El Gobierno quiere regular como profesión a los «agentes de igualdad» que vigilan las empresas

El Ministerio de Igualdad ha abierto este lunes una consulta pública previa sobre la propuesta de Ley por la que se regula el ejercicio de la profesión de Agente de Igualdad, así como sus condiciones de acceso y ejercicio. Esta figura tendrá como cometido »el diagnóstico y análisis de situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres; el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas que contribuyan a la reducción y eliminación de esas situaciones; y el asesoramiento a profesionales, empresas, instituciones y administraciones públicas, y otras entidades en la elaboración e implantación de medidas y planes de igualdad».

La figura del Agente de Igualdad lleva existiendo durante años tanto en instituciones públicas como privadas. No obstante, la profesión carece de regulación autónoma, lo que tiene como consecuencia, según la convocatoria de Igualdad, «la falta de concreción de las funciones y competencias inherentes a esta figura, la inexistencia de una formación homogénea y que asegure su calidad, así como la disparidad de perfiles que se exigen a quienes desarrollan esta profesión».

A pesar de la falta de regulación, tal y como admite el gabinete de Ana Redondo con datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público Estatal, en 2024 hasta 273 personas demandaron empleo como Agentes de Igualdad, y 629 personas fueron contratadas como tal, de las cuales solo el 53% tienen estudios universitarios.

La regulación de la profesión promovida por el Ministerio Igualdad mediante un título habilitante pretende «garantizar la profesionalización del sector» dotándolo de «suficientes garantías de calidad» Así las cosas, solo podrán ejercer la profesión quienes cuenten con el título o acrediten la experiencia o formación requerida. Todo ello, con el objetivo de «lograr una mayor eficacia de las políticas de igualdad implementadas en las entidades del ámbito público y privado».

A juicio del Gobierno, no existe una alternativa a la regulación de esta figura, pues ello «redundaría en perpetúa la situación ya existente con respecto a las y los Agentes de Igualdad, y en la desprotección de un interés público esencial: el efectivo derecho a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres». La regulación tendrá rango de ley. Antes de su presentación, la consulta pública estará abierta hasta el próximo día 15 de octubre para involucrar a la ciudadanía, organizaciones y sectores interesados en el proceso legislativo, permitiendo que opinen, aporten ideas o sugieran cambios antes de que la ley sea aprobada.

Ley de paridad

En última instancia, la voluntad del Ministerio de Igualdad es que las empresas, tanto públicas como privadas, cumplan la polémica ley de paridad, que obliga a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres. No sólo en las empresas: también en el Gobierno, los consejos de administración, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Sin embargo, la norma prescribe que «podrá no aplicarse el criterio de representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres, en consonancia con el principio de acción positiva, cuando exista una representación de mujeres superior al 60% que, en todo caso, deberá justificarse».