El Senado critica las prisas del Gobierno por tramitar la 'ley Bolaños'

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha remitido el pasado lunes sendas misivas al Gobierno y el Congreso de los Diputados, en las que se queja de las prisas del Ejecutivo y la Cámara Baja por tramitar por la vía de urgencia el polémico proyecto de ley de Información Clasificada con el que el Gobierno quiere enterrar la ley de Secretos Oficiales de 1968.

En ambas cartas, adelantadas por Abc y a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el presidente del Senado esgrime que no ha tenido acceso a toda la documentación del proyecto de ley y recuerda «el pleno derecho que tiene esta Cámara de poder acceder a un expediente que también es del Senado pues, aunque ahora está en el Congreso de los Diputados, es un expediente de Cortes Generales, por el carácter bicameral de la tramitación legislativa».

Además, Rollán incide en que la petición del Senado de tener más tiempo para analizar la denominada ley Bolaños «también se justifica por razón del límite temporal al que está sometida su actividad legislativa que se reduce a veinte días naturales en el caso de
urgencia».

«El Senado necesita disponer de la documentación sobre la fundamentación de la urgencia con suficiente antelación antes de que el proyecto de ley entre en la Cámara, de forma que, cuando éste sea remitido por el Congreso, no se pierdan días de tramitación porque entonces se haya de estudiar la motivación de la urgencia», señala en las misivas.

Rollán reprocha al Ejecutivo que, al negar al Senado la remisión de este expediente en la parte que se solicita referida a la fundamentación de la tramitación urgente, «está de forma directa impidiendo que el Senado pueda ejercer adecuadamente sus funciones constitucionales», pues «obstaculiza» que la Cámara Alta pueda analizar «si concurren las razones de tal urgencia
como establece el artículo 133 de su Reglamento, lo cual solo puede realizar si dispone de los documentos en los que tal urgencia se declara y se motiva».

Asimismo, el presidente del Senado considera que «se lesionan los derechos parlamentarios de los senadores que han de contar con toda la información necesaria» para ejercer la función legislativa. «El acuerdo del Gobierno denegando la documentación al Senado vulnera el principio de lealtad institucional que establece que las distintas administraciones y órganos deben actuar con buena fe, respeto mutuo y colaboración en sus relaciones recíprocas, respetando sus competencias, facilitando información y prestando la asistencia necesaria para el ejercicio de sus funciones y la consecución del interés público», concluye.