El Congreso acelera la aplicación a la prensa de las nuevas medidas de restricción

El Congreso de los Diputados ha empezado ya a aplicar las medidas de restricción a los medios de comunicación que cubren la información parlamentaria. La Mesa del Congreso tiene previsto abordar en su reunión de este martes la propuesta de declaración responsable a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que deben firmar los periodistas según lo aprobado en la reforma del Reglamento de la Cámara. Con la firma de este documento se comprometen a cumplir lo establecido en la instrucción aprobada el 2 de septiembre que desarrolla la norma ratificada en julio por el Pleno.

La presidenta socialista de la Cámara Baja, Francina Armengol, acelera esta polémica medida que no solo ha provocado malestar entre el Grupo Popular y Vox, que votaron en contra, sino también entre la UGT y periodistas próximos al Gobierno que a partir de ahora se pueden quedar fuera de la cobertura informativa del Parlamento. No han pasado ni quince días del inicio del curso político y una semana de la celebración del primer pleno cuando la Mesa del Congreso va a dar vía libre a la denominada declaración responsable a la que se va a obligar a firmar a los periodistas que solicitan su acreditación.

No afectará, sin embargo, a los periodistas que ya cuentan con su acreditación, ya que, como aseguraron a este periódico fuentes de la Presidencia de la Cámara, la norma no tendrá carácter retroactivo, sino que se ejecutará «a partir de ahora». El primer paso es la aprobación por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados del texto de la citada declaración.

Los periodistas deberán firmar un texto que, en su primer enunciado, señala que «mediante la presente declaración responsable, manifiesto mi conocimiento de lo establecido en el Reglamento del Congreso y en los criterios de actuación establecidos en el artículo I del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 2 de septiembre de 2025». Asimismo, rubrica «mi compromiso de observar lo establecido en el Reglamento del Congreso y en los criterios de actuación establecidos en el artículo I del acuerdo de la Mesa». Seguidamente, el representante del medio de comunicación tiene que identificarse con su nombre y apellidos, el DNI o pasaporte, el número de teléfono y el correo electrónico; así como el nombre del medio de comunicación representado.

En la denominada declaración responsable se señala que «los datos contenidos en este impreso, que se conservarán en la Secretaría General del Congreso de los Diputados, se recogen en ficheros que podrán ser tratados y cedidos a los centros directivos de la Secretaría General, para el cumplimiento de sus funciones».

Hay que recordar que, con la excusa de que hay algunos periodistas que preguntan sin que los jefes de prensa le den un turno de palabra en las ruedas de prensa, y que abordan a los políticos en los pasillos de la Cámara, la presidenta, Francina Armengol, en connivencia con la mayoría de izquierda y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, elaboró una norma que desarrolla la reforma del Reglamento aprobada en julio.

Uno de los aspectos más polémicos en esta norma es el relativo al régimen sancionador, que fue muy cuestionado por letrados de las Cortes en el informe técnico al texto aprobado en la Comisión de Reglamento y que después fue matizado en el documento final llevado al pleno. Este cuerpo jurídico alertó de que la introducción de sanciones limita «el derecho a la libertad de información» por lo que pidieron valorar «si concurren requisitos para su legitimidad» y, además, señalaron que la falta de precisión en las sanciones puede generar «inseguridad jurídica». Igualmente, cuestionaron que el testimonio de un jefe de prensa, que no es funcionario público y no reúne los requisitos de imparcialidad e independencia, pueda servir para iniciar un procedimiento sancionador