El PP abre la vía jurídica para frenar la «cacicada» de Armengol de vetar enmiendas
Los ‘populares’ presentan un escrito de reclamación ante la Mesa del Congreso, que se analizará este martes

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz | EP / Diego Radamés
El Grupo Parlamentario Popular abre la posibilidad de utilizar la vía jurídica contra la decisión del PSOE y sus socios de vetar sus enmiendas a la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sin una motivación fundada, según el PP. La Mesa de la Cámara Baja, en su reunión de este martes, analizará el escrito de reclamación interpuesto por el PP, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Reglamento de inadmitir sus enmiendas. Las fuentes del PP consultadas por este periódico no dudan en calificar de «cacicada» el veto a sus enmiendas, que el PSOE denomina como «intrusas».
La reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, impulsada por el Grupo Socialista y sus socios de investidura, ha derivado en un enfrentamiento con el Grupo Popular, al que le han vetado una serie de enmiendas alegando que no responden al contenido de la reforma. El Grupo Popular ha decidido dar un primer paso que se materializará este martes, en la reunión de la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol, cuando analicen el escrito de reclamación registrado el pasado día 13 por los populares. Un documento que va contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Reglamento, también presidida por Armengol, de desestimar el escrito de reconsideración con el que el PP pedía que se admitieran sus enmiendas.
Los populares señalan que sentencias del Tribunal Constitucional le dan la razón, ya que «otorgan un amplio margen de flexibilidad al órgano encargado de admitir las enmiendas y únicamente solo cuando sea evidente y manifiesta la desconexión pueden rechazarse». El PP considera una «gravísima violación del derecho de enmienda de los diputados, impidiendo que pudieran ser valoradas, debatidas y votadas en ponencia, comisión y pleno». En el citado escrito de 13 de septiembre, el Grupo Popular pide que se admitan «a trámite todas las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Propuesta de Reforma del Reglamento 410/000005 y las enmiendas numeradas del 20 a 27 de la Propuesta de Reforma del Reglamento 410/000007 por ser perfectamente homogéneas y tener evidente y manifiesta coherencia con las Propuestas de reforma a enmendar, de acuerdo con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional».
En consecuencia, y puesto que «la tramitación de las citadas propuestas de reforma del Reglamento está viciadas en origen por un acuerdo arbitrario de la mayoría de la Mesa de la Comisión de Reglamento, [pide que] se retrotraiga la tramitación de ambas iniciativas al momento en el que tal arbitrariedad se produjo, dejando sin efecto, por adolecer de nulidad, los trámites parlamentarios posteriores al momento de calificación de las enmiendas por la Mesa, convocándose las Ponencias correspondientes al efecto de elaborar los Dictámenes que tras su aprobación por la Comisión habrán de elevarse al Pleno de la Cámara».
Dichas enmiendas vetadas guardaban relación con reglamentar el acto de juramento o promesa de la Constitución para evitar condicionamientos al mismo, que las comisiones mixtas pudiesen ejercer el control al gobierno, que los jueces y magistrados no pudieran ser llamados a comparecer en Comisiones sobre materias que hayan tenido conocimiento en ejercicio de funciones. Igualmente, planteaban objeciones a la «recuperación de sesiones plenarias perdidas por convocatorias electorales», querían abrir la posibilidad de solicitar informes a órganos consultivos en iniciativas de especial relevancia constitucional cuando dicha iniciativa provenga de una proposición de Ley de grupos parlamentarios. Igualmente, querían poner «límites a prórrogas de plazos de enmiendas y plazo para constitución de ponencia», «obligatoriedad de celebrar el debate sobre política general del estado de la Nación todos los años que no haya elecciones» e «impedir enmiendas intrusas».
La justificación de la mayoría de la Mesa -controlada por el PSOE y sus socios de investidura- para inadmitir a trámite fue, según el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Gómez de Celis, que dichas enmiendas «no guardaban conexión material con el objeto de la reforma». Según el escrito del PP, «la Propuesta de reforma del Reglamento (410/000005), en su artículo único, reproducía íntegramente el Reglamento del Congreso», por lo tanto, «nos encontramos ante una iniciativa legislativa que afecta a todo el reglamento». En ningún caso, según el PP, «podía alegar la Mesa de la Comisión que las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Popular carecían de la conexión material u homogeneidad mínima entre la iniciativa legislativa y las enmiendas presentadas».
Los populares advierten de que, «a partir de ahora, los representantes del Grupo Socialista y Sumar ya no solo se conformarán con vetar o bloquear nuestras iniciativas, sino que podrán inadmitir por razones políticas, bajo el manto del argumento de falta de homogeneidad, las enmiendas de este Grupo Parlamentario que no les interesen que se analicen, debatan y voten». Subrayan que «no es un tema menor, afecta al ius in officium parlamentario y a las reglas del juego de esta institución, una nueva contribución a la degradación de la vida parlamentaria a la que nos ha conducido el Gobierno socialista».