Anticorrupción reprocha al Gobierno de Chivite las represalias contra el denunciante de Belate
El ente foral señala que el traslado de Lorenzo Serena a una nave industrial tras señalar irregularidades es ilegal
El secretario de la mesa de contratación de la obra de los túneles de Belate, en Navarra, Lorenzo Serena Puig, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' | EP
El secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena, sufrió represalias por advertir de las irregularidades en la adjudicación a la UTE integrada por Acciona y Servinabar. La vida relativamente apacible de este funcionario, con casi 30 años de experiencia en contratos de obra pública, saltó por los aires con el estallido del caso Koldo, con epicentro en Navarra. Para más inri, a los pocos días de la imputación de Santos Cerdán, Serena sufrió «represalias» al ser reubicado en una nave de Landaben lejos de sus compañeros. Así lo acredita un informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En el informe se detalla cómo Lorenzo Serena fue trasladado el 6 de junio, justo tras su declaración en el Senado, en la que admitió que existieron irregularidades procedimentales y de competencia que «invalidan el procedimiento» de adjudicación del túnel de Belate. Cuatro días después, el funcionario remitió un correo a la Oficina Anticorrupción de Navarra advirtiendo de dicha represalia, amparándose en el artículo 36.5 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Anticorrupción se puso en contacto con el Gobierno de María Chivite para pedir explicaciones, y las recibió del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el tío de la presidenta, que aseguró que «el cambio de adscripción obedece exclusivamente a una reorganización administrativa». También argüía que «el Centro de Conservación de Pamplona registra un número significativamente superior de actuaciones en comparación con los otros centros, lo que requiere una mayor disponibilidad y especialización del personal jurídico para atender la demanda existente en el mismo».
Por su parte, Pedro López Vera, el director general de Obras Públicas e Infraestructuras, aseguró que se trató de un «error» al no conocer «la identidad de la persona denunciante», y trasladó sus «disculpas». Sin embargo, la respuesta de la Oficina de Anticorrupción fue contundente. En este sentido, el informe contiene un correo remitido por Edurne Eginoa, la jefa anticorrupción de Navarra, a Pedro López Vera reconviniéndole porque «no cabe disculpa alguna frente a los actos de represalia», que constituyen una «infracción muy grave» de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
«Esa Dirección General [de Obras Públicas e Infraestructuras] conocía perfectamente la condición de denunciante del Secretario de la mesa de contratación, ya que con anterioridad a que yo dictara la Resolución 16/2024, de 2 de mayo, había denunciado los mismos hechos ante el Parlamento de Navarra, publicándose todo ello en los medios de comunicación», sostiene en el informe la Oficina Anticorrupción desmontando las excusas del Ejecutivo navarro.
Una adjudicación irregular
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra ya ha emitido el informe correspondiente a la investigación sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate, una obra vinculada a la sociedad Servinabar en la que participaba el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Una obra que supera los 70 millones de euros y cuya adjudicación recayó sobre la UTE de Acciona y Servinabar, la constructora a la que está vinculado por escritura privada Cerdán. La colección de irregularidades registradas en la mesa de contratación de este macroproyecto llevan a Anticorrupción a concluir que debió ser «anulada». El Gobierno de María Chivite, que había señalado que el caso Belate «no existe», ha reculado y ha admitido irregularidades. THE OBJECTIVE desveló que Chivite se había reunido hasta en cuatro ocasiones en su despacho con Joseba Antxón Alosno Egurola, dueño de Servinabar y socio de Cerdán, antes de este concurso de obra pública.
La Oficina Antifraude no deja lugar a dudas de que la adjudicación de Belate estuvo viciada desde las primeras fases del proceso. La institución foral pone el foco en el desempeño de la mesa de contratación, destacando como determinante un hecho del que informó este diario: en la valoración de los criterios cualitativos, «cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, y este determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás».
Por todo lo expuesto, el Partido Popular de Navarra (PPN) ha solicitado este lunes la dimisión de María Chivite y ha avanzado la posibilidad de llevar los informes de Anticorrupción ante la Fiscalía si no van de oficio. Vox Navarra también ha exigido la dimisión de la presidenta navarra: «Es la máxima responsable de un Gobierno que ha utilizado el dinero de todos los navarros para enriquecer a los suyos».