El Ejército avisa de indemnizaciones millonarias por el embargo de armas a Israel

Las Fuerzas Armadas esperan con preocupación el decreto de embargo de armas a Israel que el Gobierno aprobará el próximo martes, sobre todo la letra pequeña del texto que aclare numerosas dudas que se plantean en los distintos estados mayores de los ejércitos de Tierra y del Aire, así como en la Armada, aunque esta última es la menos perjudicada, según reveló este viernes el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, que dijo que su departamento «no tiene ningún contrato en vigor con Israel» y que «nunca» ha tenido «grandes proyectos» con la Marina israelí.

Los tres ejércitos están viviendo en un segundo plano la elaboración del citado decreto, ya que el peso del mismo ha recaído en Comercio. Los directores generales de Asuntos Económicos de Tierra, Aire y Armada han quedado fueran del foco y a la expectativa del contenido de la decisión del Consejo de Ministros. Tampoco ha habido ningún oficio de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa. «Es la ley del silencio», lamentan fuentes militares a THE OBJECTIVE.

El primer aspecto a dilucidar en el decreto de embargo de armas será si hay excepciones a la exportación e importación de material israelí. Y sobre todo, ver cómo afectará a los contratos que ya están en marcha y si la medida tendrá efectos retroactivos. La ofensiva del Gobierno español contra la compra de material militar a Israel prosiguió este viernes con la cancelación de un contrato suscrito en 2024 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, por un valor de 207.414.102 euros, para la adquisición de un moderno sistema de guiado láser que iría equipado en los nuevos cazas Eurofighter españoles y mejoraría su precisión en el combate.

Ahora, el Ministerio de Defensa deberá buscar alternativas a estos componentes en otros países, o incluso en la industria nacional, para intentar que la cancelación del contrato no repercuta a corto y medio plazo en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas. Precisamente, Rafael fue una de las compañías afectadas por el veto del Gobierno a empresas israelíes en la última edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), que se celebró a mediados del pasado mayo en Madrid.

La cancelación de esta operación se suma a las otras dos efectuadas hace apenas unos días, cuando el Ejecutivo anuló dos contratos de armamento con empresas israelíes valorados en cerca de 1.000 millones de euros. Se trató de dos contratos adjudicados en 2023 y que expiraban a finales del ejercicio actual. El primero de ellos estaba valorado en 287 millones de euros y estaba dirigido a entregar 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2. El segundo proyecto, valorado en 697 millones de euros, era un contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM).

Las citadas fuentes subrayan un detalle de las tres cancelaciones. Cada resolución firmada por el subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el coronel José María Belluga, es de «anulación de la publicación de la adjudicación». Es decir, simplemente ha desaparecido de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pero aún quedan pasos administrativos por adoptar. Y nadie quiere dar un paso en falso. «Es una cortina de humo, la publicación no está del todo anulada», avisan.

El convenio de defensa con EEUU

Además, una de las fuentes recuerda que antes de verano, el director general de Asuntos Económicos del ministerio, el general José Luis Sánchez, instó a sus subordinados en los tres ejércitos a cancelar aquellos contratos suscritos con empresas israelíes, pero sin respaldo normativo no se ha hecho nada desde entonces por temor a futuros pleitos en los tribunales. De ahí que el departamento de Margarita Robles instase a la Dirección General de Armamento a tomar ahora alguna decisión ante las presiones políticas, aunque fuese con la citada «anulación de la publicación» de tres contratos en vigor.

Otro punto de interés es saber si el decreto afectará al convenio bilateral de defensa con Estados Unidos en lo que a tránsito de armamento por territorio nacional se refiere. Podemos ha preguntado en las últimas semanas a Pedro Sánchez «por qué ha dejado fuera» las bases militares estadounidenses de Rota y Morón de su batería de medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Las fuentes consultadas dentro de las Fuerzas Armadas plantean «serias dudas» de que se pueda eliminar este permiso de paso en el texto de embargo de armas a Israel. Asimismo, queda por dilucidar si el embargo bloqueará las compras conjuntas de armamento que España delega en las agencias de contratación de la OTAN para abaratar costes.

Lo que más preocupa en los ejércitos son las «indemnizaciones millonarias» que va a tener que afrontar seguramente el Estado con esta decisión, sobre todo con los contratos que ya estaban firmados y se estaban ejecutando. Al pago de lo ya recibido se unirán «los perjuicios ocasionados» por la cancelación, que las fuentes militares coinciden en cifrar «en cientos de millones de euros» pues dan por hecho que las empresas afectadas «van a dar guerra».