Madrid recurre al Supremo el reparto de menas del Gobierno: «Aboca a desigualdades»
Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno de la Comunidad celebrado este miércoles
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press / ContactoPhoto
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del Gobierno central que regula el reparto de menores inmigrantes no acompañados, los denominados como menas, entre las comunidades autónomas. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha calificado esta medida de «política migratoria fallida» que «aboca a la desigualdad» entre regiones y vulnera principios fundamentales como la solidaridad y la lealtad entre administraciones.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín, quien también ejerce como portavoz autonómico, ha profundizado en las críticas del Ejecutivo madrileño. Según ha explicado, el decreto ha sido negociado «con partidos independentistas», lo que, a su juicio, favorece a comunidades como Cataluña y el País Vasco en detrimento del resto. «No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida», ha aseverado con rotundidad, insistiendo en que el reparto no asegura la financiación necesaria para la atención de estos menores desplazados.
Este será el tercer recurso que la Comunidad de Madrid interpone contra el decreto, después de los dos anteriores, motivados por la supuesta invasión de competencias autonómicas. A pesar de las discrepancias, el consejero ha enfatizado el compromiso de la región con la protección de los menores migrantes. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Madrid ha atendido a más de 11.000 de estos jóvenes, de los cuales más de 1.300 han sido acogidos en lo que va de año.
García Martín ha ido más allá en sus acusaciones, reprochando al Gobierno central que utilice la migración como «un peaje con los partidos independentistas». Además, ha alertado de que esta política no solo genera preocupación en España, sino también entre los socios europeos, ya que «la única medida que se le conoce a este Gobierno es el reparto del problema».
Con esta acción legal, Madrid busca frenar lo que considera un enfoque desigual e insuficiente para abordar la crisis migratoria, priorizando, en cambio, una gestión autonómica responsable y equitativa.