El PSOE veta el intento del PP de forzar el debate de 41 leyes 'secuestradas' por Armengol

El PSOE y la mayoría de izquierdas que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez han vetado todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición de Ley de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Estas enmiendas no han podido ser debatidas en la reunión de este lunes de la Ponencia, ni en la comisión de este jueves en la que se debatirá el dictamen que será ratificado por el Pleno, según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes del grupo parlamentario. Los populares pretendían limitar el plazo de presentación de enmiendas a dos meses y así evitar que la presidenta Francina Armengol mantenga «secuestradas» hasta 41 iniciativas parlamentarias aprobadas por el Congreso y el Senado.

El «congelador de Armengol», como el anterior portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, llamaba al paquete de iniciativas populares que han sido aprobadas por el Congreso y el Senado y que no se han tramitado por la presidenta del Congreso, continuará cerrado sin fecha para desbloquearse. El Grupo Popular recibió este lunes un sonoro portazo de la Mesa de la Comisión de Reglamento, que vetó 24 de las 28 enmiendas que habían registrado, y que ni siquiera podrán ser debatidas en la comisión fijada para este jueves.

El Partido Popular había aprovechado esta proposición de ley firmada por el PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y el grupo mixto, y que tiene como objetivo delegar en la Mesa del Congreso la concesión de acreditaciones a los periodistas que cubren la información del Congreso, en vez de en la presidenta, para buscar una solución que ponga fin a esta situación de bloqueo que se prolonga durante toda la legislatura.

En el caso del Senado, son 30 proposiciones de ley del Partido Popular las que han sido tomadas en consideración sin que las tramite el Congreso. En su enmienda, los populares plantean que «el plazo máximo para la presentación de enmiendas será de dos meses desde su publicación». El plazo inicial, siguen exponiendo, «será de 15 días, pudiendo prorrogarse otros 15 más si así lo solicitan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de la Cámara». Transcurrido ese primer mes, «solo podrá prorrogarse el plazo quince días más si así lo solicitan grupos parlamentarios que representen la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y solo mientras el plazo de presentación de enmiendas no haya superado los dos meses». Transcurridos esos dos meses, «no se podrán conceder prórrogas».

En el Congreso de los Diputados hay paralizadas nueve proposiciones de ley del PP, que han sido tomadas en consideración, y dos reformas del Reglamento. En su enmienda, los populares plantean los mismos criterios que en el Senado, pero añaden que «transcurridos esos dos meses, solo podrá prorrogarse el plazo por periodos de 15 días si así lo solicitan grupos parlamentarios que representen al menos tres quintas partes de los miembros de la Cámara».

Sin conexión con la reforma

Además, también han vetado otra enmienda con la que pretendían convertir en obligatoria la celebración cada dos años de un debate sobre el estado de la nación, excepto el año en que se celebren elecciones generales. Igualmente, proponían que «antes de que finalice el año corriente de su celebración, el Gobierno dará cuenta a la Cámara, previa remisión de un informe detallado, de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas en el debate de política general sobre el estado de la nación».

En la reunión de la Mesa de Reglamento, el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Gómez de Celis, en representación de la mayoría de cinco contra cuatro, expuso el veto a las 16 enmiendas del GPP relativa a lenguaje inclusivo, y a ocho de las 12 presentadas a la de voto telemático y prensa, alegando que no tenían conexión con las reformas en tramitación, según la versión de los populares. Todo ello, «sin el aval de la Secretaria General del Congreso, que en el escrito de observaciones técnicas no ponía ningún impedimento a su admisión», señalan.

En todo caso, en la reunión posterior de la Ponencia sobre prensa y voto telemático, la mayoría de PSOE-Sumar rechazó las únicas cuatro enmiendas que sí fueron calificadas en primera instancia (relativas dos al voto telemático y a que el Reglamento siguiera con la misma redacción respecto a las acreditaciones, y la última para eliminar uno de los supuestos sobre retirada de la credencial).

En nombre del Grupo Popular, tomó la palabra el vicepresidente segundo, José Antonio Bermúdez de Castro, para denunciar la citada arbitrariedad y recordar que ninguna de las enmiendas populares podía considerarse intrusas, ya que la doctrina del Tribunal Constitucional permite las que tengan homogeneidad con la materia o la especialidad de la ley o norma propuesta, lo que era el caso. El diputado del PP precisó que la misma mayoría que vetaba las enmiendas del PP reformaba la inmensa mayoría de los artículos del Reglamento en la de lenguaje inclusivo, y que en las de prensa y telemático además del aval de la Secretaría General para pasar el corte a Ponencia, también guardaban relación con la especialidad de la iniciativa, según los populares.

Además, Bermúdez De Castro recordó que enmiendas intrusas han sido las que han colado los miembros de la mayoría otras veces, como por ejemplo, cuando se eliminó el veto del Senado a la senda de estabilidad a través de una enmienda a la Ley de Paridad, entre otros ejemplos.

En el fondo, según el Grupo Popular, «lo sucedido refleja, entre otras cosas, que la mayoría PSOE-Sumar está en contra de celebrar, como exigía el PP, un debate del estado de la Nación anual obligatorio, o de eliminar cuanto antes el ‘congelador de Armengol’ como se proponía desde el Grupo Parlamentario Popular en estas reformas del Reglamento, a pesar de que el pasado 24 de junio el PSOE se sumará a la mayoría para la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en ese sentido, que seguramente pasará a engrosar la lista de leyes del PP paralizadas por la presidenta de la Cámara con la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas». Las fuentes populares consultadas señalan que «esta cacicada la han hecho, por tanto, porque temían que existiera una mayoría parlamentaria que apoyase las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular».