Bildu, Podemos y UPN fuerzan a Entrecanales a explicar la alianza de Acciona con Servinabar

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo y CEO de Acciona, tendrá que comparecer en la comisión de investigación sobre posibles irregularidades de obra pública en el Parlamento de Navarra, que comienza el próximo 14 de octubre. Lo hará a petición expresa de EH Bildu, UPN y Contigo Zurekin, la coalición que integra a Podemos, Izquierda Unida y otros partidos minoritarios. Su convocatoria, a juicio de PP y Vox, pervierte la naturaleza de la comisión por no estar señalado en la causa abierta por el Tribunal Supremo. La oposición se queja de que no se haya citado a la presidenta, María Chivite, ni a su antecesora, Uxue Barkos.

La comisión tiene como objeto esclarecer las adjudicaciones de las últimas cuatro legislaturas navarras, desde 2011. Entre ellas, las que Acciona y Servinabar se llevaron a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE) para la ejecución de diversos proyectos de construcción. Ambas empresas colaboraron en contratos que suman al menos 83 millones de euros, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La UCO, no obstante, cita en su informe a Fernando Agustín Merino, exdirector de Acciona para Navarra y La Rioja hasta 2021, cuando fue despedido.

En concreto, la UCO especifica en su informe que Merino guardaba en su vivienda «documentación relacionada con la UTE Pabellón Navarra Arena», cuyo acondicionamiento fue la primera obra que el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (JNDJ) adjudicó Acciona y Servinabar, en 2017, por un importe total de 3,78 millones de euros. Tras trascender los detalles del informe, Acciona expresó su «sorpresa y preocupación», y anunció una investigación para depurar responsabilidades ante «la posible elusión de los controles internos que se haya podido producir».

El propio Entrecanales se desmarcó en una Junta General de Accionistas de las acciones de Merino, quien habría actuado con «autonomía» de Acciona. También aseguró no conocer a Santos Cerdán ni a Koldo García, y limitó a una relación de «cortesía» y «protocolaria» la que mantenía con José Luis Ábalos, el exministro de Fomento, con quien habría hablado de «generalidades» del sector. También blasonó de haber obrado con contundencia y de estar dispuesto a hacerlo con «la máxima firmeza» en caso de que las investigaciones señalasen a otros empleados.

Acciona se ha mostrado dispuesto a personarse en el caso como perjudicado, aunque para ello están a la espera del resultado de la investigación de la Guardia Civil y del juez. Pese a esto, y pese a que el Tribunal Supremo no lo menciona en ningún momento, Bildu, UPN y Contigo Zurekin han tenido a bien citar la comisión de investigación que comienza el próximo mes de octubre, presidida por la bildutarra Irati Jiménez, y que contará con dos sesiones semanales (martes y miércoles).

Polémicas citaciones

Las citaciones han sido objeto de polémica y discusión en Navarra. Las peticiones de la oposición para que comparecieran María Chivite y Uxue Barkos han sido rechazadas por los socialistas, Geroa Bai (marca blanca del PNV en la región), Bildu y Contigo Zurekin. Estos mismos han vetado también la comparecencia del exministro de Transportes, José Luis Abalos, la actual ministra de Inclusión, Elma Saiz, y de Ramón Alzórriz, ex número dos de Chivite en el partido, cuya pareja trabajó para Servinabar.

Quienes sí deberán declarar, en contraste, son Santos Cerdán, Koldo García y el empresario Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE. También el actual consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra, y sus antecesores Bernardo Ciriza (PSN) y Javier Esparza (UPN).

Por lo expuesto, Vox ha solicitado un informe jurídico a los letrados del Parlamento de Navarra alegando que algunas de las personas citadas, como Francisco Iribarren, que dejó de ser consejero en 2007, o José Manuel Entrecanales, que no ha sido señalado por el Supremo, no encajarían en el objeto de la comisión. A su juicio, Chivite y sus socios han retorcido el mandato parlamentario para diluir el caso Koldo, que ya es el caso Cerdán, y desviar el foco hacia perfiles ajenos a la causa del Supremo.

Las comparecencias arrancarán a mediados de octubre, una vez recibida la documentación solicitada a organismos como el Gobierno foral, la Cámara de Comptos o la Oficina Anticorrupción. En total, la comisión ha acordado citar a 40 personas, lo que reduce a la mitad las citaciones inicialmente solicitadas.