IU pregunta al Gobierno si piensa excluir al equipo de Israel de la Vuelta ciclista a España
El partido denuncia que el país hebreo está usando su participación en la competición para ‘lavar’ su imagen
Pelotón durante la Vuelta. | La Vuelta
Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una batería de preguntas por escrito para saber si el Gobierno va a «exigir» la «exclusión» del equipo profesional de Israel en la Vuelta ciclista a España.
En concreto, los seis diputados de la coalición, coordinados por Nahuel González, portavoz parlamentario de IU en temas de Deporte, firman una batería de cuestiones dirigidas a los máximos responsables del Gobierno en materia Internacional y de Derechos Humanos, además de deportiva, para plantearles directamente si van a «exigir» a los organizadores de la Vuelta ciclista a España la «exclusión» del equipo ciclista profesional Israel-Premier Tech «mientras persistan las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativas a Gaza», además de interrogar si se ha mantenido algún tipo de «comunicación formal con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y con la empresa organizadora» de La Vuelta sobre esta cuestión.
De la misma forma, Izquierda Unida interroga al Ejecutivo para que «detalle con precisión qué acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas (directas o indirectas) mantiene para la edición vigente de La Vuelta» a través de las distintas empresas, organismos y corporaciones públicas que aportan dinero a este evento deportivo a través de la publicidad o diferentes servicios.
La coalición subraya que con la empresa privada Unipublic -organizadora de La Vuelta y desde hace años mayoritariamente de capital francés, ya que es propiedad de la misma compañía que organiza el Tour- tienen acuerdos comerciales Correos (que ha renovado su patrocinio hasta 2027), además de Loterías y Apuestas del Estado, y Paradores. «Además, la radiotelevisión pública RTVE ha pagado 12,3 millones de euros por los derechos de emisión entre 2025 y 2028, según distintos datos publicados previamente».
«El deporte de alto nivel que se celebra en territorio español debe ser plenamente coherente con los compromisos del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como con los principios de no discriminación, integridad y responsabilidad social que inspiran la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte y la actuación del sector público cuando presta apoyo económico, logístico o de imagen a acontecimientos deportivos (patrocinios, cesiones de marca institucional, ayudas o incentivos fiscales indirectos)», argumentan los diputados de IU.
Además, recuerdan que la Corte Internacional de Justicia «ha dictado medidas cautelares en relación con la actuación de Israel en Gaza, considerando plausibles las alegaciones de genocidio y ordenando el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y de respeto del Derecho Internacional Humanitario».
«En este contexto», destaca Nahuel González, «resulta inaceptable que en España se promocionen o normalicen -directa o indirectamente mediante apoyos públicos- equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional de dichas actuaciones».
Por ello preguntan al Gobierno si los acuerdos firmados y en vigor «incluyen cláusulas de debida diligencia en Derechos Humanos que permitan limitar, condicionar o retirar el apoyo público si la organización admite equipos cuya actividad, imagen o financiación blanqueen vulneraciones graves del Derecho Internacional Humanitario o estén asociadas a Estados sometidos a medidas cautelares de la CIJ por presunto genocidio».