El Gobierno tendrá que publicar los informes de la cesión al PNV del palacete de París
Transparencia obliga al Ejecutivo a revelar los detalles del traspaso del inmueble incluidos en el llamado decreto ‘ómnibus’
Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar en la firma del pacto entre el PSOE y el PNV para la investidura del actual presidente del Gobierno. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno se ve obligado a dar explicaciones sobre la cesión al Partido Nacionalista Vasco (PNV) del palacete en París. Concretamente, a compartir los informes sobre el traspaso, después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así lo haya comunicado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE.
Este periódico solicitó a dicho departamento los informes que avalan la cesión del edificio y, tras no obtener contestación en el periodo establecido, se presentó una reclamación. Posteriormente, en la respuesta recibida, el organismo público pone de manifiesto «la inexistencia de informes previos, técnicos o jurídicos, referidos al traspaso del inmueble titularidad de la Administración General del Estado al PNV».
Además, el Ministerio señala que la adjudicación se hizo «en atención a la vinculación histórica del edificio con ese partido y con arreglo a la Disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó esta controvertida cesión en una disposición adicional del Real Decreto-Ley 9/2024, aprobado el pasado 23 de diciembre. El decreto -conocido como ‘ómnibus‘ por su carácter misceláneo- introducía múltiples medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, y amparaba el traspaso del inmueble al PNV por su «vinculación histórica» con la formación vasca.
En la respuesta recibida por este medio, el Consejo de Transparencia remarca que el Ministerio no solo incumplió los plazos legales de respuesta, sino que además ha reconocido la «inexistencia de informes previos, técnicos o jurídicos» sobre el traspaso del inmueble, que hasta entonces era propiedad de la Administración General del Estado. La cartera que dirige Ángel Víctor Torres argumentó que la adjudicación se realizó conforme a la Disposición adicional segunda del mencionado decreto, y en atención a la memoria histórica vinculada al edificio y al PNV. Sin embargo, Transparencia recuerda que el acceso a la información pública es un derecho reconocido por la Ley de Transparencia y que solo puede limitarse si se justifica de manera clara y legalmente fundada.
El argumento de la cesión del palacete al PNV
El decreto-ley ‘ómnibus’ aprobado por el Gobierno el 28 de enero de este año incluyó la cesión al PNV del palacete ubicado en el número 11 de la avenida Marceau de la capital francesa, París. Un inmueble con una profunda carga simbólica e histórica, ya que el edificio fue utilizado por el Gobierno vasco en el exilio, tras la Guerra Civil. Posteriormente, durante la ocupación nazi de Francia, el inmueble fue incautado por la Gestapo, al igual que muchas otras propiedades extranjeras, que quedaron bajo vigilancia o control de las autoridades alemanas. Tras ello, fue transferido a España. Desde entonces, había permanecido en manos de la Administración General del Estado.
La cesión fue amparada en el marco de la Ley de Memoria Democrática, bajo el argumento de «reparar una injusticia histórica y devolver al PNV un inmueble de su propiedad que le fue arrebatado por regímenes totalitarios». El traspaso fue incluido en una disposición adicional del Real Decreto-Ley, junto a muchas otras medidas urgentes de carácter económico, tributario y social.
El Supremo ya rechazó la cesión en 2003
En 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, el Tribunal Supremo desestimó un recurso presentado por el entorno nacionalista para obtener la cesión del inmueble. La sentencia concluyó que la titularidad del palacete no estaba suficientemente acreditada y que los documentos aportados por el PNV apuntaban más a una eventual propiedad del entonces Gobierno vasco en el exilio que del propio partido.
El PNV defendía que había adquirido el edificio el 12 de septiembre de 1936, antes incluso de la aprobación del Estatuto de Autonomía y de la creación formal del primer Gobierno vasco. Afirmaba que la compra se realizó con fondos recaudados por el partido. Tras la Guerra Civil, el Ejecutivo vasco en el exilio ocupó el palacete hasta el 19 de julio de 1943, cuando las autoridades del París ocupado -bajo dominio nazi- transfirieron la titularidad del inmueble al régimen franquista, al no reconocer la legitimidad de ningún otro gobierno español.
Frente a este precedente judicial, el Gobierno de Sánchez ha legislado en los últimos años para facilitar una cesión definitiva al PNV sin posibilidad de recurso. La operación ha quedado amparada en disposiciones de la Ley de Memoria Democrática y materializada a través de un real decreto-ley, fórmula jurídica que permite eludir eventuales impugnaciones judiciales.