La OCDE alerta de que España no podrá medir el impacto del plan anticorrupción de Sánchez
Es uno de los países con más normas, pero el cumplimiento práctico es muy escaso en el control de riesgos
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el presidente Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
España lucha de forma ineficiente contra la corrupción, fundamentalmente porque nuestro país no ha puesto en marcha planes de seguimiento y auditorías para conocer el impacto y la eficiencia de un extenso catálogo de medidas y leyes aprobadas para evitar fraudes, amaños y conflictos de intereses. Esta falta de supervisiones y controles impedirá, entre otras cosas, calibrar el impacto del plan anticorrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado en uno de sus últimos informes, analizado por THE OBJECTIVE, que la falta de control y recopilación de datos efectivos impide que los países sepan si sus políticas y procesos realmente mitigan el riesgo de corrupción.
De cara a los ciudadanos puede resultar interesante que los políticos españoles se conjuren contra la corrupción exponiendo decálogos y anunciando iniciativas y la puesta en marcha de filtros antifraude. Sin embargo, solo un tercio de estas medidas se aplican en la práctica y su seguimiento resulta nulo. Entre otras iniciativas, la organización aboga porque se aclaren las responsabilidades institucionales y aplicar las sanciones que sean pertinentes. Además, defiende la centralización de datos y la incorporación de herramientas digitales para afrontar nuevos desafíos.
Apoyo técnico contra la corrupción
Precisamente, la OCDE, según aseguran a este periódico fuentes del organismo, se encargará de dar «apoyo técnico para la implementación de medidas específicas del nuevo plan de acuerdo con las mejores prácticas internacionales». Eso no significa, según la OCDE, que se vaya a elaborar de forma conjunta.
La organización colabora con todos sus miembros y países socios en todo el mundo para promover la integridad pública. Uno de los objetivos es «ayudar a los países a definir y desarrollar estrategias anticorrupción, incluyendo el diseño de sistemas para su seguimiento y evaluación».
España, en el punto de mira
La OCDE hace referencia a que España se ha comprometido en luchar contra la corrupción, aunque nuestro país no sale bien parado en los Indicadores de Integridad Pública (PII). Los indicadores evalúan los sistemas públicos de lucha contra la corrupción y de integridad para ayudar a los gobiernos a fortalecer su resiliencia ante los riesgos de corrupción.
Diversos datos, índices y encuestas, muchos recopilados por la OCDE, muestran la ineficiente lucha contra la corrupción en España, que se evidencia múltiples tramas en las que participan cargos públicos, políticos, funcionarios y empresarios. Las impulsadas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán han sido la puntilla a un sistema con innumerables vías abiertas al fraude y los amaños.
España, incide la OCDE, está entre los países desarrollados que más medidas, normas e iniciativas ha impulsado para evitar la corrupción y hacer seguimientos a los funcionarios y cargos que puedan incurrir en delitos. Sin embargo, tiene niveles mínimos -el 37%- de la puesta en práctica de gestión del riesgo de corrupción y auditoría de estas medidas.
‘Lobbies’, cabildeo y grupos de presión
Junto a esto, destaca que España cumple el 25% de los criterios en materia de regulación de lobbies y cabildeo y el 0% en materia de práctica. La normativa española establece periodos de incompatibilidad para los funcionarios públicos que dejan el cargo, pero no existe normativa sobre lobbies ni registro de cabildeo. Apunta que nuestro país está desarrollando una legislación para regular a los grupos de interés y aumentar la transparencia con la creación de un registro de cabildeo. Pese a todo, esta legislación, que ya tiene forma de proyecto de ley, no se ha puesto en marcha.
Por último, y muy destacable, como informó THE OBJECTIVE, es que España es uno de los cinco países desarrollados que carece de un plan estratégico concreto para prevenir y combatir la corrupción. Pese a que nuestro país cuenta con instituciones que asumen funciones parciales en torno a este asunto, como la Oficina de Conflictos de Intereses, el Consejo de Transparencia o el Tribunal de Cuentas, no existe una estrategia integral que gestione en su totalidad este asunto.
En contrapartida, la OCDE destaca de España su normativa y su buena ejecución en transparencia y conflictos de intereses, superando los 70 puntos en ambos casos, y quedando por encima de la media de países analizados. En cuanto a la transparencia, puntualiza que no es público el registro mercantil y las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del poder judicial no se hacen públicos. Respecto a los conflictos de intereses, España cumple el 78% de los criterios de la normativa y se encuentra entre los mejores en la práctica, con un cumplimiento del 89%.