Díaz se queda sola ante la ley migratoria de Junts frente a los antirracistas y Podemos
Podemos refuerza su conexión con los colectivos de la izquierda radical y Sumar está cada vez más más cerca del PSOE

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados | Europa Press
Los colectivos antirracistas activos en el ámbito de la izquierda se alinean con Podemos en su crítica al pacto migratorio de PSOE y Junts per Catalunya, que el Congreso ha rechazado este martes. Muchos de los grupos, concretamente aquellos que promueven la «regularización» de miles de migrantes, sostienen -como Podemos- que la ley de competencia migratoria propuesta por el partido de Carles Puigdemont es «racista». La tensión ha llegado al seno de Sumar, donde Yolanda Díaz se ha decantado por respaldar la iniciativa, llegando a un choque con diputados de su propia coalición (Compromís y Chunta Aragonesista). Podemos, en cambio, se ha decantado desde el principio por el no: «No extenderemos la agenda del odio», afirmó Ione Belarra. El respaldo de los colectivos antirracistas explica la contundencia de Podemos y refuerza su conexión en un ámbito estratégico de la izquierda radical.
Este martes el Congreso de los Diputados rechazó la proposición de ley de Junts y PSOE para delegar competencias de inmigración a la Generalitat. Podemos, como había anunciado previamente, se decantó por el no, respaldado por los movimientos y colectivos antirracistas críticos con esta iniciativa que plantea, entre otras cosas, reforzar los controles policiales a través de los Mossos de Esquadra. Para Podemos, así como para los colectivos de la sociedad civil críticos con la ley, esta iniciativa es «racista», mientras que la plana mayor de Sumar pidió «rigor» y no emplear ese término. El ministro de Cultura Ernest Urtasun reprochó que se empleara la palabra «racista», pidió a esos críticos señalar cuáles de los 13 puntos de la ley serían xenófobos y habló de aplicar «rigor» al hablar de una medida que para el Gobierno es estratégica en las relaciones con Junts.
Puigdemont y su grupo político impulsaron esta medida para frenar el ascenso de la Aliança Catalana de Silvia Orriols, logrando así una nueva competencia para la Generalitat. El área socialista del Gobierno respaldó la propuesta, con la esperanza de facilitar el apoyo presupuestario de los de Puigdemont. Pero finalmente la medida fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de Podemos, PP, UPN y Vox, además de dos diputados de Sumar.
Urtasun ataca a los críticos
El diputado de Compromis Alberto Ibáñez avisó internamente de que su intención era rechazar la propuesta de Junts. La cuestión, sostiene Ibáñez, tiene que ver con la idea central de la ley, que asocia inmigración con inseguridad. Bajo esa asociación teórica, en opinión del diputado valenciano, no se dan las condiciones para su aprobación. La Chunta Aragonesista llegó a la misma conclusión, mientras que Izquierda Unida estuvo días titubeando. Sumar intentó evitar que se rompiera el grupo parlamentario, aunque finalmente la coalición de Yolanda Díaz tuvo que permitir a sus diputados votar en conciencia.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, intentó apagar el incendio afirmando que con el rechazo de Podemos ya no era necesario que el grupo de Díaz votara de forma compacta. Pero el resultado final de la votación, con 177 votos en contra frente a los 173 a favor de la ley de Junts revela otro agujero en el bloque de la investidura, con Podemos cada vez más protagonista y Sumar incapaz de resolver internamente su conflicto.
Podemos puede celebrar así otra «victoria». Después de liderar las protestas que llevaron a la interrupción de la Vuelta a España 2026, y que acerca el partido de Belarra e Irene Montero a los colectivos a favor de Palestina, ahora pueden también presumir de una conexión reforzada con los grupos favorables a la inmigración y a su regularización. Podemos lanza, además, un aviso al Ejecutivo de cara a los presupuestos: por un lado, aleja tácticamente a Junts del bloque de investidura, y en segundo lugar reitera su posición crítica con el Gobierno, al que tilda de «incoherente».
Podemos puede también dirigirse como referente de los colectivos que se definen como antirracistas y que han criticado duramente la propuesta de Junts. El grupo Regularización Ya, por ejemplo, que engloba a 900 grupos promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización masiva de miles de migrantes en situación administrativa irregular, cuestionó con fuerza la ley de Junts. Sostuvo que con esta propuesta se reforzarían los dispositivos policiales con unos 20.000 agentes de los Mossos, que incrementarían los controles y detenciones de migrantes. Y rechazó la idea de que la Generalitat gestionara los CIE, puesto que en opinión de este sector se trata de estructuras de segregación. Podemos coincide con esta lectura, mientras que Sumar, al respaldar la iniciativa, se queda en un limbo entre los sectores más activos de la izquierda radical y una postura de facto parecida a la del PSOE.
Podemos se refuerza
La presión que han ejercido estos colectivos dentro de los partidos de la izquierda ha sido determinante, según fuentes de este espacio, para que Sumar se rompiera en dos y que Podemos llegara hasta el final en su rechazo de la ley de Junts. IU, por su parte, volvió a demostrar cierto caos interno. En un primer momento, el partido de Antonio Maíllo se decantó por apoyar la ley de Junts en el Congreso, aunque su plan pasaba, según afirmó Enrique Santiago, por modificar después el preámbulo del texto normativo, en el que detectaban reflexiones xenófobas. Después, el partido dejó entender que sus cinco diputados adscritos al grupo de Sumar podían desmarcarse de las directrices de Díaz, aunque finalmente recularon y acabaron votando a favor de la ley.
Podemos se vuelve a erigir en definitiva como partido de referencia para los colectivos más radicales y activos en su segmento político, empujando una vez más a Yolanda Díaz hacia posturas de corte socialista. Para los morados, la conexión con estos sectores de la sociedad civil es esencial para generar una red de apoyos de cara a un ciclo electoral que, según afirman, podría abrirse más pronto que tarde. Belarra dijo antes del verano de que Sánchez quiere perder la votación de los Presupuestos para tener la excusa para convocar un adelanto electoral. Y lo cierto es que en Sumar empiezan a oírse voces que llegan a la misma conclusión.