La «crispación» y las sedes vandalizadas del PSOE
Los socialistas tienen la ‘suerte’ de no tener en frente a formaciones que prescriben «jarabe democrático» a los ciudadanos
El PSOE ha puesto el grito en el cielo por los 180 ataques, asegura, que se han producido a sus sedes en lo que va de legislatura, culpando de estos a Partido Popular y Vox por «alimentar la crispación». Los populares han condenado estas vandalizaciones, mientras que el partido de Santiago Abascal ha preferido no entrar al trapo. Ninguno, sin embargo, ha justificado estos actos, muchas veces consistentes solo en pintadas.
La vandalización de las sedes políticas es, por desgracia, una práctica más vieja que andar a pie. Y en la democracia española, tiene la particularidad de haberse cebado en exceso con la derecha: desde el ataque a la sede de Génova, 13 con un coche armado con bombas de butano a los recientes ataques a las casas de pueblo del PP en Valencia tildando de «asesino» a Carlos Mazón. Solo en 2020, por cierto, Vox recibió 44 ataques a sus sedes, más de un centenar de amenazas de muerte y 93 agresiones.
Decía que la vandalización de las sedes políticas es, por desgracia, una práctica monolítica. Lo que no era común, hasta la irrupción de Podemos en 2014, era la justificación de estas acciones, amparada en el marco de la «alerta antifascista». Fue la extrema izquierda la que llamó a rodear el Congreso contra la investidura de Mariano Rajoy, generando graves disturbios, o a «no mirar las consecuencias, sino las causas» de los constantes ataques a la sede del PP. También fue la que tildó de «ketchup» la sangrienta brecha que una pedrada produjo en la ceja de la diputada de Vox Rocío de Meer. Entre otras muchas perlas.
La estrategia pergeñada por Íñigo Errejón, basada en la teoría Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, consistía precisamente en la polarización: en la concepción de la política como un conflicto en el que todo vale contra el enemigo. Esa estrategia fue adoptada a posteriori por el PSOE, que, aunque llora ahora, tiene suerte de no tener en frente a formaciones políticas que prescriben a los ciudadanos «jarabe democrático» contra sus dirigentes.