Sumar intenta ganar tiempo con una oficina anticorrupción al estilo Carmena y Cataluña

Yolanda Díaz emula a Manuela Carmena y al Parlament de Cataluña con su propuesta de crear una oficina independiente contra la corrupción y así desviar los focos de los escándalos que rodean el PSOE y amenazan la legislatura. Sumar quiere llevar al Congreso en este mes de julio la creación de una agencia que luche contra el fraude y la corrupción, imitando lo que hizo la exalcaldesa de Madrid durante su mandato y otra iniciativa activa en Cataluña desde 2008. Espera así sortear la «inacción» de sus socios de Gobierno y, sobre todo, ganar tiempo para llegar al menos hasta después del verano. Aunque estas oficinas no han estado exentas de polémicas.

En 2016, después de llegar a la alcaldía de Madrid, la exalcaldesa Manuela Carmena lanzó su proyecto de una oficina municipal contra el fraude y la corrupción, con un presidente nombrado por el pleno municipal y la dura crítica de la oposición del PP, que acusó a Carmena de crear instituciones paralelas a las ya existentes. En 2018, el Tribunal Supremo de Madrid avaló la decisión del Consistorio, que eligió a Carlos Granados como director de la oficina. Esta oficina tiene «funciones de prevención, y deberá colaborar en el diseño de los programas de formación del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid en materia de prevención y control de fraude y la corrupción», según recoge la página oficial del organismo.

La creación de la oficina contra el fraude y la corrupción en el Parlament de Cataluña fue anterior a la de Madrid. Se trata de un ente creado en 2008, que ejerce su actividad de control de forma en teoría independiente del Gobierno de Cataluña y del Parlamento regional. Sin embargo, no han faltado las polémicas sobre su actividad.

Nombramientos políticos

En el pasado mes de junio, el director de la oficina, Miguel Ángel Gimeno, admitió que la autoridad no ejerce su potestad para sancionar a una empresa o ente público cuando detecta que ha incurrido en irregularidades. Hace eso porque, según su presidente, en el resto de España no hay autoridades semejantes que puedan aplicar sanciones de este tipo, y que, por lo tanto, «no tiene sentido» que solo se interpongan en la autonomía catalana. La dirección de esta autoridad independiente se elige en la Comissió d’Afers Institucionals, del Parlamento de Cataluña, que estaba presidida por el PSC, la formación que ahora gobierna la Generalitat.

La oficina contra la corrupción en Cataluña contempla sanciones para los funcionarios que han incurrido en algún tipo de fraude que van de 1.000 hasta 300.000 euros. En el caso de las personas jurídicas, esta cifra puede elevarse hasta los 600.000 euros. Sin embargo, desde que esta oficina tiene dicha competencia (2023), no ha ejercido nunca esa facultad, a pesar de multiplicarse las quejas en su buzón anónimo. En el resto de sus investigaciones, cuando hay indicios de delito, deben transmitir los hechos a la Fiscalía.

Se desconoce de momento cómo Yolanda Díaz prevé que se nombre al director de su oficina anticorrupción en el Congreso de los Diputados, aunque tanto en el caso de Madrid como en el de Cataluña, ese nombramiento depende de la mayoría política en sus hemiciclos. Es decir, que por larga trayectoria o buena fama que tenga quien esté al mando de este organismo, para su elección es esencial contar con la mayoría de cada pleno.

Ganar tiempo

Díaz intenta, por otro lado, salir al paso de los escándalos que sacuden al PSOE demostrando a sus votantes que Sumar no se queda con los brazos cruzados. Además de la propuesta de una oficina anticorrupción, que quieren llevar al Congreso cuanto antes, los de Sumar desean abordar también la retribución del permiso parental y su extensión hasta las 20 semanas (actualmente la Ley de Familia permite un período de hasta 16 semanas) por ambos progenitores, hasta que el menor cumpla ocho años. Esta medida afectaría a siete millones de ciudadanos, según las estimaciones de la formación.

«Es el primer paso para hacer efectivo el reseteo de la legislatura, toda vez que el PSOE sigue en shock. La parálisis y el maquillaje no son una opción», explican desde Sumar. La coalición que lidera Díaz quiere que los socialistas den pasos en adelante para intentar justificar su presencia en el Ejecutivo. Como publicó este diario, en la formación de Díaz se barajó la necesidad de una remodelación del Ejecutivo, que, sin embargo, el PSOE no quiere abordar de momento. Así que lo centrarán todo en «medidas de Gobierno», convencidos de que los socialistas aceptarán para ofrecer a sus socios un argumento para quedarse en el Consejo de Ministros.

Las medidas que quiere impulsar Sumar tienen el objetivo de superar el verano y ver si la situación se tranquiliza con la llegada del otoño. Fuentes del segmento de Díaz sostienen que a partir de septiembre empezarán los juicios de la trama Kitchen que afectan al Partido Popular, y creen que esto puede ser su as en la manga para recuperar algo de fuelle en el debate político. Aunque en Sumar también hay preocupación por la dimensión que pueden tener los escándalos que afectan al PSOE.

Concretamente, mencionan la posibilidad de que la trama desemboque en una financiación ilegal del Partido Socialista. Hasta ahora, en Sumar mantienen que ese extremo representa una «línea roja» infranqueable, aunque las fuentes consultadas añaden que «esto hay que demostrarlo». Es decir, que podría no ser suficiente una imputación del juez que instruye el caso al PSOE para que Sumar salga del Ejecutivo. Mientras tanto, los de Díaz se centran en una batería de «medidas» que sirvan para ganar tiempo y esperar los acontecimientos, con la apuesta por una oficina contra el fraude y la corrupción que sirva para detectar irregularidades en la contratación pública a través de quejas anónimas.