Un colectivo feminista exige dejar de priorizar el bajo precio en las pulseras telemáticas

Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han exigido que la protección de las víctimas de violencia de género no dependa del «precio más barato» en contratos públicos.

«Y queremos insistir en la conveniencia de que elementos como estos dispositivos telemáticos, que garantizan la seguridad de miles de víctimas de maltrato, no estuviesen sujetos exclusivamente para su contratación al criterio del ‘precio más barato’, ya que hay otros elementos relativos a la calidad técnica que deben ser considerados», ha asegurado la organización de mujeres.

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press después de que la Fiscalía alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de «múltiples fallos» detectados con las pulseras telemáticas para maltratadores, así como con el prestador del servicio.

Las feministas han expuesto que «este caso ha puesto de manifiesto que el bajo precio no siempre es el elemento a tener en cuenta en una contratación pública» y han recalcado que «las gangas suelen suponer una merma de la calidad».

«Ese criterio, siendo ministra de Igualdad Irene Montero, también pone de manifiesto la falta de solvencia y vigilancia sobre elementos centrales de los contratos que firmaron y que han supuesto que los datos encriptados y las copias de seguridad no fueran accesibles durante el periodo posterior a la finalización del contrato, como es habitual en este tipo de servicios», han apuntado.

Asimismo, la organización ha indicado que el perjuicio para las víctimas es «la consecuencia práctica para los juicios que reclaman contar con información del periodo de vigencia del anterior contrato», circunstancia que «operará en beneficio de los maltratadores, como en su día los errores de la Ley de sólo sí es sí beneficiaron a miles de agresores sexuales».

En este sentido, ha mostrado su deseo de que los «problemas» generados en el traspaso y compra de dispositivos «más baratos» estén «solucionados». Precisamente, la titular de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el dispositivo «funciona correctamente» y que la itinerancia de datos del anterior adjudicatario al actual se solucionó en 2024. «El sistema está funcionando a pleno rendimiento y ellas pueden estar tranquilas porque están protegidas y seguras», ha destacado la ministra.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha defendido que «no es razonable» la pérdida de datos de las pulseras telemáticas para maltratadores y ha indicado que «deberían haberse custodiado de forma adecuada».

«Evidentemente, entendemos que existe una responsabilidad por parte de la Administración a esas mujeres que no han podido acreditar la situación de que se encuentran en una orden de alejamiento, por un fallo casi casi inexplicable, porque que no se haya trasladado los datos que anteriormente había desde el servicio que lo llevaba al siguiente servicio o que se hayan perdido. No es razonable, en ningún caso», ha asegurado la abogada de Themis, Ángela Alemany Rojo, en declaraciones a Europa Press.

Alemany también ha explicado que eran «conscientes» de los «fallos» en estos dispositivos pero que «el manifestarlo de cara a la opinión pública podía perjudicar los intereses de las víctimas, de otras víctimas que estuvieran en la misma situación, porque alertaba de alguna manera a los infractores o a los incumplidores de las medidas de alejamiento, que esas valoraciones no existían».

Igualmente, ha apuntado que los fallos en los dispositivos también se pueden dar por «otras circunstancias». «Pero vamos, el problema también es, como te he comentado, el que se pierdan unas relaciones que deberían haberse custodiado de forma adecuada», ha concluido.

Fiscalía dice que existierom «problemas puntuales»

Por su parte, Fiscalía ha explicado este mismo jueves que hubo «problemas puntuales» debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales. Si bien, ha añadido que «no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo», pero ha recalcado que «el dispositivo funcionaba correctamente».

Además, ha señalado que «la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente» y que los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos.

«En este tiempo, la coordinación entre las distintas fiscalías fue absoluta, lo que permitió detectar el problema de inmediato y ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género», ha subrayado.

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los «fallos técnicos» en las pulseras antimaltrato «no llega al 1%». La ministra ha añadido que fueron «fallos técnicos» que se produjeron «en un contexto en el que la adjudicataria saliente tenía que ceder todos los datos a la adjudicataria entrante», y que «se resolvieron».

El PP pide la dimisión de Redondo

Por otro lado, el PP ha criticado lo sucedido con las pulseras telemáticas, ha exigido que el Gobierno se someta a una «auditoría independiente» y ha pedido la dimisión de Redondo por «irresponsabilidad criminal».

«Exigimos al Senado que realice una auditoría independiente para conocer la dimensión de la gravedad de lo ocurrido y garantizar que no vuelva a ocurrir», ha subrayado la portavoz del PP en el Senado Alicia García, este jueves, en una rueda de prensa en la Cámara Alta.

Asimismo, además de la dimisión de Redondo, ha reclamado su «comparecencia urgente en el Próximo Pleno del Senado para que dé cuenta de su nefasta gestión». «Que responda con claridad cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas, cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno y cómo van a reparar el daño de las mujeres afectadas», ha reclamado.