Sánchez intenta tapar el 'caso Ábalos' con un plan de 15 medidas contra la corrupción

Pedro Sánchez ha presentado este miércoles un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que recoge 15 medidas concretas repartidas en cinco ejes de actuación. El documento, que da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección del Informante, explica, busca fortalecer la democracia española frente a uno de sus males estructurales: la corrupción política y administrativa.

«El Plan supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en España y el objetivo es situar a nuestro país a la vanguardia del continente», ha explicado el partido en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones después de la entrada en prisión preventiva de su ex ‘número tres’ en el PSOE, Santos Cerdán, por un presunto caso de cobro de mordidas, Sánchez ha adelantado que pretende crear una agencia anticorrupción independiente y también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de corrupción.

Una estrategia evaluada por la OCDE

El jefe del Ejecutivo ha señalado que este paquete de medidas se ha elaborado en el último mes, con la ayuda del socio de coalición Sumar, y de los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El plan prevé una implementación inicial de 12 meses, tras los cuales la OCDE emitirá un primer informe de evaluación. A partir de entonces, se harán revisiones periódicas y se fomentará la participación ciudadana a través del Foro de Gobierno Abierto. Sánchez ha subrayado que este plan «sitúa a España a la vanguardia europea» en la lucha contra la corrupción. El objetivo declarado es claro: «Ni impunidad, ni silencio, ni complicidad».

Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción

Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción by The Objective

Eje 1: prevención y buen gobierno

1. Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que centralizará las funciones dispersas de prevención y control de la corrupción, actualmente repartidas entre varios organismos.

2. Mapas de riesgo de integridad obligatorios en todo el sector público, basados en el modelo de los fondos europeos Next Generation, para identificar y prevenir puntos vulnerables.

3. Impulso de la Ley de Administración Abierta, que obligará a publicar información detallada sobre contratos, subvenciones y agendas de altos cargos. También prevé auditorías ciudadanas y pactos de integridad en licitaciones sensibles.

4. Exámenes patrimoniales aleatorios a altos cargos durante su mandato, no solo al finalizar, con el fin de detectar posibles enriquecimientos injustificados.

5. Transformación digital de la Plataforma de Contratación, que incluirá herramientas de big data e inteligencia artificial para detectar irregularidades.

6. Aprobación urgente de la Ley de Transparencia de los Lobbies, que obliga a registrar las reuniones de altos cargos con grupos de interés y publicarlas en un portal de acceso público.

7. Más control sobre la financiación de los partidos políticos, con auditorías externas obligatorias, mayor transparencia en donaciones y endurecimiento de sanciones.

Eje 2: Protección del informante

8. Refuerzo de garantías a denunciantes de corrupción, con protección jurídica ampliada, indemnizaciones en caso de represalias y extensión del blindaje tras el cese de funciones. Se exigirá el mismo nivel de confidencialidad y trazabilidad a los canales de denuncia internos y externos.

Eje 3: Investigación y sanción

9. Más medios para la Fiscalía Anticorrupción y secciones especializadas en los tribunales de instancia para investigar delitos contra la administración.

10. Asignación de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, acompañado de reformas que aumenten su autonomía y limiten el control del Gobierno sobre el Fiscal General del Estado.

11. Endurecimiento del Código Penal, con ampliación de penas, recuperación del delito de administración desleal y prioridad en los procedimientos contra cargos públicos.

12. Control y sanción a empresas corruptoras, mediante sanciones proporcionales a su facturación, listas negras para vetarlas de contratación pública y obligación de implementar planes de cumplimiento.

Eje 4: Recuperación de activos

13. Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dotándola de más recursos para localizar y recuperar el dinero procedente de delitos de corrupción.

14. Creación del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá confiscar bienes sin sentencia firme, como ya ocurre en países como Italia o Reino Unido.

Eje 5: Cultura anticorrupción

15. Campañas ciudadanas y encuestas anuales del CIS, destinadas a sensibilizar sobre la corrupción, fomentar el uso de canales de denuncia y medir la percepción social del fenómeno.