El Gobierno pacta con Cataluña la ruptura de la caja común de Hacienda

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han alcanzado este lunes un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación autonómica que rompe con el modelo de la caja común de Hacienda, al centrarse en los ingresos generados por las comunidades autónomas en lugar del gasto, aunque sin especificar cifras ni fechas concretas. Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha supeditado la implementación de este pacto a la obtención de “los apoyos pertinentes” en el Congreso de los Diputados.

El anuncio se ha producido en una rueda de prensa conjunta ofrecida por Torres y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, tras una reunión bilateral en la que también ha participado la consejera de Economía y Finanzas catalana, Alícia Romero. Según fuentes del Govern, este acuerdo refleja una visión “mucho más madura” de las comunidades autónomas, pasando de un esquema en el que reciben fondos basados en sus necesidades de gasto a uno donde generan sus propios ingresos y los destinan a los gastos que consideran prioritarios.

El modelo acordado permitirá que Cataluña –y otras comunidades que opten por adoptarlo– recaude la totalidad de los impuestos generados en su territorio. Estos tributos se integrarán en una “cesta” común, de la cual se extraerá la porción correspondiente al Estado para cubrir sus gastos en Cataluña, mientras que el resto quedará a disposición de la Generalitat. En una fase posterior, se definirá qué impuestos específicos y qué porcentajes de ellos se asignan a cada administración. Cataluña realizará una contribución al principio de solidaridad interterritorial, respetando el criterio de ordinalidad –que asegura que las comunidades no pierdan posiciones relativas en riqueza tras las transferencias–. Finalmente, el Gobierno central transferirá a la Generalitat los fondos necesarios para cubrir los gastos de las competencias traspasadas, como lengua o seguridad.

Aprobación parlamentaria y consenso político

Torres ha enfatizado que la materialización del acuerdo depende de modificaciones legislativas, incluyendo leyes orgánicas, y de la aprobación tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en las Cortes Generales. “Hay acuerdos que exigen la manifestación expresa, bien del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como de las Cortes Generales”, ha señalado. En este sentido, ha instado al Partido Popular a presentar propuestas concretas sobre el modelo de financiación desde las comunidades autónomas donde gobierna, recordando que el sistema actual está “caducado desde 2014”. “El Gobierno garantiza la voluntad de actualizar el sistema, pero precisamos que el principal partido de la oposición comparta sus preceptos”, ha añadido.

El ministro ha subrayado la necesidad de lograr “un consenso máximo” para avanzar, destacando que la aprobación del nuevo modelo depende de quienes ostentan la mayoría parlamentaria. “La voluntad del Gobierno es que el acuerdo se termine materializando”, ha afirmado Torres, insistiendo en la importancia de un diálogo constructivo.

La Agencia Tributaria de Cataluña, clave en el nuevo modelo

Un pilar fundamental del pacto ha sido la futura gestión de la recaudación por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que operará de manera independiente y sin tutela de la Agencia Tributaria estatal, aunque ambas entidades han colaborado para mantener una conexión fluida con el sistema hacendario español. Sin embargo, fuentes del Govern han advertido que la ATC carece actualmente de la capacidad operativa para asumir esta responsabilidad plena: “No tenemos ni la plataforma tecnológica, ni el personal, ni el conocimiento para gestionarlo”.

Dalmau ha evitado confirmar si, como se había planteado anteriormente, la ATC estará en condiciones de recaudar la totalidad del IRPF a partir de 2026, señalando que son necesarias modificaciones legislativas y un aumento significativo de los recursos de la agencia catalana. En la actualidad, la ATC cuenta con unos 800 profesionales, frente a los 4.400 que la Agencia Tributaria estatal tiene en Cataluña. “El objetivo es gestionar el IRPF en el menor tiempo posible y con la máxima solvencia”, ha indicado Dalmau, quien ha añadido que se busca “no perjudicar a los ciudadanos” durante este proceso de transición.

Para avanzar en este sentido, se ha esperado que la próxima semana la empresa Indra entregue a la Generalitat un plan director, elaborado en colaboración con el Govern, que detalla las fases y el desarrollo futuro de la ATC. Dalmau ha pedido que las reacciones al acuerdo sean “constructivas”, destacando que “todo el mundo parte de la base de que Cataluña necesita un nuevo sistema de financiación”.

Un paso hacia la autonomía fiscal

Este pacto supone un avance hacia una mayor autonomía fiscal para Cataluña, aunque su implementación depende de negociaciones adicionales para concretar los detalles pendientes y de la aprobación parlamentaria. El nuevo modelo busca otorgar a Cataluña un control más directo sobre sus ingresos, rompiendo con el sistema actual de caja común y alineándose con las demandas históricas de la Generalitat, aunque el camino hacia su plena operatividad requerirá tiempo y recursos.