Sánchez retrasa la crisis de gobierno hasta que se convoquen las elecciones andaluzas

Era el runrún en el mes de julio y es la expectativa de septiembre: cuándo acometerá Pedro Sánchez una remodelación de Gobierno descontada y necesaria, pero que hay que encajar en el calendario para que su objetivo de tomar impulso político perdure en el tiempo. Según desvelan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, la intención del presidente del Gobierno es retrasar la crisis de gobierno hasta que no se convoquen las elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía, habida cuenta de que la principal salida del Consejo de Ministros será la de la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

La idea de Pedro Sánchez siempre ha sido la de prolongar la permanencia de Montero en el Gobierno hasta que el presidente andaluz, Juanma Moreno, disuelva la cámara autonómica y anuncie la cita con las urnas, como publicó este periódico hace meses. Y una de las pistas que apunta en esa dirección, según las fuentes consultadas, ha sido el incremento de la carga de trabajo sobre la número dos del Gobierno al encomendarle Sánchez liderar la comisión anticorrupción. Un movimiento que ha sido interpretado por el PSOE andaluz como una evidencia de que no pretende aterrizar aún en Andalucía para dedicarse en exclusiva a su papel de candidata.

«Venir a Andalucía debería ser su trabajo fundamental y Pedro cada vez le da más trabajo», se quejan desde Sevilla, donde reclaman desde hace meses dedicación exclusiva para el PSOE andaluz, que no acaba de remontar en las encuestas. El cambio en el liderazgo del PSOE andaluz el pasado mes de enero no ha servido de revulsivo electoral respecto a las cifras que dejó su predecesor en el cargo, Juan Espadas. «Bajamos por debajo de Espadas. El PSOE de Andalucía no está en buen momento», dicen. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el Centra, los socialistas obtendrían entre 24 y 26 escaños, frente a los 30 del último fracaso histórico obtenido por Espadas en 2022. Y con un hito cualitativo: es mayor la ventaja del PP sobre el PSOE (19,9) que el propio resultado del PSOE (19,8%). Tras la designación de Montero como candidata, el PSOE andaluz se había fijado como objetivo sacar un escaño más en cada provincia, pero en sus sondeos propios no se llega a ese objetivo «ni de lejos» y Juanma Moreno «mantiene su mayoría absoluta».

La necesidad y virtud de los PGE

Otro de los hándicaps que existe en torno a la figura de Montero es su triple condición de candidata, vicepresidenta y ministra de Hacienda, en la medida en que la responsable de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos pueda asumir el previsible fracaso de las cuentas públicas a las puertas del inicio de la campaña electoral. Además, el temor que existe en la sede de San Vicente es el rumor creciente de un adelanto electoral de las andaluzas a principios de 2026 para aprovechar que el PSOE aún no se ha recuperado demoscópicamente. Sin embargo, en el Palacio de la Moncloa están convencidos de que no hay planes en la Junta de Andalucía de anticipar la llamada a las urnas. Por ello, lejos de sacar precipitadamente a su número dos del Gobierno para evidenciar debilidad y previsión de derrota, Sánchez vuelve a hacer de la necesidad virtud.

Las fuentes gubernamentales citadas por este diario revelan que el presidente estaría contemplando incluir en el proyecto de Presupuestos medidas fiscales beneficiosas para Andalucía, como la deuda histórica, para responsabilizar al PP de la derrota presupuestaria y buscar artillería electoral para su ministra-candidata en el inicio de la campaña electoral. Una forma de «darle la vuelta» a la complicación que entraña que Montero pueda recibir el varapalo parlamentario del fracaso presupuestario al tiempo en que se inicie la contienda electoral.

De hecho, en el PSOE andaluz se malician que Juanma Moreno esté calculando el peor momento posible para los socialistas con un moderado adelanto de las elecciones andaluzas, previstas inicialmente para junio de 2026, con la intención de disolver el parlamento andaluz a finales de año cuando descarrilen las negociaciones de las cuentas públicas en el Congreso y se tumbe el proyecto presupuestario con el debate de totalidad. Algo que suele ocurrir, conforme a los plazos ordinarios, en torno al mes de octubre/noviembre.

Los ministros blindados

La designación de Montero como coordinadora de la comisión interministerial para aplicar el plan estatal de lucha contra la corrupción ha sido interpretada como un movimiento de Pedro Sánchez para señalar a los ministros que están «blindados» de cara a la futura remodelación. En la misma estaría el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el titular de Transformacionales Digital y Función Pública, Óscar López.

Los dirigentes socialistas consultados interpretan que se trata de un «blindaje» de los pocos hombres fuertes que le quedan al presidente del Gobierno en su momento más complicado, tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán y la investigación judicial sobre José Luis Ábalos. Tras el baño de realidad sobre su último secretario de Organización, algunas fuentes gubernamentales atribuyen el retraso de la crisis de Gobierno a un motivo añadido: esperar a que se publiquen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que podrían cercar a otros ministros del Gobierno como el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tanto en la trama de las mascarillas como en el caso de los hidrocarburos, con cuyos integrantes se reunió el expresidente canario para montar una refinería de petróleo en las islas. Lo que según estas fuentes estaría en la mente de Sánchez es retrasar la remodelación del Ejecutivo para, llegado el caso, «no tener que hacer otra en unos meses».