El Consejo de Europa advierte del nulo interés de Sánchez por acabar con la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que aplique mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos y policías y guardias civiles. Precisamente, las últimas tramas de corrupción que cercan al Gobierno ponen en el punto de mira a altos cargos y asesores, como el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y cargos en diferentes ministerios. También han jugado un papel determinante en las tramas de corrupción algunos policías que incluso alertaron de investigaciones.

THE OBJECTIVE adelantó el pasado mayo que España no avanza en el cumplimiento total de 19 exigencias realizadas en 2019 por el Greco, un órgano del Consejo de Europa diseñado para prevenir la corrupción entre altos cargos, asesores y fuerzas de seguridad. Son todas las recomendaciones expuestas por este organismo, aunque en algunas pocas se señala algún avance. El Greco alerta de las escasas mejoras de nuestro país en materia de transparencia de los altos cargos y asesores, la falta de códigos éticos y los riesgos de conflictos de intereses.

Así se señaló que en esa fecha no se había aplicado ni abordado satisfactoriamente ninguna de las nueve recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda. De las recomendaciones restantes, 13 se había aplicado parcialmente y seis no se había implementado. El balance tiene especial interés en un contexto en el que la corrupción ha llegado a prácticamente toda la estructura del Estado, afectando incluso a la familia del presidente del Gobierno, a fiscales y jueces, exministros y asesores. Mientras, la opacidad del Ejecutivo central sigue batiendo mes a mes un nuevo récord.

Escasos avances contra la corrupción

En último informe de seguimiento, que se ha hecho público ahora, concluye que España ha aplicado parcialmente 16 recomendaciones y no ha aplicado tres. Así, en su informe de cumplimiento más reciente, aprobado durante su reunión plenaria de junio de 2025, el Greco señala la falta de medidas decididas y resultados tangibles en relación con las recomendaciones formuladas respecto a los altos cargos ejecutivos del Gobierno central. Si bien se proponen mejoras a través de iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia, ya aprobado, y especialmente la Ley de Administración Abierta, todavía sin aprobar. La aplicación de esta norma sigue pendientes.

El organismo europeo anticorrupción señala que los esfuerzos para regular los grupos de interés –lobbies– todavía no se han materializado y el requisito de publicación de las agendas sigue siendo una asignatura pendiente. Además, apunta que es necesario reforzar las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. La Oficina de Conflictos de Intereses, destaca, «sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio».

Los deberes del Gobierno

Además, el Greco señala que no se ha tomado ninguna medida para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, el llamado aforamiento. En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Greco concluye que los progresos en la aplicación de sus recomendaciones han sido desiguales, con algunos avances, pero con deficiencias persistentes.

La Policía Nacional ha llevado a cabo evaluaciones del riesgo y actuaciones de supervisión, pero sigue faltando una estrategia anticorrupción específica. Así, el Código de Conducta de 2013 sigue sin medidas de aplicación práctica, y la contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia. El Greco reconoce los esfuerzos normativos en materia de formación policial, pero considera que las mejoras estructurales en lo que respecta a la ética y la integridad siguen siendo incompletas.

Avances en la Guardia Civil

La Guardia Civil ha mostrado mayores progresos, según el organismo europeo, en particular gracias al desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y del Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). Estas iniciativas introducen evaluaciones del riesgo y formación estructurada, con medidas de prevención de la corrupción integradas en estrategias más amplias. Sin embargo, aún quedan por adoptar algunas iniciativas clave, como el Protocolo de Buenas Prácticas.

El Greco concluye que España no cumple suficientemente las recomendaciones y pide a las autoridades españolas que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación. En aplicación de su reglamento interno, en el informe el Greco invita al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible.