Consulte aquí el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Sánchez
Ha sido elaborado con recomendaciones de la OCDE, la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción
Portada y primera página del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado por Sánchez. | TO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una estrategia integral que articula 15 medidas para reforzar la integridad institucional, perseguir el enriquecimiento ilícito, proteger a los denunciantes y promover una cultura cívica de rechazo a las prácticas corruptas. El plan, que responde a compromisos adquiridos en la Ley de Protección del Informante, se estructura en torno a cinco grandes ejes y será supervisado por una nueva Agencia Independiente de Integridad Pública.
«La corrupción no solo perjudica a la economía, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso, este plan marca un antes y un después»
Pedro Sánchez
El documento, tal y como se indica en el mismo texto, ha sido elaborado con las recomendaciones de la OCDE, la Comisión Europea, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y el Foro de Gobierno Abierto. Además, se prevé un mecanismo de revisión y evaluación externa, que contará con dos informes elaborados por la OCDE en los próximos años.
Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción by The Objective
Cinco ejes, 15 medidas
El primer eje está centrado en la prevención. Entre sus medidas destaca la creación de una Agencia de Integridad Pública, que centralizará competencias actualmente dispersas entre diferentes órganos estatales. También se implantarán mapas de riesgo de integridad obligatorios en toda la administración pública y se promoverá una nueva Ley de Administración Abierta, que dará más poder a la ciudadanía para auditar la contratación pública. Además, se reformará la Ley de Contratos del Sector Público para permitir auditorías ciudadanas y se realizarán controles patrimoniales aleatorios anuales a altos cargos.
Otro punto relevante es la transformación tecnológica del portal de contratación del Estado, que será potenciado con inteligencia artificial y big data para detectar irregularidades y prevenir fraudes de forma automatizada. Asimismo, el Gobierno impulsará la aprobación urgente de la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés (lobbies), actualmente en trámite parlamentario, y reforzará la supervisión de la financiación de los partidos políticos, exigiendo auditorías externas y más transparencia sobre las donaciones recibidas.
El segundo eje gira en torno a la protección del informante. Se reforzarán los mecanismos legales para quienes denuncien corrupción, ampliando su cobertura y asegurando su anonimato, incluso cuando acudan directamente a la Fiscalía. También se contemplan indemnizaciones en caso de represalias, y un nuevo régimen sancionador para las administraciones que incumplan su deber de protección.
El tercer eje tiene un enfoque más punitivo, orientado a investigar y sancionar eficazmente los casos ya detectados. Incluye la creación de secciones judiciales especializadas en corrupción, un refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, y una reforma legal para que los fiscales puedan instruir los procesos penales. También se endurecen las penas por delitos como el cohecho, la malversación y la obstrucción a la justicia.
Además, el plan contempla un endurecimiento del marco sancionador para empresas corruptoras, con la creación de una lista negra pública (blacklisting), el refuerzo de los mecanismos de compliance obligatorios y nuevas exigencias de transparencia para las sociedades mercantiles.
El cuarto eje se centra en la recuperación de activos obtenidos de forma ilícita. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se creará una nueva figura jurídica: el decomiso administrativo o preventivo, que permitirá confiscar bienes incluso antes de que haya una condena firme.
Finalmente, el quinto eje apunta a promover una cultura anticorrupción mediante formación obligatoria en integridad para funcionarios y representantes públicos, una campaña nacional de sensibilización y la creación de una encuesta anual del CIS sobre la percepción social de la corrupción.