El Gobierno oculta la nacionalidad de los inmigrantes que deporta
Interior arguye posibles perjuicios en las relaciones exteriores para no informar del destino de los expulsados
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). | Europa Press
El secretismo rodea las deportaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez realiza. Entre 2018 y 2024, se ha expulsado a 21.466 inmigrantes ilegales, mandándolos de vuelta a sus países de origen. Sin embargo, el Ejecutivo socialista se niega a especificar la nacionalidad y el destino de los deportados. Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán, y a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
La razón esgrimida en la respuesta es que «dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, el conocimiento de la nacionalidad podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen».
«Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida», abunda la respuesta del Ministerio del Interior a UPN, que había preguntado por «las nacionalidades de las personas sobre las que pesa una orden de expulsión de España entre 2018 y 2024», así como por «cuál es la Comunidad Autónoma de residencia» de las personas sobre las que pesa dicha orden.
Sobre esta última pregunta, lo único que apunta el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska es que «las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional, por lo que no hay comunidades autónomas donde no se tramiten órdenes de expulsión».
El desglose de los deportados por años evidencia una tendencia a la baja. Es decir, que el Gobierno cada vez expulsa a menos inmigrantes, a pesar de que vienen cada vez más. Si en 2018 se ejecutaron 4.181 órdenes de expulsión, en 2024 esta cifra se redujo a 3.031, lo que supone un 27,51% menos en seis años. Durante los años de la pandemia, las cifras alcanzaron mínimos históricos: 1.834 en 2020 y 2.025 en 2021.
Descienden las deportaciones
En total, el Gobierno ha expulsado a 21.466 inmigrantes ilegales, mucho menos que sus predecesores en Moncloa. Durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), fueron expulsados más de 81.000 inmigrantes en situación irregular, unos 60.000 más que los registrados en el mandato de su sucesor socialista. Posteriormente, en los siete años de Mariano Rajoy (2011-2018), fueron deportados alrededor de 47.000 por la misma vía.
El descenso de las expulsiones en los últimos años no solo guarda relación con el parón registrado durante la pandemia, sino también con las cada vez más frecuentes devoluciones en caliente. Este procedimiento, aplicado en frontera, permite el retorno inmediato sin que los inmigrantes accedan a un expediente individualizado ni tengan derecho a interponer recurso judicial.
Motivos de expulsión
Los principales motivos que justifican una orden de expulsión están recogidos en la Ley de Extranjería. En el 70% de los casos, se debe a la permanencia en España sin autorización de residencia, recogido en el artículo 53.1. En torno al 18% de las expulsiones están relacionadas con condenas penales o cumplimiento de penas de cárcel, contempladas en el artículo 57.2 de la misma norma.
En este sentido, el Ministerio del Interior señala en la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este medio que «la legislación vigente exige el cumplimiento de procedimientos estrictos y reglados para la efectiva ejecución de las órdenes de expulsión, por lo que hasta que no queden resueltos trámites como la imposibilidad o dificultad en documentar al ciudadano para ser aceptado por las autoridades de su país de origen; las solicitudes de protección internacional; la negativa de las autoridades del país de origen en aceptar a su súbdito; la falta de autorización judicial en aquellos casos en los que el extranjero cuenta con causas penales pendientes; etc.»
Esos supuestos impiden la ejecución de las órdenes de expulsión. No obstante, señala Interior, «la Comisaría General de Extranjería y Fronteras está en constante actividad para ir resolviendo los trámites antes referidos, y sobre dichos ciudadanos extranjeros, en la mayoría de casos, se adoptan medidas cautelares (internamiento, retirada de pasaporte, presentaciones periódicas, etc.) dirigidas a facilitar su localización».