Albares blinda a los cónsules que agilizan las nacionalizaciones en Iberoamérica
Los puestos en Buenos Aires, México DF y La Habana creados antes de las elecciones pasan a ser permanentes
Cola de solicitantes en el consulado español de Buenos Aires. | Foto: EFE
El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha decidido consolidar los tres puestos de cónsul adjunto en México DF, La Habana y Buenos Aires que se crearon en 2023 antes del periplo electoral de municipales, autonómicas y generales con el fin de agilizar la avalancha de solicitudes con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como la ley de nietos, que facilita a los descendientes de españoles que sufrieron la Guerra Civil y la dictadura franquista acceder a la nacionalidad, según desvelan fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE.
El departamento de Albares reveló en enero que hasta el 30 de noviembre de 2024 se habían aprobado 275.804 solicitudes de nacionalidad española de las 577.620 recibidas por los consultados españoles en todo el mundo. La decisión de Exteriores en marzo de hace dos años sobre los cónsules adjuntos fue en régimen provisional y ahora esos tres puestos pasan a ser permanentes, según anunció hace quince días el subsecretario, Xavier Martí, a representantes del ministerio en una reunión de la Junta de la Carrera Diplomática, un órgano consultivo.
En marzo se autorizó una prórroga a la provisionalidad de los tres citados cónsules adjuntos y desde julio han pasado a ser fijos. Uno de los titulares, en concreto el cónsul adjunto en Buenos Aires, ha solicitado a Exteriores su relevo, por lo que este puesto saldrá a concurso tras el verano en un ‘bombito’ -el proceso extraordinario para la asignación de puestos en el exterior como se denomina en la jerga diplomática-.
Hacienda autorizó también a Exteriores hace dos años la contratación de 150 funcionarios extra como refuerzo para hacer frente a los efectos de esta ley y la supresión de voto rogado. Este cupo extraordinario fue diferente de los otros 300 trabajadores suplementarios que Albares pidió antes del periplo electoral a María Jesús Montero para reforzar el personal de los consulados y embajadas, y que se unieron a las 310 nuevas plazas fijas ya previstas por jubilaciones y vacantes.
La creación de estos nuevos cónsules adjuntos buscó dar impulso a las nacionalizaciones, ya que sobre estos funcionarios recayó el trabajo de verificar que la documentación aportada por cada solicitante es la correcta y, en último término, dar luz verde a la expedición del nuevo pasaporte. Con ello, Exteriores dejó claro que los trámites se tenían que agilizar.
La convocatoria interna de Exteriores en 2023 estuvo abierta «a todas las categorías» en las que estaban divididos por antigüedad y méritos los diplomáticos, lo que denotó cierta urgencia por ocupar dichas plazas. El consulado en La Habana tenía en aquel momento un titular a su frente y contaba con tres cónsules adjuntos, por lo que con el nuevo pasaron a cinco, un récord en la historia de las relaciones bilaterales. Lo mismo ocurrió en Buenos Aires, donde había dos adjuntos y se amplió ese cupo a un tercero. En la capital azteca, por su parte, estaban destinados un cónsul general y un adjunto.
La circular de Albares de 2022
Albares envió en octubre de 2022 una circular interna a las embajadas y consulados de España en el extranjero, a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE, en la que les apremió a estar listos ante el «volumen significativo» de solicitudes de nacionalidad que les iba a llegar con la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática, en la que miles de descendientes de españoles podrían tramitar la nacionalidad aunque sus antecesores la hubieran perdido o renunciado a ella por razones políticas, ideologías de creencia o de orientación e identidad sexual.
El texto de la citada ley contiene una disposición adicional octava que beneficia a los descendientes de españoles que huyeron de España por la Guerra Civil y el periodo dictatorial del general Franco. Todo ello después de que se eliminase el voto rogado que tantas trabas provocó desde su aprobación en 2011 con el PSOE en el poder.
La ‘ley de nietos’ amplió, por tanto, la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados. La ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, excluyó en la práctica a estos últimos al cubrir únicamente a cerca de 250.000 personas que lo solicitaron. España solo aceptó la mitad de las casi 500.000 peticiones que hubo. Concretamente, al 52,8% de las peticiones de nacionalidad de descendientes de exiliados del franquismo que se entregaron en los consulados, la gran mayoría de ellos en Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba.