Ayuso no se acogerá a la quita de la deuda autonómica «por respeto a la verdad»

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que Madrid no se acogerá a la condonación de una parte de la deuda regional por parte del Estado «por responsabilidad y respeto a la verdad». Se trata de una normativa que califica como «ilegal».

Así lo ha anunciado en el primer día de Debate del Estado de la Región, en el que ha criticado que el Gobierno de la nación pretenda con esta quita de la deuda «penalizar a las regiones mejor administradas» ofreciéndoles «una invitación a seguir endeudándose».

«Hay una conexión perversa entre el cupo catalán y la condonación de la deuda: primero, se absorbe una parte importante de la deuda autonómica por parte de la Administración General del Estado, y acto seguido se saca a Cataluña del régimen común con el cupo, de modo que deja de contribuir al sistema de financiación general», ha criticado la presidenta, al asegurar que se trata de una «doble trampa».

En concreto, la dirigente autonómica ha criticado el intento del Gobierno de «dividir» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algo que le ha salido «muy mal». Todo mientras, a su juicio, intentan «acabar con la legítima autonomía fiscal en la Comunidad de Madrid, que pone en evidencia su desastrosa gestión ideológica».

Ayuso considera que esta quita de la deuda es «una trampa para todos los madrileños y para España entera» y ve necesario evaluar y difundir «el coste real y concreto de esta trampa fiscal» para saber «cuántas becas, cuántas plazas de dependencia, cuántos médicos o profesores quedan comprometidos en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid».

Insta a cada grupo político y a cada diputado a que diga «con quién está, a quién defiende y a qué precio» y ha pedido a la sociedad que defienda «lo que es de todos» frente a un Gobierno que apuesta por «una mutación constitucional por la puerta de atrás».

Por ello, ha informado de que el Gobierno regional va a usar «todas las herramientas a su disposición» para que esta normativa, que es «ilegal», engorde «el listado de fracasos de Pedro Sánchez» porque «las deudas se pagan». «Cada madrileño va a deber 483 euros más, mientras que cada catalán va a deber 410 euros menos. ¿Cómo pueden estar provocando además este enfrentamiento entre regiones, obligándonos a rendir cuentas entre nosotras?», se ha preguntado.

Esto se hace, a juicio de Díaz Ayuso, «a espaldas» del Consejo de Política Fiscal y Financiera, «en contra de lo establecido en la Constitución y en las leyes orgánicas que rigen la financiación de las comunidades autónomas» y con menos recursos para Educación, Sanidad o políticas sociales.

Esta condonación supone para la dirigente autonómica «el comienzo del fin de la hacienda nacional» en pro de una «ficticia hacienda catalana» con el objetivo de «servirles en bandeja» lo que necesitan para «el siguiente y definitivo golpe de Estado a los independentistas».

«La condonación de la deuda supone premiar el déficit público, que es lo menos democrático que existe, y lo más insolidario con las nuevas generaciones», ha denunciado, al avisar de que estarán «endeudadas y no tendrán medios para decidir y poner en práctica las políticas que elijan» porque «todo estará comprometido».

Condonación en la región

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá, según sus cálculos, que el Estado asuma un total de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, lo que supone reducir su pasivo un 24%, según detalló Gobierno central en un comunicado.

En total, iba a asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Ya las varias comunidades autónomas gobernadas por el PP trasladaron su rechazo al anteproyecto de ley y avanzaron que iban a dar la «batalla» tanto política como judicial para evitar que la norma salga adelante, aunque algunos ‘barones’ no han especificado si esto supondrá que no se acogerán finalmente.