competencias educativas las mantiene el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través de las correspondientes Direcciones Provinciales de Educación» apuntan desde la cartera.

Última década

Durante la última década, el número total de personas que han trabajado en la Alta Inspección de Educación en las Delegaciones del Gobierno, a 1 de enero de cada año, desde el año 2015 a 2024, ha sido el siguiente: 48 en 2015, 48 en 2016, 44 en 2017, 46 en 2018, 41 en 2019, 44 en 2020, 43 en 2021, 46 en 2022, 43 en 2023 y 43 en 2024.

Desglosado por comunidades autónomas, las cifras de estos últimos diez años varían entre las dos-tres personas trabajando en este campo, a excepción de Castilla-La Mancha, donde en 2023 solo contaba con un individuo en este puesto; Cataluña, que tuvo el mismo problema en el año 2024, y País Vasco, cuyo caso es singular, ya que esta situación se ha repetido en más de una ocasión, registrando un trabajador en los años 2017, 2018, 2021, 2023 y 2024.

El registro total de la última década en Cataluña es el siguiente: tres en 2015, dos en 2016, dos en 2017, tres en 2018, dos en 2019, tres en 2020, dos en 2021, tres en 2022, tres en 2023, uno en 2024 y dos en 2025. Por su parte, los datos pertenecientes a País Vasco son inferiores, con unas cifras por año de: dos en 2015, dos en 2016, uno en 2017, uno en 2018, dos en 2019, dos en 2020, uno en 2021, ninguno en 2022, uno en 2023, uno en 2024 y dos en 2025.

Alta Inspección Educativa

La Alta Inspección de Educación se creó en 1985, bajo el impulso de la descentralización del Estado, y para garantizar el cumplimiento de las facultades atribuidas al Estado en materia de enseñanza (como los títulos oficiales o la garantía de derechos constitucionales) en las comunidades autónomas, así como la aplicación de la ordenación general del sistema educativo y de las enseñanzas mínimas cuya fijación corresponde al Estado.

Esta inspección actúa a través de las delegaciones del Gobierno en cada comunidad autónoma. Entre sus funciones está verificar que los currículos autonómicos se ajustan a la ley estatal, comprobar la validez de títulos académicos, supervisar los requisitos del profesorado y garantizar que no haya adoctrinamiento ideológico en las aulas. Es esencial para evitar desigualdades educativas entre territorios, proteger los derechos de alumnos y familias, y asegurar que la educación cumpla los principios y leyes comunes.