La Junta de Andalucía echará a 23 enchufados que llevaban 14 años trabajando sin titulación

La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para extinguir los contratos de 23 empleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia pública responsable de las oficinas de paro en la comunidad, tal y como ha adelantado ABC y ha podido confirmar THE OBJECTIVE.

Estos trabajadores, procedentes mayoritariamente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) —investigada penalmente por presunto enchufismo durante la etapa socialista—, carecen de la titulación requerida para los puestos que ocupan desde hace más de 14 años. La decisión, respaldada por informes jurídicos, coincide casualmente con el debate nacional sobre falsos títulos académicos, como el caso de la exdiputada popular Noelia Núñez, quien dimitió recientemente por inflar su currículo universitario.

Se trata de 12 administrativos y 11 técnicos que no cumplen los requisitos académicos exigidos. La mayoría de los técnicos posee solo un módulo de Formación Profesional, aunque el cargo demanda un grado universitario; y en algunos casos, ni siquiera han completado el Bachillerato. 22 de ellos provienen de la Faffe, disuelta en 2011, y uno de los 95 consorcios Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), liquidados por el Ejecutivo socialista. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, dirigida por Rocío Blanco, publicará en los próximos días una resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para anular sus nombramientos como personal fijo y retrotraer el proceso.

El problema emergió durante un concurso de méritos convocado el 23 de diciembre de 2022, parte de un plan de estabilización impulsado por la Comisión Europea para reducir la temporalidad en las administraciones. Este proceso buscaba convertir en fijos a 1.297 interinos del SAE, incluyendo a exmiembros de la Faffe. Inicialmente, el 29 de febrero de 2024, la Consejería aprobó una resolución que estabilizaba a todos, incluidos los 23 sin cualificación, bajo presión sindical para blindar sus puestos.

Sin embargo, ante dudas legales, en agosto de 2024 se solicitaron informes al Gabinete Jurídico de la Junta. Los letrados fueron tajantes: sin la titulación necesaria, estos empleados no pueden mantenerse como personal fijo en la principal empresa pública de Andalucía, que emplea a más de 300.000 personas. Un dictamen reciente del Consejo Consultivo de Andalucía avaló la extinción de contratos, equiparándola a cualquier relación laboral privada donde el incumplimiento de requisitos justifica el cese.

Puede haber más despedidos

La nueva resolución revocará los nombramientos de estos 23, que no pudieron acreditar méritos en el concurso. Para aquellos con un sustituto —un aspirante en segunda posición—, el despido será inminente, con carta de cese en días. Los sin reemplazo continuarán de forma transitoria hasta un nuevo proceso selectivo, que podría tardar un año. Si no acreditan la titulación, entonces, serán despedidos al cubrirse las plazas por candidatos cualificados.

En contraste, el resto de los más de mil extrabajadores de la Faffe integrados en el SAE no se verán afectados. La Asesoría Jurídica sostiene que no se puede cuestionar retroactivamente la legalidad de sus contrataciones originales, salvo demostrando vicios de nulidad caso por caso, lo cual es complejo. Al absorberlos, el Servicio Andaluz de Empleo asumió sus derechos y obligaciones laborales, impidiendo rupturas masivas.

Este enfoque cauteloso responde a precedentes negativos. En 2012, el Gobierno socialista despidió a 800 agentes locales de empleo de los Utedlt, pero los tribunales declararon los ceses improcedentes. La Junta pagó 80 millones de euros en indemnizaciones y readmitió a los afectados, una lección que desaconseja decisiones drásticas sin base jurídica sólida.