La 'trampa' estadística del Gobierno: no baja la criminalidad, solo cambia la metodología

El premio Nobel de Economía Ronald Coase consignó que «si torturas lo suficiente a tus datos, éstos te confesarán lo que quieras». Eso hace el Gobierno de España cuando insiste en que la criminalidad ha descendido. Lo sostiene remitiéndose a datos del Ministerio del Interior, cuyos boletines han sido convenientemente sesgados para arrojar esa conclusión. A finales de 2022, el gabinete de Fernando Grande-Marlaska decidió separar la delincuencia «convencional» de la ciberdelincuencia, de modo que el número total de delitos desciende. Además, se mezclan los delitos leves (que bajan) con los delitos graves (que se disparan).

En 2017, el balance de Interior reportó un total de 2.013.534 infracciones penales. Una cifra que, de manera llamativa, desciende en 2024 hasta las 1.989.271 infracciones. Sin embargo, si se suma la cibercriminalidad (470.388 delitos), el cómputo global asciende a 2.459.659. Es decir, que, utilizando el mismo baremo, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno la criminalidad ha aumentado un 22,16%. Pero no solo es que haya aumentado, sino que los delitos más graves se han disparado.

Entre 2017 y 2024, se han incrementado los asesinatos consumados (de 289 a 348, lo que supone un aumento del 20,4%), los asesinatos en grado de tentativa (de 799 a 1.343, un 68%), las lesiones y riñas tumultuarias (de 18.086 a 29.432, un 62,8%) y secuestros (de 69 a 105, un 52,2%). Pero el crecimiento más destacado es el referente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual: las agresiones sexuales con penetración se han disparado un 275,3%, pasando de 1.387 a 5.206 en tan solo siete años. Pese a todo, el Gobierno utiliza el cambio de metodología, que excluye los ciberdelitos y mezcla los leves con los graves, para blasonar de tener «las calles más seguras» que hace diez años.

El sindicato Una Policía para el Siglo XXI, prescriptor de criminología y representativo de miembros de todos los cuerpos, considera que es «una trampa estadística de manual», ya que «la tasa se calcula sumando todos los delitos y diviéndolos entre la población, y ahí un hurto de diez euros pesa lo mismo que una violación o un asesinato».

«El resultado es grotesco», advierte el sindicato, pues «como los hurtos caen un poco, la tasa global desciende, aunque al mismo tiempo aumenten los delitos que destrozan la vida de las personas: asesinatos, palizas, violaciones, agresiones sexuales. Es decir, la foto oficial dice que estamos más seguros cuando la realidad en la calle es justo la contraria». «La tasa de criminalidad global no mide la inseguridad real, tapa el ascenso de la violencia y convierte en propaganda lo que debería ser un diagnóstico serio».

La proporción de extranjeros

El Gobierno insiste en que la criminalidad baja en un contexto en el que el debate sobre la relación entre inseguridad e inmigración está ganando peso. «España tiene hoy el doble de población migrante que hace 20 años y, sin embargo, la delincuencia está en mínimos históricos», aseveraba este miércoles la ministra de Migraciones, Elma Saiz. La primera parte de la sentencia es cierta: en 2025 hay el doble de residentes con nacionalidad extranjera (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española) que en 2005. Y la segunda, como hemos explicado, está basada en una trampa estadística.

Pero lo que el Ejecutivo no puede esquivar es que el número de condenas entre personas de nacionalidad extranjera es mayor de lo que les correspondería por peso poblacional (14,2% son extranjeros y son el 28% de condenados, según las estadísticas de 2023, con especial relevancia de los nacidos en América, África y seguidos de cerca por europeos de la UE). Este porcentaje se dispara en los delitos sexuales y en los feminicidios: 11 de los 25 asesinatos de mujeres cometidos este año han sido perpetrados por extranjeros (el 44%).

Frente a esto, se argumenta que los inmigrantes están sobrerrepresentados porque son más pobres. El criminólogo Alberto Rodríguez responde que «cerca del 70% de la población mundial es pobre o tiene recursos financieros muy bajos y no por ello hace de la delincuencia su modus vivendi». «La pobreza puede ser un factor de riesgo en los jóvenes porque pueden desarrollar procesos de anomia (la sociedad no les da medios para cumplir sus metas), pero en un país como el nuestro, con sanidad gratuita, educación gratuita, ayudas sociales, etc., es muy difícil que eso se dé», explica.

«Y pensar que determinados delitos como los de naturaleza sexual, secuestros, riñas tumultuarias, lesiones… pueden estar relacionados con tener bajos ingresos económicos es un disparate», abunda Rodríguez, que añade: «La gente con bajos ingresos es gente igual de digna y educada que la que tiene cierto estatus económico. Relacionar delincuencia con pobreza es un error en el que no debemos de caer».

Las cárceles

Otro dato que evidencia que, de un tiempo a esta parte, existe un problema con la inmigración, por masiva y descontrolada, es que cada vez es mayor el porcentaje de presos extranjeros en las cárceles españolas. Cataluña es una de las pocas regiones de toda Europa en la que los presos extranjeros superan a los nacionales: de las 8.594 personas que hay en la cárcel, 4.437 (el 51,83%) son extranjeras. Si consideramos el resto de regiones, los españoles mayores de edad siguen siendo mayoría: el 67,35%.

Otro dato demoledor es que ya hay más presos extranjeros que nacionales entre los menores de 22 años. En la actualidad, hay 1.207 delincuentes jóvenes en las cárceles, de los cuales 535 nacieron en España y 672 (el 55,68%) provienen de otros países.