Óscar López tiene sin cubrir el 15% de las plazas de la Oficina de Conflictos de Intereses
El Gobierno desoye las advertencias de Bruselas y Estrasburgo al respecto
El ministro Óscar López en una imagen de archivo. | EP
La Oficina de Conflictos de Intereses tiene vacantes al menos el 15% de sus puestos de empleo. Así se desprende de la relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige el ministro Óscar López, un documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Este organismo, que el Consejo de Europa y la Comisión Europea han pedido reiteradamente reforzar como parte de la estancada lucha contra la corrupción en España, no solo no ha incorporado los mecanismos recomendados, entre ellos mayor poder sancionador e independencia del Ejecutivo, sino que ni siquiera funciona a su capacidad máxima por falta de personal.
El ente cuenta con un total de 26 puestos de trabajo, de los cuales cinco están vacantes, aunque fuentes del ministerio indican que actualmente se han reducido a cuatro, una diferencia que puede deberse a que han pasado cerca de dos meses desde la elaboración del documento. En cualquier caso, la mayoría de las posiciones sin cubrir se concentran en la principal unidad, la Subsecretaría General de Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos, que debería contar con 15 puestos, pero solo tiene 11 operativos actualmente: subdirección, subdirección adjunta, consejero técnico, jefe de servicio, cuatro jefes de sección, dos jefes de negociado y un secretario. Faltan otro secretario y tres auxiliares de oficina.
La Subsecretaría General de Régimen de los Altos Cargos, cuenta con ocho puestos, de los cuales falta por cubrir un jefe de negociado de documentación (nivel funcionarial C1C2 con complemento específico de 5.600 euros). Cuenta con subdirección, consejero técnico, jefe de servicio, jefe de sección de Coordinación de Registros de Altos Cargos, analista programador, secretario de la Subdirección General y un jefe de negociado de documentación ya cubierto -faltaría el segundo para completar la plantilla-. Finalmente, la oficina cuenta con una unidad de apoyo que sí funciona a pleno rendimiento con una coordinación de área y dos secretarías de la dirección general.
Informes demoledores de Bruselas y Estrasburgo
En los últimos meses, tanto Bruselas como el Consejo de Europa han presionado para impulsar este organismo. La Comisión Europea ha valorado los primeros pasos para reforzar las normas sobre conflicto de intereses de altos cargos y para regular los ‘lobbies’ y reforzar la independencia y poder de la Oficial de Conflictos de Interés, pero señala también que no ha habido avances para mejorar las reglas sobre el conflictos de interés en las distintas administraciones del sector público. En este contexto, Bruselas incluye en sus recomendaciones específicas a España una llamada para “impulsar el proceso legislativo para fortalecer” las normas sobre “conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altos cargos ejecutivos”, incluido reforzando “aún más” la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses.
En su último informe sobre la salud democrática de los Estados miembro, se recogieron avances en medidas de prevención pero alerta del “alto riesgo de corrupción” en la contratación pública y financiación de partidos. “La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”, describe el informe anual sobre el Estado de derecho publicado por el Ejecutivo comunitario. En las veinte páginas que dedica a España, Bruselas no señala riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En el capítulo sobre la lucha contra la corrupción, el documento recuerda que la ley de protección al denunciante de 2023 obliga al Gobierno a presentar una “amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción” a más tardar en septiembre de 2024, “pero ese trabajo está aún por empezar”.
Por su parte, el grupo contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lleva años lanzando advertencias que han caído en saco roto. Tras el informe del ente internacional, el PP arremetió contra el Gobierno por «no cumplir ni una sola» de las 19 recomendaciones que lleva exigiendo desde 2019, algo que evidencia «los rasgos de una corrupción estructural» en el seno del Ejecutivo, ha criticado el PP, acusando al Gobierno de estar «hasta las cejas de corrupción» y no querer mover «ni un dedo para erradicarla».
«El GRECO nos marca una dirección ante la que Sánchez recorre el camino contrario: menos independencia de la Administración, menos vigilancia contra la corrupción y más desvalorización de la función pública», ha aducido la formación liderada por Feijóo. Los populares creen que algunas de las peticiones del Consejo de Europa, como «dotar a las instituciones públicas de mayor independencia gubernamental», chocan con casos como el de la Oficina del Conflicto de Intereses, «institución que fue condenada por los tribunales por no hacer su trabajo» en asuntos como el rescate de Air Europa, «con el que benefició a una empresa que colaboraba con su mujer». Por contra, prometen que el PP «sí cumplirá» con las exigencias del informe GRECO en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno, a través de un plan de Regeneración Democrática que, aseguran, ya están elaborando.