Los expertos ven inviable el plan del Gobierno de recibir 3,5 millones de inmigrantes más
El Ministerio de Inclusión y Migraciones sostiene que una llegada masiva de extranjeros compensará las jubilaciones
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. | Gabriel Luengas (Europa Press)
En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de trabajadores, mientras que solo se incorporarán 1,8 millones de jóvenes al mercado laboral. Esas son las predicciones de la Fundación Adecco que el Gobierno de España ha hecho suyas para justificar la llegada de 3,5 millones de inmigrantes más con el objetivo de «compensar las jubilaciones» y blindar las pensiones. Sin embargo, los expertos consultados por THE OBJECTIVE ofrecen seis argumentos contra ese planteamiento.
El primero, y más evidente, es el que tiene que ver con el paro estructural que, de un tiempo a esta parte, asola a España. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo semestre de 2025 asegura que el número de desempleados es de 2.533.100 personas, con una tasa del paro del 10,29%. Sin embargo, otras estimaciones sugieren que el desempleo real podría oscilar los 4 millones de personas al incluir categorías como demandantes no ocupados (200.532), personas con disposición limitada (372.549) y trabajadores en situación de inactividad laboral, como fijos discontinuos o afectados por ERTE (859.000), según datos de febrero de 2025 del Servicio Público de Empleo (SEPE).
Para más inri, muchos de estos parados son extranjeros. Según los datos más recientes, relativos al Instituto Nacional de Estadística, hay 6,6 millones de extranjeros residentes en España. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indica que hay 2,8 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Calculando la diferencia, aproximadamente 3,8 millones de extranjeros residentes no estarían cotizando a la Seguridad Social, lo que representa cerca del 57,6% del total. Sin embargo, esta cifra incluye a las personas que no están en edad de trabajar (menores, jubilados) o que no forman parte de la población activa (estudiantes).
«Un disparate»
Por lo expuesto, el economista Javier Santacruz sostiene que «importar masivamente mano de obra extranjera para cubrir jubilaciones es un disparate»: «No tiene en cuenta los parados actuales y futuros (los que genere la automatización de algunos empleos), el nivel de subempleo existente (la suma de parados oficiales y gente que aunque está trabajando a tiempo parcial quiere encontrar un empleo mejor es superior a 4 millones) ni los inmigrantes en edad de trabajar que no trabajan y cobran subsidios».
Además, abunda Santacruz, «también es un disparate porque no tiene en cuenta tres factores fundamentales: el nivel de cualificación y formación de esos inmigrantes y si encajan o no con los puestos vacantes o futuros; qué productividad tienen; y la probabilidad de que tengan salarios bajos porque su productividad o el sector en el que trabajan no da más de sí y tengan que estar subsidiados ellos mismos o sus familias».
En este mismo sentido, el demógrafo Alejandro Macarrón considera que «con cuatro millones de parados reales (1/3, inmigrantes), sobran más inmigrantes de los que faltan», ya que han llegado «1,8 millones más en los últimos tres años, pese a que, con nuestro Estado de Bienestar, tener varios millones de parados es carísimo, y al daño de este aflujo a la empleabilidad de tantos parados». «A partir de 2030-2035, España, por su siberiano invierno demográfico, tendrá que elegir entre más inmigración, jubilaciones aún más tardías o más vacantes laborales», zanja Macarrón, que opta por lo segundo.
Un tercer argumento contra el plan del Gobierno, que se suma al paro estructural y al número de extranjeros desempleados, es el de los españoles que residen actualmente en el extranjero. Según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2025, 3.045.966 personas con nacionalidad española residían fuera de España.
Déficit de vivienda
El siguiente inconveniente es que la llegada de 3,5 millones de inmigrantes en tan poco tiempo tensionaría aún más el mercado inmobiliario. En este sentido, un reciente informe del Departamento de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas, señalaba la inmigración masiva como una de las principales causas de la crisis de vivienda, junto a la «obstrucción y lentitud en permisos», la «fiscalidad muy elevada» o la «desestructuración familiar».
«La principal causa de la crisis de vivienda es la inmigración, hay una demanda desaforada y una oferta que no responde a las necesidades del mercado», coincide el consultor inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé, que señala que «desde 2021 los nuevos hogares (inmigrantes) triplican la oferta creada de vivienda, y 3,5 millones más nos llevarían al conflicto social». Por último, Bartolomé se remite a un informe reciente de la economista Rosa Sanchis-Guarner que concluye que «por cada punto porcentual de aumento de población por inmigración, la vivienda se encarece 2,5%».
Tasa de natalidad
También hay que tener en cuenta que la tasa de natalidad en España es muy baja en comparación con el nivel de reemplazo generacional (aproximadamente 2,1 hijos por mujer para mantener la población estable): el índice de fecundidad en 2024 se mantuvo en 1,12 hijos por mujer, uno de los más bajos de la Unión Europea, solo por encima de Malta (1,08). Por eso cada vez son más las voces que piden políticas de fomento de la natalidad, como el demógrafo Alejandro Macarrón, y no de inmigración masiva.
Esta baja tasa de natalidad está relacionada con la elevada tasa de abortos. «Si en 2024 el número de abortos a mujeres residentes en España hubiera sido como el de 2023 (100.000 y pico), ha habido 940.000 abortos de 2015 a 2024, ambos inclusive», expone Macarrón, que abunda: «A fecha de hoy, debemos estar ya por los 3 millones de abortos a mujeres residentes en España desde 1986, más unos 60.000 de turismo abortivo».
Falta de integración
El responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS alerta de que los inmigrantes no compensarán el «catastrófico déficit de natalidad de los españoles»: «No paran el envejecimiento social, solo lo ralentizan. No muchos cubren empleos cualificados. No solucionan la soledad y desierto afectivo por falta de niños y la desestructuración familiar. Y hay riesgos de integración por exceso y/o choques culturales».
En este último sentido, los inmigrantes cometen proporcionalmente más delitos que los españoles. «La mayor parte de los condenados en 2023 tenía nacionalidad española (72,3%). No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, la de los de nacionalidad extranjera (14,6) fue superior en 2,5 veces a la de los de nacionalidad española (5,8)», admite el propio INE. No obstante, la proporción es aún mayor en delitos como los feminicidios (3,8) o en violaciones (el triple).