Guerra sin cuartel entre los generales de la Sanidad militar por un complemento salarial

La Sanidad militar lleva semanas en un choque sin precedentes entre los miembros de su cúpula. Todo ello debido a un complemento salarial que ha provocado un cruce de escritos entre sus dos principales figuras: el inspector general de Sanidad de la Defensa (Igesan), Juan Antonio Lara, y el director del Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, Francisco Javier Areta, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva.

El inicio del choque entre ambos generales de división médicos se produjo en mayo con una primera consulta de Lara a la Asesoría Jurídica General del ministerio, dirigida en aquel momento por el general auditor Ángel Turienzo. En ella, preguntó sobre la posibilidad de que el personal directivo del hospital militar de Zaragoza, que él mismo dirigió antes antes de ser colocado por Margarita Robles al frente de la Sanidad militar, pudiese renunciar al complemento de dedicación especial (CDE) para percibir el complemento de atención continuada (CAC) «en la modalidad de localizado o presencial».

La petición de Lara suponía, en la práctica, equiparar a los mandos que dirigen el hospital de Zaragoza con las subdirectoras del Gómez Ulla, quienes han seguido pasando consulta asistencial a pacientes por las tardes y en períodos vacacionales. Unas peonadas que superan los 400 euros por día trabajado y que han supuesto unos ingresos extras que se suman a sus respectivos sueldos. En el caso de la subdirectora del centro, la general de brigada Elvira Pelet, de unos 4.000 euros mensuales por una decena de guardias encuadradas en el CAC con el visto bueno de su superior, el mencionado general Areta.

El Igesan recurrió a Turienzo en busca de un soporte legal con el que limitar el número de guardias y consultas del equipo directivo del Gómez Ulla a un máximo de cinco peonadas. O bien, que las subdirectoras de dicho hospital se acogiesen al CDE al que tienen derecho y que por su escalafón les supondría un complemento extra de poco más de 2.000 euros. Sin embargo, el principal asesor jurídico de Robles guardó silencio en un primer momento.

Ante la falta de respuesta de la Asesoría General de la Defensa, el general Lara volvió a enviar a mediados de mayo una segunda consulta idéntica sobre cómo proceder con los citados complementos salariales. El 11 de junio llegó finalmente la respuesta de Turienzo, aunque este último se lavó las manos en un alambicado escrito jurídico, en el que evitó darle la razón al demandante de forma expresa.

El general auditor recordó en primer lugar que el personal médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo en los centros hospitalarios militares que determine Defensa «podrá percibir, además de las retribuciones básicas y complementarias previstas en este reglamento, un complemento de dedicación especial en concepto de atención continuada cuya cuantía, condiciones y requisitos se determinarán por el ministro de Defensa» de turno. Un complemento que es «incompatible» con la percepción del CDE.

«Es la Administración quien, de acuerdo con las funciones que desarrolla el personal militar sanitario, debe determinar el personal que va a recibir dicho complemento y, en su caso, qué complemento de dedicación especial le corresponde. Es la autoridad que asigna los complementos la que tiene potestad discrecional para decantarse por uno u otro tipo de complemento», prosiguió Turienzo, quien indicó en su párrafo de conclusiones que el complemento de dedicación especial, en cualquiera de sus modalidades, «no forma parte del patrimonio retributivo de los interesados, sino que su otorgamiento constituye una facultad discrecional que corresponde, en lo que al presente caso se refiere, por delegación, al Inspector General de Sanidad». Y que sus perceptores, por tanto, no tienen «facultad alguna» a la hora de disponer de dicho complemento «en ningún caso».

Ahora bien, el hecho de que el general auditor incluyese la coletilla «por delegación» supone que el Igesan necesita a priori el aval de su superiora jerárquica, la subsecretaria Adoración Mateos, para cualquier modificación en los complementos salariales. Un asunto espinoso porque supone inmiscuir a la número tres del ministerio en una rivalidad entre generales por una cuita salarial. Para más inri, al tratarse de una materia económica «debe recabarse informe de la Intervención General de la Defensa» que dirige la también general de división María Teresa Gordillo, subrayó Turienzo. Así que habría que implicar a otro alto cargo del departamento.

Informe jurídico de la Inspección de Sanidad

Con dicho escrito sobre la mesa, la jefa del área jurídica de la Inspección General de Sanidad, la coronel Amalia Martínez, elaboró un oficio el 16 de junio (ver su inicio abajo), en el que resumió la situación hasta entonces. Así, señaló que es la Administración la que «debe determinar el personal que va a recibir dicho complemento y, en su caso, qué complemento de dedicación especial le corresponde».

Asimismo, hizo hincapié en que es «la autoridad que asigna los complementos» la que tiene «potestad discrecional para decantarse por uno u otro tipo de complemento, siempre y cuando el afectado reúna las condiciones y requisitos necesarios establecidos normativamente para ello». Y en el caso particular del CAC, la coronel auditor precisó que se trata de un concepto retributivo «singular y exclusivo de quienes reuniendo la condición general y común de ser personal militar médico, reúna unos requisitos propios, que se convierten por las circunstancias singulares que concurren en determinados puestos de trabajo, en condictio sine qua non para su percepción».

«Por todo lo expuesto y de conformidad con la normativa vigente el personal militar que ocupa puestos de trabajo de dirección y gestión en los hospitales militares únicamente podrá percibir el complemento de dedicación especial en su modalidad de especial rendimiento», concluyó Martínez dándole la razón a su superior, el general Lara.

Este último firmó dos días después, el 18 de junio, otro oficio en el que anunció que el personal directivo de los hospitales militares deberá percibir «exclusivamente» el CDE en su concepto de especial rendimiento «a partir del 1 de julio de 2025», dando margen a los directores para «proponer el cobro del porcentaje aplicable al mismo». Por lo tanto, Lara suprimió el CAC para evitar, según fuentes próximas al Igesan, el «uso abusivo» de dicho complemento por parte de la número dos de Areta.

Sin embargo, el director del Gómez Ulla ha planteado objeciones a dicha orden. El 17 de julio, un día después de ascender a general de división -y por tanto ya con los mismos galones que el Igesan-, Areta elevó un informe en el que rebatió los argumentos de Lara. En primer lugar, puso en duda que la iniciativa de este último tuviese el aval de la cúpula de Defensa ya que se pregunta si fue elaborado «como tal por delegación de la Subsecretaría de Defensa (…) aunque así formalmente no lo exprese el oficio remitido».

La «precipitada» resolución del general Lara

Tras ello, Areta constata que la citada resolución del Igesan «modifica exclusivamente la situación retributiva de las oficiales médicos que ocupan los puestos de las dos subdirecciones del HCD que compatibilizan su actividad de gestión con actividad asistencial y por la que perciben hasta ahora un complemento de dedicación especial en su concepto de atención continuada».

En su opinión, la «precitada» resolución del general Lara modifica, por tanto, «el criterio mantenido durante años en cuanto a la retribución complementaria del CDE que ha venido percibiendo determinado personal médico del HCD, sin haberse dado cambio de circunstancias alguno concreto» que justifique el cambio, a su juicio, y «personalizado en cada uno de los puestos referenciados» en su hospital «que motivaban el derecho a percibir el CDE asignado hasta la fecha». Es decir, en las dos subdirectoras que están bajo su mando.

El director del Gómez Ulla plantea, además, la necesidad de elevar primero un informe «sobre el trabajo desempeñado y rendimiento específico de los citados a efectos del cambio de un criterio mantenido durante años». Es más, incide en que «considera oportuno informar, con el debido respecto institucional y en ejercicio de la lealtad debida al Mando», que ambos puestos de las subdirectoras lo ocupan «personal médico cualificado» y que ambas realizan «con plenitud» las funciones directivas y asistenciales que les ha encomendado, «todo ello dentro del más eficaz cumplimiento de los objectivos asistenciales de este Hospital Central de la Defensa, única misión de un hospital, con la mayor eficiencia de los recursos y servicio a las Fuerzas Armadas como ROLE4 y a los ciudadanos a través del convenio con la Comunidad de Madrid».

Por ello, Areta considera que el cumplimiento de los objetivos médicos y compromisos del hospital con sus pacientes permite la «absoluta compatibilidad con las funciones no asistenciales», por lo que los hechos expuestos por el Igesan «parecen no haberse tenido en cuenta atendiendo a los fundamentos expresados en la resolución del 18 de junio de 2025».

Por si no queda claro, el director del Gómez Ulla hace hincapié en que la «justa retribución» del complemento salarial adjudicado a sus subordinadas, «percibido desde hace años por todo el personal médico que ha ocupado los citados puestos» antes que ellas, «demanda una reconsideración de la referida resolución» del general Lara, «toda vez que no han cambiado las condiciones de desempeño de los citados puestos y, por tanto, la posibilidad de percibir las retribuciones aprobadas hasta la fecha». 

«Al no haberse producido alteración alguna en las condiciones objetivas de su desempeño, la aplicación de la citada resolución comportaría una modificación sustancial de sus retribuciones, con un impacto negativo tanto en el ejercicio profesional del personal médico afectado, como en la calidad asistencial y organizativa del centro al tener que suspender las misiones asistenciales que hasta ahora desempeñaban las personas que ocupan los puestos de ambas subdirecciones», señala en su choque con el Igesan.

Por último, Areta propone modificar la resolución de Lara en dos aspectos. Que el CDE en su modalidad de especial rendimiento se cambie para no asignarse «automáticamente» por razón de empleo o antigüedad. En consecuencia, «deberían asignarse a las personas y no a los puestos». Y en segundo lugar, que se cambien las resoluciones administrativas ya que indican «expresamente» que la delegación de competencias para otorgar un complemento salaria se hace «por delegación».

Tras elevar dicho informe, el director del Gómez Ulla ha acatado en el mes de julio la orden del inspector general de la Sanidad militar al limitar las peonadas entre sus subordinadas. Y agosto ha tenido la particularidad de ser un mes de vacaciones con menos actividad asistencial, pero no ha habido ningún escrito posterior al del 17 de julio. Desde la dirección del hospital se critica a Lara por seguir adelante con sus planes tras el posicionamiento de Turienzo a principios de junio. «La ley dice que cuando el asesor general se pronuncia, ya nadie más debe hacer informe. Las peonadas siguen adelante bendecidas por la Dirección General de Personal» del departamento de Robles, aseguran fuentes próximas al director. Así que las espadas siguen en alto.