El Gobierno vasco se resiste a entregar las cuentas de la cooperativa de Koldo García
La Consejería de Economía alega a un demandante que tiene que acreditar su condición de «persona interesada»
Koldo García en una comparecencia en el Senado. | EP
El Gobierno vasco se ha negado a entregar las cuentas de los últimos años de Noran Cooperativa, la sociedad de la que forman parte Koldo García y Joseba Antxon Alonso, y que en los últimos años recibió grandes sumas de dinero de la constructora Servinabar, dirigida por el citado empresario y vinculada a Santos Cerdán, ya que este último llegó a firmar en 2017 en un documento su entrada en el accionariado.
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a un escrito de la Delegación Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa de finales de julio, en el que este organismo público se niega a facilitar los balances de Noran, ya que el demandante no acreditó que tuviese un «interés legítimo» en la solicitud para conocer la hoja de resultados económicos de la citada cooperativa. «Analizada la solicitud presentada, se observa la falta de datos y documentos que se indican a continuación y cuya remisión es necesaria para cumplimentar formalmente su solicitud», argumenta esta entidad dependiente de la Consejería vasca de Economía, Trabajo y Empleo, que dirige el vicelehendakari, Mikel Torres.
El Ejecutivo vasco recuerda en la misiva que el artículo 7 del real decreto 84/2023 establece que, aun tratándose el Registro de Cooperativas del País Vasco un ente público, «para acceder al contenido de los asientos o de los documentos archivados o depositados en el mismo, deberá acreditarse la condición de persona interesada, es decir que tiene un interés legítimo». Por ello, insta al demandante a presentar «en el plazo de diez días» la documentación acreditativa de dicha condición. «Si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición», concluye la Delegación Territorial de Guipúzcoa.
Servinabar transfirió un total de 732.000 euros a Noran durante ocho años. Concretamente, de 2016 a 2024. Se trata de una cifra facilitada por la Hacienda foral de Navarra que duplica la inicialmente prevista por la Guardia Civil en su primer informe sobre Cerdán de junio.
La cooperativa fue creada por Antxon Alonso y Koldo García en 2015 tras la llegada de Uxue Barkos al Gobierno foral de Navarra en mayo de 2015 y justo tres meses antes de la constitución de Servinabar. Las transferencias desde la constructora a la cooperativa fueron en aumento con el paso de los años: de los 45.592 euros iniciales del primer año a los 117.200 euros del último en 2024. A su vez, Noran transfirió en ese tiempo más de 177.000 euros al empresario amigo de Cerdán y más de 8.700 euros al exasesor de José Luis Ábalos.
Noran fue constituida inicialmente con el objeto social de la compraventa de bienes inmobiliarios, según Diario de Navarra. Los primeros pasos de la cooperativa coincidieron con la concesión de la explotación de la «Mina Muga» en el municipio de Sangüesa. Una gran mina de potasa, mineral considerado «estratégico» por la UE y cuya licencia recayó en la empresa Geolocali, con capital australiano e inversores chinos. Los logos de esta firma y la de Antxon Alonso aparecen impresos y juntos como patrocinadores en el pantalón de Koldo García durante una competición de aizkolaris a la que asistió Ábalos.
Con el proyecto en marcha, los gestores de la mina adjudicaron a Acciona la obra civil de la explotación por 56,9 millones de euros. Las imágenes del exasesor del ministro de Transportes (ver abajo) fueron recuperadas en las redes sociales a poco de trascender la información de la investigación de la UCO que salpicaba a esta firma.
Antxon Alonso desveló en su comparecencia en el Tribunal Supremo ante el juez Leopoldo Puente que conoció al asesor de Ábalos a través de Cerdán y que lo contrató durante nueve meses porque buscaba trabajo y le necesitaba para conseguir obras privadas antes de que se convirtiera en asesor de Ábalos. En este sentido, especificó que era autónomo y le pagaba un sueldo mensual por ayudarle a hacer negocios de obra privada. Y que le dio de baja el 31 de enero de 2017.
No obstante, el dueño de Servinabar negó que pagara mordidas por amaños de obra pública e incidió en que el contrato que suscribió con Santos Cerdán era un compromiso de futuro que nunca tuvo validez. Las cuatro páginas del documento, que llevaba el sello de la constructora, estaban firmadas tanto por Cerdán como por Alonso, si bien este último subrayó ante el juez que no tuvo validez porque nunca se llevó al notario y el dirigente socialista tampoco le pagó por las acciones.