El Gobierno retrasa hasta noviembre la «pamema» de presentar los Presupuestos

El Gobierno calcula que no será capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado hasta finales de octubre o principios de noviembre. Es el cálculo temporal que hacen fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE tras el esquema fijado por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero durante los trabajos previos para la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos. Hace dos semanas tuvo lugar en el Ministerio de Hacienda la convocatoria con los subsecretarios de todos los ministerios para preparar el pistoletazo de salida a las cuentas públicas. De este encuentro salieron los responsables de los departamentos con dos ideas fundamentales: «No da tiempo» a presentar los PGE antes de finales de octubre y las cuentas públicas son «una pamema» que no recibirán la luz verde.

En esa reunión, Hacienda fijó el calendario para fijar la «envolvente de gasto», la cuantía máxima de gasto de las partidas económicas de cada departamento. Los Ministerios tuvieron hasta el pasado viernes 12 de septiembre para presentar sus peticiones a la Dirección General de Presupuestos y, desde el día 15, se han ido celebrando las reuniones bilaterales de Hacienda con cada departamento. Unos encuentros que están previstos hasta el 24 de este mes. A partir de ahora, Hacienda tendrá que hacer el tradicional encaje de bolillos: sumar todas las partidas, corregir y consolidar para elaborar el «esqueleto» de las cuentas públicas. Después, el texto se remitirá al Consejo de Ministros, y posteriormente al Congreso de los Diputados para la presentación del famoso pendrive presupuestario por parte de la responsable de Hacienda. El plazo ordinario para iniciar la tramitación suele ser septiembre/octubre, pero las fuentes consultadas creen que «se nos va de plazo del mes de octubre» y podría retrasarse hasta noviembre.

Es por este motivo por el que se ha decidido tramitar conjuntamente la senda de estabilidad, que incluye el techo de gasto, junto con los Presupuestos Generales del Estado, por primera vez en la historia. La Ley de Estabilidad presupuestaria establece la obligatoriedad de que el techo de gasto se apruebe con anterioridad a los PGE, pero en Moncloa han ideado un resquicio legal para aprovechar los 30 días desde que es aprobado por el Consejo de Ministros hasta que se vota en el Congreso de los Diputados para presentar las cuentas públicas y hacer coincidir las dos votaciones en el mismo pleno del Congreso. De un lado, ahorrarían tiempo; y del otro, se evitarían así el duro varapalo recibido el año pasado, cuando Junts tumbó el techo de gasto en el mes de julio. En septiembre, el Ejecutivo volvió a presentar la senda de estabilidad pero tuvo que retirarla dos días antes de la votación por falta de apoyos. La debilidad parlamentaria y el alejamiento de los de Puigdemont no ha hecho más que empeorar desde entonces.

La «pamema» o «trampantojo» de los PGE

En el Gobierno son conscientes de que lo más probable es que el día en que se sometan a la votación presupuestaria será un fracaso. Y eso se traslada a los técnicos responsables de la redacción del anteproyecto de Ley. Las fuentes consultadas por este periódico son más escépticas: hablan de los trabajos presupuestarios como una «pamema», un «trampantojo» que nadie confía en que salga adelante. Pese a la formalidad de su presentación, a la que se había comprometido el presidente Pedro Sánchez, ni siquiera en Moncloa confían en que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben. Y aunque el propio Sánchez ha reiterado en varias ocasiones que seguirá adelante la legislatura pese a no lograr los votos para su aprobación, se va extendiendo la sensación en el PSOE de que el fracaso de esa votación podría ser el pistoletazo de salida para una eventual campaña electoral.

Una sensación que existe en los diferentes departamentos ante las cifras que se incluyen en el anteproyecto de ley presupuestaria. Según avanzan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, las cuentas públicas recogerán un 3,5% de incremento de gasto, centrado fundamentalmente en el gasto social, la revalorización de las pensiones, un incremento notable en la partida de vivienda y el incremento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB para cumplir con los compromisos con la OTAN del pasado mes de junio. Una declaración de intenciones con aroma a programa electoral, en la medida en que podría servir de palanca de presión al PP y Junts para responsabilizarles de votar en contra de medidas que benefician a la ciudadanía.

La sospecha del adelanto electoral

Sin embargo, otra declaración de intenciones es que el Gobierno no haya empezado formalmente a negociar con sus socios parlamentarios. Fuentes de ERC y Podemos niegan que se hayan iniciado las conversaciones, al igual que Junts, cuyas citas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fueron encuentros «cordiales» en los que se buscó suavizar las relaciones pero no se habló de Presupuestos, ni de las leyes judiciales que pretendía aprobar el Ejecutivo. Como desveló este periódico, fuentes neoconvergentes dejan claro que el tiempo de los votos de confianza terminó y que los futuros proyectos de Ley del Gobierno no contarán con su apoyo.

Más de lo mismo en Podemos, para los que la guerra en Gaza y las contradicciones del gobierno de coalición sobre la compra venta de armas a Israel han facilitado el endurecimiento del discurso morado en clave electoralista. No en vano la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, viene señalando desde hace semanas que Sánchez está a punto de apretar el botón electoral, como hizo en 2019, cuando la presentación de la enmienda de ERC y el posterior fracaso gubernamental en el debate de totalidad de los Presupuestos sirvió para anunciar un adelanto electoral. Ahora es Junts quien juega en la posición de ERC, mientras Pedro Sánchez -tras dos años sin presentar ni aprobar las cuentas públicas-, parece volver a la casilla de salida.