Las feministas avisaron al Gobierno en junio de 2024 de los fallos en las pulseras antimaltrato
Una asociación feminista que asiste a víctimas asegura que Igualdad «conocía perfectamente lo que pasaba con Cometa»
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. | Europa Press
Fueron numerosas las voces que alertaron al Ministerio de Igualdad de los fallos en los dispositivos de localización de agresores e investigados por violencia machista, las llamadas pulseras antimaltrato, pero el gabinete de Ana Redondo hizo caso omiso. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no sólo recibió una alerta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a comienzos de 2025, sino que antes, a mediados de 2024, había sido advertida por La Volaera, asociación feminista de Granada que asiste a mujeres que han sido víctimas de maltrato y que trabaja en la prevención desde la cultura.
Sucedió el 13 de junio de 2024, cuando se celebró en el ministerio una mesa de trabajo para la preparación de un informe titulado La realidad práctica de las órdenes de alejamiento en el contexto de la violencia de género, en el que se expusieron los numerosos fallos del sistema. En esta reunión estuvieron presentes tres abogadas de la asociación Mujeres Juristas Themis, a la que se confió la redacción del documento, así como miembros del gabinete de Igualdad, de la judicatura y del centro Cometa. Ahí se advirtió de los problemas que estaban sufriendo las mujeres que portaban estas pulseras.
Así lo ha revelado María Martín Romero, presidenta de La Volaera y víctima de violencia machista, que también estuvo presente en aquel encuentro, a El Común. «El Ministerio conocía perfectamente lo que estaba pasando con Cometa», confirma en conversación con THE OBJECTIVE. «Allí conté cómo los maltratadores usaban la pulsera para maltratar a la víctima. Yo he tratado con víctimas que han tenido que quitársela, que devolverla, porque se había convertido en un instrumento de tortura, de revictimización», relata a este medio, y añade: «También se habló de cómo los dispositivos dejaban de funcionar en zonas rurales por falta de cobertura».
Martín Romero pone nombres y apellidos a las presentes, y les insta a negar lo que relata: Laura Piñuela Rubio, subdirectora general adjunta de coordinación interinstitucional en Violencia de Género; Rosa María Casasús Figueroa, coordinadora del Centro Cometa; Cira García Domínguez, magistrada del juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Getafe; Lucía Ruano Rodríguez, exmagistrada del juzgado de Violencia número 2 de Madrid; María Luisa Ordoñez de Barraicua, adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer; y Ana Carolina Parejo Mesa, fiscala decana de la sección territorial de Linares y responsable de Violencia de Género.
La testigo asegura que el Ministerio de Igualdad encomendó un informe a la asociación de Mujeres Juristas Themis sobre esta cuestión con el objetivo de «subsanar todo». La entidad, a consulta de este medio, confirma la reunión, pero asegura que fue esta misma la que «propuso la realización de un estudio sobre las medidas de alejamiento, que abarcaba diversos aspectos relacionados con dichas medidas y con el delito de quebrantamiento». Pese a que este informe fue remitido a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, jamás vio la luz, lo que ha soliviantado a las feministas.
Estas solicitan la dimisión de Ana Redondo, que ha anunciado un nuevo contrato que se licitará en unos meses para adquirir pulseras con «una serie de mejoras técnicas» para dejar atrás el «problema» ocurrido en 2024, pero ha presumido de que el «problema» no ha causado muertes. «Es de un cinismo insoportable que diga que no ha habido muertes», denuncia Martín Romero, que considera que «más allá de que eso es cuestionable, ¿el sufrimiento sólo se mide en asesinatos?»: «¿Y el día a día de las víctimas? ¿Ese miedo atroz que enferma? El miedo enferma y deja secuelas a las víctimas. Yo misma estoy con un andador a los 58 años».
La asociación La Volaera, que trabaja por la igualdad y con víctimas de violencia machista desde hace más de 20 años, denuncia que «las instituciones sólo nos quieren a las víctimas para sacarse la foto». También pide una reevaluación de la Ley de Violencia de Género (2004) y de la Ley de Igualdad. «Están obsoletas. No se han evaluado jamás y sin una evaluación no sabes si funciona. Nosotras no somos burócratas, tratamos con la realidad de la víctima y su dolor. No tenemos miedo a denunciar los fallos en el sistema, independientemente de quien los cometa», abunda, y remacha: «La violencia machista se ha convertido en un negocio y hay una red clientelar brutal».
A las denuncias de las feministas, que se remontan a junio de 2024, se suman las cartas que el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial envió en enero y febrero de 2025 a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en las que advertía de «incidencias» en las pulseras antimaltrato. Pese a estas advertencias, el Gobierno no ha reaccionado hasta que se ha destapado el escándalo, y Redondo ha anunciado un nuevo contrato que se licitará en unos meses para adquirir pulseras con «una serie de mejoras técnicas» para corregir el «problema».