Transparencia obliga al Gobierno a revelar el coste del traslado de inmigrantes a la Península

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ve obligado a dar explicaciones sobre el coste del traslado de inmigrantes llegados a los archipiélagos españoles hacia la Península en el pasado año. Concretamente, a revelar este gasto desglosado por autonomías, después de que el Consejo de Transparencia lo trasladase a dicho departamento, según ha podido conocer THE OBJECTIVE en exclusiva.

Este periódico solicitó a la cartera encabezada por Elma Saiz el coste total, desglosado por Comunidades Autónomas, durante 2024 del traslado de inmigrantes en situación irregular desde las islas Canarias o Baleares hacia la Península y, tras no obtener contestación en el periodo establecido, se presentó una reclamación. Posteriormente, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considerase pertinentes, pero no recibió respuesta.

En la respuesta recibida por este medio, el Consejo de Transparencia remarca que el Ministerio no solo incumplió los plazos legales de respuesta sin que conste causa o razón que lo justifique, sino que, además, no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento y señala: «Dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada».

Por último, Transparencia recuerda a la Secretaría que el acceso a la información pública es un derecho de rango constitucional que el Consejo no puede dejar sin eficacia y que solo puede limitarse si se justifica «de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal». Por ello, insta a remitir al reclamante los datos solicitados y enviar al Consejo de Transparencia una copia de la información enviada al solicitante.

Inmigración irregular en 2024

El Ministerio del Interior publicó un informe detallado con los datos de inmigración irregular pertenecientes al año 2024, con las cifras registradas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre. El total de inmigrantes llegados a España en este periodo por vía marítima y terrestre fueron 63.970, lo que supone un aumento del 12,5% en comparación con el mismo periodo de 2023. De ellos, la mayoría, 61.323, entraron en el país por vía marítima y se contabilizaron 1.807 embarcaciones.

Solo 14.431 inmigrantes lo hicieron por el mar Mediterráneo, accediendo a España en la Península o en Baleares, mientras que la mayor parte lo hicieron en Canarias: 46.843. Esto significa que el 73% de los migrantes que llegaron al país el pasado año lo hicieron en el archipiélago canario. En cuanto a los que cruzaron la frontera marítima en las ciudades autónomas, se registraron 28 en Ceuta y 21 en Melilla. Respecto a los que arribaron por vía terrestre, 2.531 fueron en Ceuta y 116 en Melilla.

El caso de Canarias

Durante los años 2023 y 2024, más de 86.753 personas han llegado a las costas de estas islas desde África en 1.302 embarcaciones. Además, en el último año se ha producido un aumento del 17,4% de las llegadas en esta comunidad. Este crecimiento ha generado una saturación de recursos, especialmente en centros de acogida de menores migrantes no acompañados, y, por ello, el Gobierno de Canarias solicitó formalmente el reparto de estas personas hacia otras comunidades autónomas.

La instancia fue respaldada por el Estado con la aprobación de un real decreto por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Este establece que los menores que vayan llegando deberán ser asignados a otra comunidad en un plazo de 15 días, y los ya acogidos en Canarias deben ser redistribuidos en un año. Además, el Gobierno ha asignado un fondo de 100 millones de euros para financiar los primeros tres meses de estancia de estos menores, y prolongará la ayuda a quienes excedan su capacidad ordinaria.

El decreto aprobado este pasado martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Aquellas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades con menos saturación en sus recursos.