El Congreso perdona a cierta prensa 'sanchista' al aplicar las normas sin efectos retroactivos

El Congreso de los Diputados va a esquivar las críticas que han surgido desde algunos periodistas de izquierda, e incluso desde la UGT, a los criterios restrictivos que se aprobaron el pasado martes para acreditar a los medios de comunicación, aplicando la norma a los nuevos solicitantes, y no a los que ya están acreditados. Así lo han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias, después de que una disposición destinada a evitar la presencia de periodistas de medios de derecha terminara afectando a algunos de izquierda.

Una de las dudas que sobrevolaban la polémica normativa para reforzar los criterios a la hora de conceder credenciales a los periodistas que cubren la información en el Congreso de los Diputados era si a partir de ahora se iba a hacer tabla rasa con los periodistas y volver a acreditarlos en función de los nuevos parámetros. O, por el contrario, solo se iban a aplicar en el futuro. La decisión no quedó clara en la reunión de la Mesa de la Cámara Baja celebrada la semana pasada.

Tras la reunión de la mesa, que aprobó la instrucción que desarrolla la reforma del Congreso, impulsada por el PSOE y sus socios, se levantaron algunas voces de periodistas de izquierda, como Antonio Maestre, quejándose de que algunos de los requisitos aprobados los dejaban fuera de la cámara. Concretamente, se refería al que establece un mínimo de diez trabajadores en la empresa periodística que quiera acreditar a un periodista.

«Profunda preocupación»

Literalmente, la instrucción señala que «para solicitar la autorización, la dirección o la persona que ejerza la máxima responsabilidad del medio ha de dirigir a la Dirección de Comunicación una carta de presentación en documento corporativo en el que haga constar, además de los datos antedichos, el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, así como estar al corriente del pago de las cuotas correspondientes». Como condición, «para obtener una acreditación, el número mínimo de trabajadores en plantilla del medio ha de ser de diez, dato que debe figurar en la declaración responsable de solicitud».

Este requisito soliviantó al periodista Antonio Maestre que, en un tuit en la red X, afirmó: «De forma paradójica esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre. Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor». Junto a este periodista, la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) mostró su «profunda preocupación» ante la reciente reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre la acreditación de medios de comunicación. El sindicato cree que la nueva normativa «supone un retroceso preocupante para nuestra profesión y amenaza gravemente la pluralidad informativa en el Parlamento».

Uno de los aspectos más polémicos es el requisito de que los medios cuenten con al menos diez trabajadores en plantilla para poder acreditarse. Según la agrupación, esta condición «discrimina claramente a pequeños medios y proyectos autogestionados, impulsados por profesionales independientes con escasos recursos iniciales». En este sentido, advierte de que «los periodistas y fotoperiodistas autónomos van a ser penalizados en su trabajo: años de experiencia, rigor y dedicación quedan invisibilizados por una norma que prioriza únicamente el tamaño y la estructura de los medios». A su juicio, la reforma «castiga a quienes apuestan por proyectos informativos independientes, mientras se deja impune a quienes manipulan o desinforman con el respaldo de medios consolidados».

«Falta de sosiego y reflexión»

Una semana después de la aprobación de la instrucción, entre críticas de que «la ambigüedad» en cuanto a su aplicación es «brutal», según aseguran a este periódico fuentes parlamentarias, desde la Presidencia del Congreso de los Diputados confirman que su aplicación será a partir de las solicitudes de nuevas acreditaciones. Ello supone que los afectados podrán seguir haciendo su trabajo, ya que su acreditación no le será retirada.

Las fuentes parlamentarias consultadas señalan que esta situación es consecuencia del «atropello» con el que se hacen las cosas, sobre todo normativas de este calado que afectan a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión. A los redactores de esta norma, los grupos proponentes y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, les achacan «falta de sosiego y de reflexión». Letrados del Congreso incluso alertaron de la inconstitucionalidad de la misma, sobre todo en el proceso sancionador que se ha aprobado.