El Gobierno perdió el año pasado el 20% de su flota de aviones cisterna contra incendios

El Gobierno se quedó el pasado año sin cuatro de los 18 aviones cisterna CL-215T y CL-4153 que el Ejército del Aire utilizaba hasta ese momento en la lucha contra los incendios. En septiembre de 2023 se retiraron el 20% de ellos, al llegar «al final de su vida útil», y a lo largo del pasado año «se han subastado», según se indica en la memoria del polémico contrato del 18 de diciembre en el que se presupuestaron 187 millones para alquilar medios aéreos de apoyo a las regiones, y en el que el Gobierno reconoce que el número total de naves estatales antiincendios previsto para este año asciende a 42, cinco menos de las que se venían contratando hasta la fecha.

«Un factor importante que impide contratar un mayor número de medios es la ausencia, por el momento, de Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2025, lo cual implica que el dimensionamiento del dispositivo deba acomodarse a dicho escenario, posponiendo un potencial refuerzo adicional para el momento en el que el marco presupuestario se clarifique», con unas nuevas cuentas públicas aprobadas, indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al final de la página 3 de dicha memoria.

El departamento que dirige Sara Aagesen ha venido apoyando a las comunidades autónomas en las labores de extinción desde hace
años con más de 60 medios aéreos de refuerzo, que se suman a los doscientos que, aproximadamente, contratan todos los años las regiones para el desarrollo de sus competencias propias en materia de extinción de incendios. Sin embargo, la situación cambió a partir de 2023 en el Ala 43 del Ejército del Aire con la citada merma de cuatro aviones cisterna, que se quedaron en tierra «como consecuencia del envejecimiento de la flota y el cierre de la línea de fabricación de estos aviones», se indica en la memoria del citado contrato.

En abril del año pasado, la titular de Defensa, Margarita Robles, y la antecesora de Aagesen, Teresa Ribera, se comprometieron a adquirir siete nuevos aviones apagafuegos y a actualizar la actual flota en servicio —formalmente, 11 pertenecen a Transición Ecológica y tres a Defensa—. Para ello, anunciaron una partida de 375 millones de euros con los que comprar aeronaves del modelo DHC 515 de la compañía canadiense De Havilland y mejorar los diez CL-215T y los cuatro CL-4153 que el Ejército del Aire pone a punto en la actualidad.

Pero la falta de presupuestos ha dado al traste con los planes iniciales de Defensa y Transición Ecológica, en los que ya se deslizaba que dos de los siete nuevos aparatos estarían «totalmente financiados por la UE por integrarse dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil». Se da la circunstancia de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este jueves la llegada a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia que se incorporarán a las labores de extinción de los incendios.

Sin los cuatro aviones cisterna que quedaron obsoletos, «el compromiso vigente incluye disponer de once aviones operativos en la campaña de verano, y un mínimo de dos aviones el resto del año, ampliable hasta cinco aviones puntualmente», confesó a principios de este año el Ejecutivo central. En la citada memoria se admitía sin ambages que «este número de aviones operativos ha sufrido una merma en comparación con la anterior década».

«Adicionalmente, el dispositivo citado anteriormente se ha venido completando con otros medios aéreos de diversa tipología, contratados a empresas privadas: un total de 43 para el periodo de máximo riesgo (campaña de verano), que se repartían por 28 bases aéreas distribuidas por todo el territorio nacional, y once para los meses de invierno-primavera, distribuidos en aquellas zonas en que el riesgo es mayor según las condiciones meteorológicas y socioeconómicas», añadió el Gobierno a renglón seguido.

Entre ellos, destacaban «por su eficacia» los helicópteros bombarderos pesados modelo Kamov Ka32 11BC, de fabricación rusa y «con capacidad para descargar 4.500 kilos de agua». Sin embargo, desde el pasado año estos helicópteros «no están operativos como consecuencia de las sanciones impuestas por la UE a Rusia por la invasión de Ucrania, no existiendo en el mercado helicópteros con una relación coste-capacidad equivalente o similar a la del Kamov».

Sin técnicos rusos que puedan reparar los helicópteros y sin suministro de piezas de repuesto, estos aparatos cruciales en la lucha contra el fuego están paralizados en tierra u operando en otros países. Pese a que Sumar instó a Moncloa a que tramitase el levantamiento de sanciones a estos aparatos, no se ha hecho ninguna gestión ante Bruselas durante el último año.

A todo ello hay que unir otro problema que afecta de lleno a España. La demanda mundial de aeronaves de extinción de incendios «se ha incrementado notablemente» como consecuencia de los graves episodios de incendios forestales que han sufrido diversos países en los últimos años. A pesar de que la UE está dando los primeros países para centralizar la fabricación de estos aparatos, existe «un reducido número de fabricantes de aeronaves y de empresas operadoras, con situaciones de monopolio de facto u oligopolio» que complican sobremanera cualquier transacción internacional.