El favor al líder del PNV que provocó un cese en Defensa: «Quiero datos de mi abuelo»

«Paso a explicarte lo que quiero buscar en los archivos militares». Así empieza el mensaje de móvil del presidente del PNV, Aitor Esteban, que llegó en febrero al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles para que se buscase la hoja de servicio de su abuelo paterno durante la guerra de Marruecos. Un texto al que se adjuntó la foto adjunta del militar en aquella época a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva. Un delicado encargo, saltándose los cauces habituales, que culminó unos días después con la fulminante destitución de la subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural de dicho departamento, Margarita García.

«Debería ser en teoría ‘relativamente’ sencillo. Quiero encontrar datos sobre mi abuelo, Constantino Esteban Masa, quien estuvo destinado en Larache durante la guerra de Marruecos. Nació en 1903 así que asumo que estuvo en el periodo 1923-26. Según me decía pasó allí tres años. Al parecer en Intendencia pero no estoy seguro», indicó en su mensaje Esteban. En aquel momento, aún era portavoz del PNV en el Congreso y estaba a punto de renunciar al acta en Madrid para asumir la presidencia de los jeltzales en sustitución de Andoni Ortuzar.

La inusual petición del líder del PNV, uno de los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, fue atendida unas semanas después, pero provocó una víctima colateral en el Ministerio de Defensa, la citada Margarita García, quien ha presentado en junio un recurso contencioso-administrativo contra sus superiores por apartarla del cargo que desempeñaba desde hace 14 años y asignarla a un puesto burocrático en la Armada.

García recibió el encargo el 27 de febrero de parte del jefe de Gabinete técnico de la ministra, el entonces almirante Antonino Cordero, quien adjuntó una fotografía de Constantino Esteban Masa vestido de militar, junto con la orden de encontrar su hoja de servicio en los archivos castrenses. El conducto más lógico hubiera sido que García trasladase la petición al entonces director del Instituto de Historia y Cultura Militar, el general de división Antonio Ruiz Benítez, pero ambos estaban enemistados desde hace años y no se hablaban entre sí. 

Al final, García decidió puentear al citado director del Instituto de Historia y Cultura Militar y pedir a los archivos militares que encontrasen el expediente que tanto interesaba al presidente del PNV. A partir de ahí, el texto enviado por la subdirectora -con la foto del abuelo de Esteban- fue pasando de mano en mano entre varios militares con la referencia del mensaje original. Este procedimiento, en el que se incluyeron los llamados antecedentes, es bastante habitual en las comunicaciones oficiales de Defensa, si bien el Gabinete de Robles quería hacer la gestión de forma discreta porque la petición era un tanto sui generis.

Sin ese mensaje inicial desde la cúpula del ministerio, la petición del líder del PNV se habría desestimado de manera inmediata, ya que para tener acceso a datos de una persona en los archivos militares hay que tener un interés legítimo. Es decir, la solicitud debía de haber partido de un familiar directo, pero posiblemente el presidente peneuvista temió que por esa vía se fuese a conocer su interés por el pasado militar en el Ejército de un pariente tan cercano como su abuelo paterno. De ahí que recurriese al favor personal, a través de Robles, cuando le quedaban solo unas semanas para dejar Madrid como portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados.

Los militares del Archivo General de Guadalajara se pusieron manos a la obra, pero la búsqueda de un documento de estas características no se encuentra de un día para otro, ya que la inmensa mayoría de las hojas de servicio de los militares que lucharon en África o en la Guerra Civil no están digitalizadas. Como mínimo, se tardan varias semanas en localizar un legajo por el conducto reglamentario, aunque Esteban recibió finalmente en marzo la información que se incluía en el expediente militar de su pariente y su paso africano por el Regimiento de Ferrocarriles.

El problema para la subdirectora general es que el Gabinete de Robles reclamó el correo que había mandado su subordinada y se enfadó al ver que la ministra aparecía mencionada en el mismo… cuando había exigido que la gestión fuese discreta. La titular de Defensa entendió que García se había excedido en sus funciones y decidió su cese fulminante a pocos meses para jubilarse.

La guinda de este «desaguisado», en palabras de un militar que estuvo al tanto de este caso, es que no se procedió a la destitución formal de García en el BOE. La ya ex subdirectora general fue enviada a un puesto burocrático en la Armada, donde sigue a día de hoy, y se tuvo que despedir de sus colaboradores y conocidos en el ministerio en un correo enviado a numerosos altos cargos sin que su cese fuese firme.

En ocasiones, han aparecido en el BOE vacantes con las que se ha iniciado el concurso de méritos para sustituir a un funcionario y se ha esperado a conocer quién le reemplaza para que un ministerio proceda al cese formal. Pero aun así, las citadas fuentes vieron esta situación de García «altamente irregular», ya que había sido destinada a un puesto administrativo en Defensa sin cesarla previamente del otro «con la clara intención de que el asunto no trascendiera». Una intento de ocultación que saltó por los aires con la primera exclusiva de THE OBJECTIVE.

El secretario general técnico firmó el cese

Las tornas han cambiado ahora con el recurso contencioso-administrativo presentado hace unas semanas ante la Justicia. «El caso plantea muchas incógnitas y se está desarrollando con gran opacidad. Los indicios de irregularidades podrían considerarse fundados, pues las circunstancias son muy inusuales tanto en el fondo, la causa del cese está bajo sospecha, como en la forma, los plazos de tramitación son tan ajustados que resulta prácticamente imposible que el expediente se haya tramitado con el debido celo y diligencia», apunta una fuente juridico-militar tras subrayar que el secretario general técnico del ministerio, Luis García Castell, fue el que firmó la destitución de Margarita García.

Este alto cargo es el general consejero togado más antiguo del Cuerpo Jurídico y le quedan también pocos meses para jubilarse. «Extraña mucho que se haya metido en un pantanal asumiendo la responsabilidad de formular una propuesta que no se ajuste 100% a derecho», constata esta fuente, quien apunta a dos posibles delitos penales en el caso de la «irregular» destitución de Margarita García.

En primer lugar, en virtud del artículo 432 bis por el uso de bienes del patrimonio público con un interés privado, que conlleva la pena de prisión de seis meses a tres años y la suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. «En este caso se usaron otros canales y se movilizaron recursos públicos sin respetar el procedimiento para satisfacer intereses particulares, nada menos que un favor personal a un aliado político», advierten las fuentes jurídico-militares.

El otro supuesto delito encajaría en el artículo 404 del Código Penal, que indica que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, «dictaré una resolución arbitraria en un asunto administrativo», se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. «Según todos los indicios, el cese de la subdirectora (García) fue injusto y las autoridades y funcionarios implicados eran totalmente conscientes», concluyen estas fuentes.