San Sebastián y La Coruña son desde este martes zonas tensionadas para el alquiler

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zona tensionada para el alquiler de San Sebastián, La Coruña y de 21 municipios de Navarra. Con esta medida, el número total de municipios declarados como zonas tensionadas en España asciende a 301, distribuidos en cuatro comunidades autónomas.

Los 21 municipios navarros afectados son Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En el País Vasco, además de San Sebastián, se incluye el Distrito 2 de Galdakao. En Galicia, la declaración afecta a La Coruña.

Esta declaración se enmarca en la Ley por el Derecho a la Vivienda y busca contener los precios de los alquileres en áreas donde los incrementos en años anteriores han sido desproporcionados. El mecanismo establece un índice de precios de referencia basado en datos tributarios de los alquileres declarados en la zona. Sobre este índice, los grandes tenedores de viviendas están obligados a fijar los precios de sus contratos.

Además, la norma impone a las administraciones públicas la obligación de implementar un plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de alquiler, con el objetivo de revertir la situación del mercado en un plazo de tres años. Se incluyen bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas a sus inquilinos y se limita la capacidad de incrementar los precios en nuevos contratos, que deben ajustarse al del contrato anterior.

Desde el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, han señalado que más de 8,28 millones de personas residen actualmente en zonas de mercado tensionado en España. Han avanzado que Santiago de Compostela se incorporará próximamente a esta declaración, al igual que Asturias y otros municipios del País Vasco.

El departamento ha enfatizado que la aplicación de las zonas tensionadas beneficia tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios que alquilan respetando el índice de referencia. En este sentido, los propietarios pueden deducir hasta el 90% de sus ingresos por alquiler si reducen el precio en un 5%. Por ejemplo, en un alquiler de 700 euros, una rebaja del 5% supondría un ahorro anual de 420 euros para el inquilino, mientras que el propietario obtendría un beneficio equivalente gracias a la reducción fiscal, pese a la disminución del precio.

«Usamos la política fiscal para penalizar a quienes especulan y para fomentar las conductas que favorecen al interés general», han subrayado desde Vivienda, donde lamentan el rechazo y el boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) a la aplicación de la ley.

En esta línea, desde el Ministerio han reivindicado que la Ley de Vivienda «funciona» y ha conseguido reducir los precios del alquiler en los municipios declarados zonas tensionadas en Cataluña, al tiempo que se han generado 11.807 nuevos contratos de alquiler en esa comunidad.

«Lo que nos pide la ciudadanía es que actuemos; pide que el mercado de la vivienda opere con la ley de la razón, de la justicia social, no la ley de la selva; pide evitar que fondos buitres y que fondos también especuladores hagan y deshagan a su antojo. Lo que nos pide es que blindemos el parque público de vivienda; que construyamos más y mejor vivienda pública; que actuemos y regulemos el mercado; y que demos más y mejores ayudas para garantizar el acceso», han manifestado.