El Gobierno suspende la reunión para el reparto de menores tras el plante de las regiones del PP
Las comunidades del PP critican que la distribución vulnera el principio de igualdad al beneficiar a Cataluña y País Vasco
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este jueves. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Gobierno ha decidido suspender la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores inmigrantes prevista para este jueves después de que haya comprobado la falta de quorum para llevarla a cabo debido al plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita «ilegal» tras haber impugnado la orden del día en una reunión previa. Las regiones gobernadas por los populares, además, critican que el reparto de estos jóvenes vulnera el principio de igualdad territorial porque favorece a Cataluña y País Vasco, mientras Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana deberán acoger a varios cientos de menores.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, según ha recogido EFE, han informado de la cancelación de la reunión media hora después de lo que debía haber sido su inicio, a las 9:30 horas. Frente a la ausencia de la mayoría de dirigentes del PP, sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.
En esta cita estaba previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas. Una situación de emergencia que se extiende ya desde hace casi dos años y por la que los centros de menores se encuentran al límite, sobre todo, en el archipiélago.
Recurso ante el TC
Las comunidades presididas por el PP han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.
Ahora estas comunidades han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa por la comisión sectorial técnica que se celebro el pasado 8 de julio y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es «ilegal» algo que desde el Ministerio niegan tajantemente.
Choche por el fallo del TS
En paralelo, se ha producido otro choque entre los gobiernos central y canario por la pegas del primero en acoger a los 1.200 menores que han pedido asilo en Canarias, tal y como ordenó el Tribunal Supremo hace más de tres meses. En un oficio, la Secretaría de Estado de Migraciones señala que no hay recursos disponibles en el Sistema de Protección Internacional y que, por ahora, se derivará a los menores a otro centro, también ubicado en el archipiélago, donde se realizará la evaluación» de «los perfiles de las personas solicitantes para asignar la plaza que más se adapte a sus necesidades».
En cualquier caso, no se quedarán a vivir allí, sino como un mero trámite para su posterior desplazamiento a un recurso de acogida del Estado. El problema, en cualquier caso, es que no los hay. El Gobierno tampoco termina de impulsar el alojamiento para otros 400 jóvenes migrantes en un centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid), como se había comprometido Migraciones. Así que ante este escenario, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma llevarán este viernes una nueva queja ante el TS por la falta de colaboración en los traslados por parte del Ejecutivo.