Correos demanda a una filial de Avoris tras incumplir un contrato recomendado por la SEPI

La carta enviada por el director general de Iberojet, Antonio Mota, a Correos para intentar cerrar un acuerdo amistoso tras el fracaso de la línea de trasporte de mercancía Correos Cargo, en colaboración con Ávoris Corporación Empresarial, no llegó a buen puerto. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE de las instituciones implicadas en el proyecto, Correos ha llevado a los tribunales a la filial de Ávoris por «incumplimiento de contrato» y le reclama 28 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, por no haber puesto a disposición de la empresa pública postal los dos aviones que había comprometido a operar como cargueros en el verano de 2022 para transportar paquetería y mercancía.

La decisión de recurrir a los tribunales se adoptó a principios de 2023, menos de un año después de que se firmara el acuerdo piloto entre Correos e Iberojet (Evelop). Un «acuerdo comercial» cuyo contrato se hizo con absoluta opacidad por parte del Gobierno y de la empresa pública postal, en la que alegan que este proyecto «no requiere de concurso público, puesto que se trata de un proyecto de conformidad en el que cada una de las partes aporta su fortaleza»: Correos, su capacidad empresarial y su red de oficinas, e Iberojet, sus aviones, licencias de vuelo y personal cualificado (pilotos y tripulación). Sin embargo, el Gobierno nunca ha explicado por qué se niega a hacer pública la copia del contrato que le ha reclamado la oposición en el Congreso de los Diputados desde hace años. Un silencio oficial que se produjo en el contexto de que fue la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quien impuso a Correos que fuera Iberojet (Ávoris) la que recibiera a dedo el proyecto para «darle carga de trabajo» tras el rescate de ambas compañías.

Tras un año de esperas para las autorizaciones de aeronavegabilidad, los dos aviones que debían recibir los permisos seguían sin operar con normalidad. Algo que motivó que el presidente de Correos y Telégrafos, Juanma Serrano, llevara al Consejo de Administración de la empresa pública a principios de enero la solicitud de la presentación de una demanda civil contra Ávoris por «incumplimiento del contrato». Fuentes de Correos explican a este periódico que el fundamento jurídico de la demanda era «responsabilizar a Ávoris por no proveer los aviones en tiempo y forma, según lo establecido en el contrato». En la compañía pública postal desestimaron la pretensión legal de llegar a un acuerdo con Iberojet ante el temor de que pudieran establecerse responsabilidades legales de Correos en el futuro por parte de cualquier funcionario público. De esta forma, entendieron que su «obligación legal era denunciar, y máxime cuando había dinero público de por medio».

Una indemnización de 28 millones

A principios de 2023, el presidente de correos, Juanma Serrano, sometió la decisión al Consejo de Administración de Correos, que respaldó la decisión de demandar a Ávoris . En el organigrama del Consejo «había cuatro abogados del Estado y varios interventores que vieron clarísimo que había que ir por la vía judicial», explican a este diario fuentes del citado órgano. Uno de los abogados del Estado que suscribió llevar a los tribunales a Ávoris fue Luis Gonzaga Serrano de Toledo, el subdirector general de los Servicios Contenciosos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Gonzaga fue uno de los abogados del Estado que respaldó la existencia del delito de rebelión en la sentencia del 1-O de 2017 en el Tribunal Supremo. En noviembre de 2018 fue cesado del Supremo y recaló en su nuevo destino en el Ministerio de dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Los otros dos abogados del Estado miembros del Consejo de Administración fueron Belén Triana Reyes y Tomás Suárez-Inclán González. Ambos también apoyaron la vía judicial que venía avalada por un despacho de abogados independientes especializado en el sector aéreo.

Según informan fuentes internas de Correos, «tenían clarísimo que lo ganábamos» porque lo que se hacía era «intentar proteger un proyecto sufragado con dinero público». Motivo por el cual Correos presentó una demanda civil por la que le reclamó a Iberojet 28 millones de euros en concepto de indemnización, por los daños y perjuicios reputacionales para la empresa pública y el desembolso que la compañía realizó para la puesta en marcha del fallido acuerdo piloto de transporte de paquetería y mercancía a través de la aerolínea Correos Cargo, en colaboración de Evelop (Iberojet).

Correos encarga informes periciales

La cifra no es baladí. El servicio jurídico de Correos reclamó tres millones de euros más de los 25 millones de euros en los que se habían cuantificado las pérdidas un año después de firmar el acuerdo piloto (15 de diciembre de 2021) con la aerolínea participada mayoritariamente por Ávoris, meses después de que ambas empresas hubieran sido rescatadas por el Gobierno. Fuentes de Correos sostienen que «se actuó de forma impecable» para defender los intereses de la empresa pública postal frente a los de la aerolínea de Ávoris. Sin embargo, ante las demandas reiteradas de la oposición del PP en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo se limitó a alegar que se trata de un «secreto empresarial» amparado por la Unión Europea. 

Tras conocer la formalización de la demanda, el 18 de julio de 2023, la respuesta de Iberojet fue intentar que se desestimara, sin ningún éxito. Hasta la fecha, «toda su obsesión era sentarse a negociar para romper ese acuerdo. Correos dijo que no se negociaría porque ellos actuaban como empresa pública» y «si se incumplía el contrato, Correos actuaba en nombre del Estado y a Ávoris le correspondía pagar». La causa que se investiga desde entonces en el juzgado de primera instancia número 54 de Madrid llegará a un punto clave el próximo mes de diciembre, cuando han sido citados a declarar como testigos miembros destacados de la empresa pública participada por la SEPI, así como directivos de Iberojet.

Correos aportará como prueba el documento desvelado en exclusiva por THE OBJECTIVE: la carta del director general de Iberojet, Antonio Mota, admitiendo que se incumplió el contrato, aunque por causas ajenas» a su voluntad, entre las que cita los retrasos en los permisos de Correos y el «desbordamiento» de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en la concesión de licencias y autorizaciones. La empresa, presidida actualmente por Pedro Saura, también se guarda un as en la manga: unos informes periciales encargados por Correos que ratifican el incumplimiento del contrato por parte de Iberojet.