Así controlarán los políticos a la prensa en el Congreso: sanciones y restricciones

El Gobierno de Pedro Sánchez consiguió este martes su objetivo de imponer por ley una norma para controlar el trabajo de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados. Con la excusa de que hay algunos periodistas que preguntan sin que los jefes de prensa le den un turno de palabra en las ruedas de prensa y que abordan a los políticos en los pasillos de la Cámara, la presidenta, Francina Armengol, en connivencia con la mayoría de izquierda y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ha elaborado una norma que desarrolla la reforma del Reglamento que aprobó el pleno del Congreso el pasado mes de julio. La Mesa de la Cámara, con el respaldo del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, ha dado vía libre a esta polémica norma que, según este último, es una «cacicada» y un «ataque a la libertad de prensa», ya que contiene sanciones y restricciones a la movilidad dentro del recinto.

Uno de los aspectos más polémicos es el relativo al régimen sancionador, que fue muy cuestionado por letrados de las Cortes en el informe técnico al texto aprobado en la Comisión de Reglamento y que después fue matizado en el documento final llevado al pleno. Este cuerpo jurídico alertó de que la introducción de sanciones limita «el derecho a la libertad de información» por lo que pidieron valorar «si concurren requisitos para su legitimidad» y, además, señalaron que la falta de precisión en las sanciones puede generar «inseguridad jurídica». Igualmente, cuestionaron que el testimonio de un jefe de prensa, que no es funcionario público y no reúne los requisitos de imparcialidad e independencia, pueda servir para iniciar un procedimiento sancionador

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La norma aprobada este martes, que desarrolla el Reglamento, señala que «toda denuncia de un hecho susceptible de sanción y emitida ante la Dirección de Comunicación, será remitida a la Secretaría General del Congreso para el inicio del procedimiento por acuerdo de la Mesa de la Cámara, que también podría actuar de oficio».

Una vez incoado el procedimiento sancionador, «la Mesa designará a una persona para que realice la instrucción, que deberá ser funcionaria de las Cortes Generales, adscrita al Congreso, con al menos tres años de experiencia profesional». La resolución corresponderá a la Mesa de la Cámara, ahora mismo con mayoría del Gobierno, «que tendrá en cuenta el informe instruido, así como la valoración emitida, en su caso, por el Consejo Consultivo».

Precisamente, la creación y constitución de este Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria es otro de los motivos que ha generado una gran polémica. Este organismo de nueva creación que decidirá si un periodista es sancionado o no, estará compuesto por la Presidencia del Congreso o quien delegue; la Vicepresidencia Segunda o la persona delegada; un miembro de cada grupo parlamentario, que tendrá voto ponderado; dos periodistas designados por la Mesa de la Cámara, a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios; la Secretaría General o la persona delegada; y la responsable de la Dirección de Comunicación o quien delegue.

Derechos fundamentales

Sobre estas dos cuestiones, el Partido Popular ha señalado que PSOE y Sumar «pueden actuar de oficio contra la prensa» y la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha advertido que es un «precedente peligrosísimo» que cercena derechos fundamentales. A su juicio, «el objetivo era dar poderes absolutos a la Mesa del Congreso para decidir qué periodistas preguntan y qué periodistas no».

En cuanto a la movilidad, señala la norma, entre otras cuestiones, que «las entrevistas o peticiones de declaraciones solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada» y «los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado, sea cual sea su condición, lo haya decidido». El PSOE quiso hacer extensiva esta norma a los aledaños del Congreso, la calle, pero tuvo que retirarlo, ya que no puede legislar sobre lo que sucede fuera.

Un punto cuestionado por el PP es el denominado «declaraciones responsables» para periodistas, advirtiendo de que se está «vigilando y controlando sus actividades profesionales y haciendo responsables solidarios a los medios de comunicación por cualquier falta».

Los populares también advierten de que se puede excluir a «medios de forma arbitraria, ya que la credencial podrá ser retirada a medios enteros si se detecta una infracción no atribuible a un periodista concreto, lo que afecta directamente a la pluralidad y diversidad informativa».

Mínimo de diez trabajadores

Finalmente, entre las condiciones para poder acceder a una acreditación, establece que el medio de comunicación tiene que tener una plantilla mínima de diez trabajadores, un dato que debe figurar en la declaración responsable de solicitud. El PP se pregunta que «por qué diez y no ocho o doce» y «en qué informe o recomendación han basado esta decisión». Sobre esta cuestión, apuntan que «por si fuera poco, la propuesta fija que los medios digitales nacionales solo podrán acreditar a ciertas categorías y en ningún caso equipos audiovisuales permanentes, limitando la presencia de nuevas voces y plataformas con formatos emergentes».

La Asociación de Periodistas Parlamentarios, en un comunicado, rechaza estas acusaciones: «No es un ataque a la libertad de prensa ni se vulnera en absoluto nuestro derecho y nuestra obligación de obtener información y transmitirla a la ciudadanía». Este colectivo asegura que lo que hace la norma es «proteger ese derecho y permitir que desarrollemos nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles».