La cita previa obligatoria colapsa los trámites en Seguridad Social, Interior y Justicia
Afecta a prestaciones sociales, pensiones, permisos de residencia, expedición de DNI y pasaporte
Pantalla de cita en Correos. | Europa Press
La cita previa obligatoria, nacida al amparo de las medidas excepcionales durante la pandemia, tiene colapsados servicios principales de la Administración Pública como los que afectan a los ministerios de Seguridad Social, Interior y Justicia. Según ha podido comprobar THE OBJECTIVE de la mano del Ilustre Colegio de los Gestores Administrativos, entre el 15 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025, estos ministerios, junto a los de Educación y Hacienda, registraron la imposibilidad manifiesta de obtener cita previa para al menos uno de los trámites evaluados. Más del 80 % de los trámites analizados (un total de 25) carecieron de cita en algún momento entre julio de 2024 y junio de 2025.
Se trata de trámites de extraordinaria importancia, como los relacionados con prestaciones sociales, pensiones, permisos de residencia, expedición de DNI y pasaporte, así como los vinculados a la gestión de vehículos en la Jefatura de Tráfico, siendo estos los más afectados.
Además -señala la evolución anual que hace la institución que preside Fernando Santiago Ollero-, esta falta de disponibilidad se ha manifestado con mayor frecuencia en grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona, donde la elevada demanda, unida a la falta de refuerzo de recursos humanos y técnicos, provocó episodios de inaccesibilidad prolongada.
El DNI y las pensiones
Con un informe jurídico como sostén legal y con la adhesión de más de 30 instituciones a favor de la campaña de los Gestores Administrativos, que exige el fin de la cita previa obligatoria en la Administración Pública, el análisis temporal desagregado de estos profesionales ha identificado no solo los trámites más afectados en términos de tiempos de espera y disponibilidad, sino también aquellos momentos del año en los que las dificultades se intensifican.
En primer lugar, se constata que trámites como la expedición del documento nacional de identidad (DNI), las gestiones de extranjería y las solicitudes de pensiones no contributivas son los más sensibles a picos de saturación. Por ejemplo, en julio de 2024, la expedición del DNI alcanzó una espera máxima de 36 días, mientras que los trámites de extranjería superaron en varios casos las cuatro semanas de espera durante los meses de otoño. En segundo lugar, se aprecia una clara estacionalidad en los niveles de accesibilidad. Los meses de verano (julio-agosto) y finales de año (noviembre-diciembre) concentran los tiempos de espera más elevados, lo cual coincide con periodos vacacionales del personal funcionario y un aumento de la demanda en determinados servicios, especialmente aquellos relacionados con movilidad internacional y renovación de documentos personales.
Cabe señalar que en los trámites educativos vinculados a la expedición de títulos o acreditaciones, las demoras fueron más contenidas, salvo picos en mayo y junio, coincidiendo con la finalización del curso académico y la solicitud de plazas.
Por el contrario, trámites de catastro, certificados digitales o procedimientos internos del Ministerio de Hacienda mostraron mayor estabilidad tanto en disponibilidad como en plazos de atención, aunque con un ligero repunte en febrero de 2025.
Derecho a una atención pública digna
En opinión de Fernando Santiago, «la cita previa, que se impulsó como medida de emergencia sanitaria, ha acabado consolidándose como una barrera estructural que impide a miles de ciudadanos ejercer su derecho a ser atendidos presencialmente por la Administración Pública».
Así -reflexiona Santiago Ollero-, «lo que debía ser una herramienta de orden y eficiencia, se ha transformado en un filtro excluyente sin base legal suficiente. Por eso -señala-, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos lanza el Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, acompañado de un informe que demuestra con datos el colapso del sistema actual y llama a una movilización general para exigir una atención pública digna, cercana y accesible».
La situación -apunta el presidente de los Gestores Administrativos- no solo es insostenible desde un punto de vista organizativo, sino que choca frontalmente con lo establecido por la ley. El artículo 14.1 de la Ley 39/2015 «reconoce el derecho de las personas físicas a elegir cómo se relacionan con la Administración: de forma electrónica o presencial. Y la imposibilidad real de acceder físicamente a una oficina pública, salvo que se disponga de una cita previa, muchas veces inaccesible, convierte este derecho en papel mojado». «Para muchas personas mayores, migrantes o ciudadanos con menor acceso a medios digitales, esa barrera es simplemente insalvable. De modo que la cita previa, lejos de ser una herramienta útil, se ha convertido en un mecanismo de exclusión».
Por este motivo, concluye Fernando Santiago, los Gestores Administrativos han impulsado una campaña que busca sumar apoyos entre entidades sociales, profesionales, asociaciones ciudadanas y personas particulares, con el objetivo de «recuperar un modelo de atención presencial que funcione y que respete el principio de legalidad, sin eliminar la cita previa como opción, pero devolviéndole su carácter original de instrumento complementario, no excluyente».